1976–2025: El golpe económico que nunca terminó

A cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria sigue siendo un campo en disputa. No se trata únicamente de recordar el horror de la represión sistemática, sino de comprender su función dentro de un proyecto económico que reconfiguró estructuralmente al país y que, con distintas formas y actualizaciones, aún persiste. La dictadura no fue solo un régimen de terror: fue también el punto de partida de un modelo cuyas continuidades explican, en buena medida, el presente argentino.

Esa dimensión fue señalada con precisión por Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar. Junto a la denuncia de las desapariciones, Walsh describió el programa económico que las hacía posibles. El plan implementado por José Alfredo Martínez de Hoz —miembro de la familia fundadora de la Sociedad Rural y presidente de ACINDAR en 1975— inauguró una matriz que marcaría las décadas siguientes: endeudamiento externo acelerado, apertura comercial, desarticulación del aparato productivo, concentración del ingreso y predominio de la valorización financiera sobre la producción.

Un reordenamiento global

El contexto no era exclusivamente argentino. A mediados de los años setenta, el ciclo expansivo de la posguerra había llegado a su límite. La crisis del petróleo de 1973 y la caída de la tasa de ganancia en las economías centrales impulsaron un reordenamiento global del capitalismo cuyo objetivo era disciplinar al trabajo organizado, reducir costos laborales y restaurar la rentabilidad del capital. La llegada de Margaret Thatcher al gobierno británico en 1979 y de Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos en 1981 cristalizaron ese giro. El desmantelamiento del sindicato de controladores aéreos estadounidenses por Reagan y la derrota del sindicato de mineros británicos bajo Thatcher no fueron episodios aislados: fueron señales estratégicas al mundo sobre las nuevas reglas del orden económico. América Latina, y la Argentina en particular, se convirtieron en territorios de experimentación privilegiada de ese paradigma.

^{José Alfredo Martínez de Hoz y Jorge Rafael Videla, arquitectos del genocidio económico y social de la Argentina durante la dictadura}

Los doce puntos de Martínez de Hoz

A pocos días del golpe, Martínez de Hoz presentó los "doce puntos fundamentales" del programa económico. Sus ejes eran reconocibles: libertad de precios, apertura del comercio exterior, eliminación de retenciones a las exportaciones agropecuarias, liberalización de los mercados cambiarios y financieros, privatización de empresas públicas y reducción del gasto estatal. En el primer año de la dictadura, el salario real cayó un cuarenta por ciento. La participación de los trabajadores en el ingreso nacional descendió del cuarenta y cinco al veintisiete por ciento entre 1974 y 1983. La deuda externa pasó de aproximadamente ocho mil millones de dólares en 1975 a más de cuarenta y cinco mil millones al fin del período dictatorial. El FMI, que había negado un préstamo al gobierno de Isabel Perón meses antes del golpe, desembolsó ciento veintiséis millones de dólares a días de iniciada la dictadura.

Los efectos estructurales fueron de largo alcance. La apertura económica profundizó la desindustrialización, con una caída del diez por ciento en el empleo asalariado industrial entre 1974 y 1985. El encarecimiento del crédito y la liberalización de los alquileres agravaron el déficit habitacional. La investigación impulsada por Alejandro Olmos sobre el proceso de endeudamiento concluyó en el año 2000 con un fallo del juez Jorge Ballesteros que identificó casi quinientas irregularidades y calificó la deuda externa de ilegítima, fraudulenta e inmoral. Ningún gobierno posterior, incluidos los de orientación progresista, cuestionó ese mecanismo de condicionamiento.

La secuencia que no se interrumpió

La secuencia que siguió no hizo más que reproducir esa lógica. En los años noventa, el menemismo avanzó sobre el mismo esquema bajo consignas de "modernización", "flexibilización" y "revolución productiva". Los derechos laborales conquistados fueron presentados como privilegios anacrónicos que obstruían la competitividad. La precarización del empleo, el debilitamiento de la negociación colectiva y la privatización de activos públicos se justificaron en nombre del ingreso al "Primer Mundo". A fines de esa década, la desocupación superaba el dieciocho por ciento y el entramado productivo estaba profundamente erosionado. En 2001, el modelo mostró sus límites con una crisis que combinó cesación de pagos, colapso bancario y ruptura de la legitimidad institucional.

El ciclo se reiteró en 2018, cuando la Argentina contrató con el Fondo Monetario Internacional el préstamo más grande de su historia, por más de cuarenta y cinco mil millones de dólares. Los resultados siguieron el patrón conocido: aumento de la desigualdad, fragilidad del mercado interno y pérdida de capacidad estatal para orientar el desarrollo.

Milei radicaliza el modelo

El gobierno de Javier Milei no inaugura ese recorrido, lo radicaliza. Sus puntos de contacto con el programa de 1976 son evidentes: eliminación de retenciones agropecuarias, apertura irrestricta de importaciones, desregulación financiera, reducción del gasto público y debilitamiento del Estado social. Lo que distingue al ciclo actual es la explicitación ideológica de lo que antes se presentaba con eufemismos técnicos. La "modernización laboral" que aprobo el Ejecutivo no propone una adaptación productiva: propone una inversión conceptual completa de la relación laboral. El trabajo deja de ser un derecho social protegido para convertirse en una variable de ajuste; los derechos laborales dejan de ser garantías y pasan a ser costos a administrar o diferir. La técnica no es la derogación abierta, sino el vaciamiento funcional: la jornada limitada subsiste, pero se neutraliza mediante bancos de horas; la indemnización se reduce, promedia o sustituye; la protección contra el despido se licúa por vía contractual.

La CGT como límite histórico

Frente a ese avance, la CGT protagonizó en diciembre de 2025 una movilización de alcance nacional, la tercera huelga general en menos de dos años de gestión libertaria. La central obrera no actúa como un gesto testimonial: encarna una continuidad histórica que resistió la dictadura, el neoliberalismo de los noventa y las restauraciones conservadoras posteriores. Su densidad organizativa sigue siendo, pese al desgaste acumulado, el principal límite al desplazamiento definitivo de la correlación de fuerzas a favor del capital.

La disputa que no cierra

La discusión de fondo no ha cambiado en cincuenta años. Qué modelo de país se construye, quiénes se benefician de él y cuáles son las condiciones políticas necesarias para sostenerlo. La reforma laboral aprobada y puesta en marcha por este gobierno  no busca corregir desajustes ni modernizar la producción: apunta a completar, por vía legislativa y jurídica, una transformación que comenzó hace casi medio siglo en el plano cultural y organizativo. En ese conflicto se juega algo más que salarios o cláusulas contractuales. Se juega si la Argentina conserva un horizonte de justicia social y soberanía productiva, o consiente la disolución definitiva de la tradición que, con sus límites y contradicciones, organizó históricamente la vida de sus mayorías.