Mendoza sirvió ayer en bandeja al gobierno de Javier Milei de concretar la primera privatización que podrá mostrar como hito de su gobierno, la de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa).
El Senado provincial dio sanción definitiva a ley que autoriza la cesión de sus acciones a manos privadas de la empresa especializada en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, generación de energía nuclear y equipos para la industria de hidrocarburos y quedo en el centro del debate político y económico.
En la composición accionaria de IMPSA Mendoza posee un 21,2 % mientras que el 63,7 % está en manos del Estado nacional y las restantes en manos de acreedores y otra parte minoritaria aún en la cartera de la familia Pescarmona.
En julio, las autoridades argentinas y mendocinas anunciaron la necesidad de sanear las cuentas de la empresa, cuya deuda asciende a 500 millones de dólares, como parte de un plan para evitar su quiebra y garantizar la continuidad de sus operaciones. Si bien el número parece elevado la potencialidad de una empresa como IMPSA a nivel mundial y local ubican a la deuda dentro de un rango manejable. Sin embargo para el futuro comprador de la empresa es un componente que le permite bajar ostensiblemente el valor de la oferta. Tanto que el proyecto aprobado por la Legislatura de Mendoza prevé la entrega de las acciones sin cargo a cambio de asumir la deuda de la metalúrgica.
Por ahora el único oferente que trasciende es el de la estadounidense ARC Energy, dedicada a la industria del petróleo, gas y energía nuclear que ha expresado públicamente su interés en adquirir parte de IMPSA. Sin embargo desde el Gobierno de Mendoza sostienen que hay más interesados.
Lo cierto es que el destino de IMPSA y sus 720 empleados sigue siendo un interrogante que debería resolverse en un plazo relativamente corto a juzgar por las intenciones de los gobiernos nacional y provincial.
El avance hacia la privatización de IMPSA ha generado una ola de opiniones cruzadas en el escenario político de Mendoza. Algunos políticos, como Valentín González (La Unión Mendocina), defendieron la decisión de ceder las acciones de la provincia, pero subrayaron que los responsables de esta medida deberían asumir sus consecuencias: “Lo que queremos es que los funcionarios estatistas de este mismo gobierno provincial se hagan cargo de las acciones que toman”, señaló en su cuenta de X (ex Twitter).
Por otro lado, figuras que navegan entre oficialismo y oposición no dudaron en criticar lo que ven como una transformación ideológica forzada. Gabriel Pradines, presidente del PRO en Mendoza, acusó al gobierno provincial de pasar de ser estatistas a privatistas en un breve lapso: “Hoy, se rasgan las vestiduras para ofrendar a Javier Milei la privatización de IMPSA, con el mismo entusiasmo que hace sólo tres años festejaban su estatización”.
De estatistas a privatistas. Breve historia del radicalismo mendocino.
— Gabriel Pradines (@GabrielPradines) September 24, 2024
Hoy, se rasgan las vestiduras para ofrendar a @JMilei la privatización de IMPSA, con el mismo entusiasmo que hace sólo tres años festejan junto a @alferdez y @CFKArgentina su estatización.
Que quede claro:… https://t.co/KkSx5DsMnA
Esta postura fue reforzada por Álvaro Martínez (La Libertad Avanza), quien señaló la aparente contradicción de quienes ayer apoyaban la estatización de IMPSA y hoy promueven su privatización: “Celebramos la decisión de Javier Milei de privatizar IMPSA, pero siempre sostuvimos que la intervención del Estado fue un error”.