Caso Fecovita: Acusan una maniobra para silenciar al abogado Carlos Aguinaga

La investigación judicial que involucra a directivos de Fecovita por presunta estafa y falsificación de balances sumó un nuevo capítulo de tensión. Los implicados avanzaron con acciones civiles contra el abogado de la parte querellante, Carlos Aguinaga, en un movimiento que reconfigura el escenario del conflicto.

Este viernes tendrá lugar el primer round formal de esa disputa: a las 10 de la mañana se realizará la audiencia de mediación convocada por la Justicia. Desde el entorno de Aguinaga interpretan la demanda como un intento de condicionar el desarrollo del proceso penal.

El planteo de los directivos cooperativos se apoya en un supuesto “exceso en el ejercicio de la libertad de expresión” por parte del letrado, tanto en su actuación profesional como en declaraciones públicas vinculadas a la causa. Sin embargo, desde la querella sostienen que la iniciativa trasciende el plano civil y constituye, en los hechos, una maniobra orientada a interferir en la investigación.

En respuesta, Aguinaga, por derecho propio y en representación de la parte querellante, junto a Santiago Pontis Day, presentó un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza. En el marco de la causa que investiga los presuntos balances falsos de la cooperativa, los abogados de Iberte calificaron la acción como un “claro supuesto de entorpecimiento probatorio y obstrucción a la justicia”. Según argumentaron, el objetivo sería “condicionar, disciplinar o desalentar” la actuación del representante legal en los expedientes en curso. En ese contexto, solicitaron la imposición de medidas restrictivas de libertad respecto de los imputados.

Hoy será la audiencia de conciliación

Un conflicto en escalada

Lejos de tratarse de un episodio aislado, los abogados de Iberte sostienen que la denuncia contra Aguinaga se inscribe en un esquema de conductas que se repite desde 2023.

Entre los antecedentes mencionados figuran denuncias penales contra el propio letrado y otros profesionales, que fueron archivadas por inexistencia de delito, así como presentaciones ante el Colegio de Abogados que no prosperaron. A ello se suman emplazamientos notariales en los que se advertía sobre futuras acciones legales, posteriormente concretadas.

El escrito también incorpora una denuncia por extorsión contra representantes de la querella que siguió un derrotero similar, además de presuntas presiones sobre el perito contador de la parte denunciante, José Escandell. Este último episodio derivó en la intervención del tribunal, que dispuso medidas de conducta para garantizar el desempeño del experto sin interferencias.

Para la querella, este conjunto de antecedentes configura un “patrón de comportamiento obstructivo” orientado a dificultar la producción de prueba y a alterar el normal desarrollo del proceso judicial.

En esa línea, Pontis Day afirmó que “los imputados han cometido un acto insólito: atacar al abogado de la parte querellante que interviene en la investigación de los hechos que se les atribuyen”. Además, denunció una conducta reiterada por parte de los directivos de Fecovita que incluiría “ocultamiento sistemático de documentación, hostigamiento a auxiliares de justicia y amenazas de acciones legales”.

Carlos Aguinaga, el abogado de Iberte, ahora quedo en el centro de la escena

Riesgo procesal y pedido de restricciones

Sobre la base de estos elementos, los representantes de Iberte solicitaron la aplicación de medidas restrictivas de libertad contra los imputados, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Penal de Mendoza.

El planteo se sustenta en la existencia de un riesgo procesal que consideran “actual y concreto”, vinculado tanto al eventual entorpecimiento de la investigación como a la reiteración de conductas delictivas.

Entre los argumentos expuestos se menciona la negativa reiterada a aportar documentación relevante, lo que obligó a la Fiscalía a disponer su secuestro en otros expedientes. También se señala la continuidad de prácticas cuestionadas con posterioridad a las imputaciones, como el presunto falseamiento de balances en ejercicios recientes.

Asimismo, la querella advierte sobre el uso de la estructura institucional de Fecovita como pantalla para estrategias defensivas individuales, lo que, según su interpretación, evidencia un conflicto entre los intereses de la entidad y los de sus autoridades.

Entre las medidas solicitadas se incluyen la prohibición de contacto con los representantes de la querella, testigos y peritos; restricciones de acercamiento a las empresas involucradas; la suspensión en el ejercicio de cargos directivos; la imposición de cauciones económicas; y la prohibición de salida del país, ya sea total o sujeta a autorización judicial.

El origen de la disputa

El conflicto tiene su origen en 2021, cuando Iberte y Fecovita constituyeron la sociedad EVISA con el objetivo de exportar vino y mosto. Según la acusación, Iberte realizó aportes por 31,7 millones de dólares, mientras que Fecovita debía transferir activos y proveer producto en consignación.

De acuerdo con la investigación fiscal, esas obligaciones no habrían sido cumplidas. La hipótesis del Ministerio Público sostiene que los directivos de Fecovita simularon la intención de asociarse con el objetivo de captar el capital aportado y, posteriormente, desvincularse sin cumplir las contraprestaciones comprometidas.

Ese esquema habría derivado en el presunto falseamiento de balances para encubrir las irregularidades, lo que dio origen a las causas penales actualmente en trámite.