A contrarreloj: Diputados sesiona para reformar la ley de glaciares

La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto sesionar este miércoles a las 15 para debatir la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que ya obtuvo media sanción del Senado el pasado 26 de febrero y que el oficialismo confía en convertir en ley con el respaldo de sus aliados. La sesión especial fue solicitada por los presidentes de los bloques de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, Independencia, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo e Innovación Federal, junto a titulares de comisiones clave y referentes del PRO.

Detrás de la iniciativa se encuentran los gobernadores de cuatro provincias con intereses mineros concretos: Raúl Jalil, de Catamarca; Marcelo Orrego, de San Juan; Gustavo Sáenz, de Salta; y Alfredo Cornejo, de Mendoza, quien preside la provincia con mayor desarrollo minero del país. Los mandatarios impulsaron la reforma ante el Gobierno nacional con un argumento central: la ley vigente representa un obstáculo para atraer inversiones millonarias en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones —el RIGI—, incorporado a la legislación argentina mediante la Ley de Bases sancionada en 2024.

Un paso previo: las comisiones

Antes de llegar al recinto, el oficialismo debe asegurarse el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, previsto para el día anterior a la sesión. Para obtener despacho favorable, La Libertad Avanza y sus aliados necesitan reunir 18 firmas en la primera comisión y 16 en la segunda, un número que, según fuentes parlamentarias, estaría garantizado con el concurso de legisladores radicales, del PRO y de bloques provinciales afines.

La reunión de comisión estará precedida por una instancia informativa con la participación de gobernadores provinciales, y concluirá con la firma de los dictámenes. Este proceso se desarrolla luego de las audiencias públicas celebradas los días 25 y 26 de marzo, en las que expusieron cerca de 200 oradores en forma presencial y otros tantos de manera virtual, de un total de cien mil inscriptos. Esa convocatoria, inédita por su magnitud, fue objeto de críticas por parte de organizaciones ambientalistas y bloques opositores, que cuestionaron tanto los tiempos como las condiciones del proceso.

La aritmética legislativa

El oficialismo maneja con relativo optimismo el cálculo de votos. La Libertad Avanza cuenta con 94 legisladores propios —el presidente de la Cámara, Martín Menem, solo ejerce su voto en casos de empate o mayorías agravadas— y suma el respaldo de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, aproximadamente 21 integrantes de Fuerzas del Cambio —que agrupa a radicales, dirigentes del PRO y la bancada Por Santa Cruz—, 3 legisladores del bloque Independencia, al menos 2 diputados cordobeses y el bonaerense Nicolás Massot.

Con ese mapa, el oficialismo proyecta superar los 129 votos necesarios para abrir la sesión y alcanzar entre 130 y 134 sufragios para sancionar la ley.

La Cámara de Diputados se apresta a sancionar las modificaciones a la Ley de Glaciares

Qué cambia respecto a la norma vigente

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, estableció los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y ordenó la creación del Inventario Nacional de Glaciares, instrumento destinado a identificar y registrar todas las masas de hielo y geoformas periglaciares del país. Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes; el inventario, por su parte, cubre unos 8.400 kilómetros.

El proyecto introduce modificaciones sustanciales en al menos tres planos. En primer lugar, redefine los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que hasta ahora estaban vedadas, en particular en el ambiente periglacial. En segundo lugar, elimina la prohibición automática de actividades extractivas en esas áreas, condicionando la habilitación a la aprobación previa mediante una evaluación de impacto ambiental. Bajo el esquema propuesto, si no se acredita científicamente que un área periglacial cumple una función hídrica relevante, podría quedar disponible para su explotación.

El tercer cambio de fondo implica una redistribución de competencias entre la Nación y las provincias: la iniciativa transfiere a los gobiernos provinciales la facultad de determinar qué zonas merecen protección y cuáles no, reduciendo sensiblemente la potestad del Estado nacional en la materia.

Uno de los argumentos recurrentes entre los impulsores de la reforma es que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra desactualizado. Sus defensores, en cambio, atribuyen esa situación a restricciones presupuestarias sostenidas en el tiempo, y advierten que su obsolescencia no debería ser invocada como justificación para ampliar las fronteras de la actividad extractiva.