por Marcelo López Álvarez
En la Argentina actual, hablar de estabilidad económica se parece más a un ejercicio de relato que a una descripción de la realidad. Detrás de algunos indicadores que el Gobierno exhibe como logros, lo que emerge es un esquema frágil, sostenido por factores transitorios y cada vez más expuesto a un contexto internacional adverso.
La economía no está estabilizada: está contenida. Y la diferencia no es semántica, sino estructural.
El problema de fondo es evidente. Mientras el mundo se vuelve más volátil (con conflictos geopolíticos, tensiones en Medio Oriente y una creciente incertidumbre política en Estados Unidos), la Argentina insiste en operar sin un programa macroeconómico consistente. La estrategia parece limitarse a administrar urgencias, sin resolver los desequilibrios estructurales que históricamente condicionan el crecimiento.
El relato oficial celebra una desaceleración inflacionaria que, en los hechos, resulta marginal frente al deterioro acumulado del poder adquisitivo. Una inflación mensual en torno al 3% no es un logro: es un piso elevado que consolida una nominalidad incompatible con cualquier proceso de recuperación sostenida.
Más aún cuando los factores que empujan los precios siguen plenamente activos.
El aumento de los combustibles ,con subas cercanas al 20% y ajustes casi diarios, expone con crudeza la vulnerabilidad del esquema. La reciente intervención sobre los precios, canalizada a través de YPF, no resuelve el problema: apenas lo difiere.
La dinámica es conocida. Cada corrección pendiente se acumula hasta que el sistema vuelve a tensionarse. En Mendoza, con naftas por encima de los 2.000 pesos, la señal es inequívoca: el atraso de precios no desaparece, se traslada.
Mientras tanto, tarifas, educación y servicios continúan ajustando, consolidando una inflación que, anualizada, sigue orbitando niveles cercanos al 40%. Muy lejos de cualquier narrativa de normalización.

El precio de los combustibles presiona fuerte sobre la inflación y las estructura de costos
Si hay un pilar que hoy sostiene la aparente calma cambiaria, no es una decisión estructural del Gobierno, sino el calendario. La liquidación de la cosecha gruesa vuelve a aportar los dólares que la economía necesita para evitar tensiones.
No es un plan: es estacionalidad.
El tipo de cambio contenido no responde a un proceso genuino de acumulación de reservas, sino al ingreso de divisas que permite intervenir sin costos inmediatos. Este fenómeno se ve reforzado por un dato igual de preocupante: la caída de las importaciones, producto de una economía que no crece.
El superávit externo, en este contexto, es más un reflejo de la recesión que de la competitividad.
Incluso el aporte del sector energético (con exportaciones en alza) no alcanza para ocultar la fragilidad del esquema. La pregunta clave no es cuánto ingresará en los próximos meses, sino qué ocurrirá cuando ese flujo se reduzca.
La historia económica argentina ofrece demasiados antecedentes como para ignorar esa dinámica.
El otro frente donde el Gobierno intenta construir una narrativa de recuperación es el crédito. Tras haber colapsado a mínimos históricos, el financiamiento muestra signos de reactivación. Pero el problema no es la cantidad: es la calidad del crédito.
Hoy el crédito no impulsa consumo ni inversión. Sostiene gastos corrientes.
La diferencia es sustancial. No hay expansión económica cuando las familias se endeudan para llegar a fin de mes. Hay, en cambio, un deterioro progresivo de su capacidad financiera.
Los datos son contundentes. La morosidad en tarjetas ronda el 11% en el sistema bancario, pero escala al 23% en el circuito no bancario, donde además las tasas de interés siguen en niveles extremadamente altos, cercanos al 66%.
El sistema empieza a dar señales de alerta. Las propias entidades financieras advierten sobre el riesgo de sobreendeudamiento. No es un dato menor: es el mercado anticipando un problema.
En este contexto de fragilidad económica, emerge otro síntoma: el crecimiento de las estafas financieras.
La combinación de incertidumbre, pérdida de ingresos y necesidad de “salidas rápidas” crea el terreno ideal para la proliferación de fraudes. Redes que utilizan inteligencia artificial para suplantar identidades de economistas y prometer rentabilidades extraordinarias encuentran cada vez más víctimas.
Lo más preocupante no es solo la sofisticación de las maniobras, sino la debilidad del sistema judicial para responder. La falta de herramientas legales eficaces y la lentitud en los procesos permiten que estos esquemas operen con relativa impunidad.
Es, en definitiva, otra expresión de una economía desordenada: cuando el sistema formal no ofrece respuestas, proliferan los atajos informales.
La economía argentina no está en equilibrio. Está en pausa.
Los dólares comerciales, el ingreso de divisas del agro y la contracción de las importaciones funcionan como un andamiaje transitorio que permite sostener cierta calma. Pero nada de eso resuelve los problemas estructurales.
La inflación elevada, el deterioro del salario real, el estrés del crédito y la dependencia de un tipo de cambio administrado siguen marcando los límites del modelo.
El Gobierno, mientras tanto, parece apostar a que el tiempo ordene lo que la gestión no corrige.
Pero la historia reciente muestra que los desequilibrios no desaparecen: se acumulan.
Y cuando finalmente se corrigen, el costo suele ser mucho más alto.