
En una Argentina urgida de divisas, el mes de julio se presenta como una oportunidad clave para el Gobierno. La esperada liquidación récord de la cosecha de soja podría ofrecerle al Banco Central un respiro largamente buscado por los mercados, en momentos donde la consistencia de las reservas es vista como una condición ineludible para consolidar la estabilidad macroeconómica.
Las estimaciones del sector indican que durante estas semanas se concentrarán las últimas grandes ventas del año por parte de los productores del principal cultivo del país. Esto se traducirá no solo en dólares frescos para las arcas del Estado, sino también en una mayor recaudación tributaria, de la mano de las retenciones, uno de los instrumentos más polémicos en la relación entre el agro y la política.
Justamente, las retenciones vuelven a colocarse en el centro del debate, esta vez no solo como una disputa con el Gobierno, sino también como un factor de fractura interna en la dirigencia agropecuaria. En la Sociedad Rural Argentina (SRA) —la entidad gremial más emblemática del sector— se perciben diferencias crecientes sobre el modo en que debe canalizarse la postura institucional ante las decisiones oficiales.
El malestar se alimenta de la expectativa generada el año pasado, cuando el presidente Javier Milei prometió eliminar los derechos de exportación. Si bien a comienzos de este año el Gobierno aplicó una reducción temporal por seis meses, al llegar julio el beneficio expiró, y los porcentajes originales fueron restablecidos.
La marcha atrás oficial desató una ola de críticas internas en el agro, que ve en este retroceso una falta de cumplimiento de compromisos asumidos. En particular, se cuestiona el impacto que esta presión fiscal tiene sobre la rentabilidad de los productores y sobre la competitividad del país en los mercados internacionales.
El marco para este nuevo capítulo del vínculo entre el campo y la Casa Rosada será la Exposición Rural de Palermo, que comenzará en pocas semanas y tendrá su acto central el sábado 26 de julio. Allí, como es tradicional, hablarán primero el presidente de la SRA y luego, si se confirma su asistencia, el propio presidente de la Nación.
Para Nicolás Pino, titular de la entidad, será un discurso especialmente complejo. Las voces internas le exigen mayor firmeza en los planteos y una definición clara respecto de las políticas económicas que afectan al sector. Algunos dirigentes esperan que en su intervención “haya más énfasis”, un tono que refleje el creciente malestar entre los productores.
Uno de los referentes más críticos ha sido Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA, quien no dudó en calificar el regreso a los niveles previos de retenciones como “un error”. Según Pereda, “todos sabemos que se trata de un impuesto discriminatorio, confiscatorio y distorsivo”.
El dirigente recordó además que “el año pasado, las cadenas de granos aportaron cerca de 5.350 millones de dólares en retenciones”, una cifra que, en sus palabras, representa un “aporte compulsivo gigantesco que sostiene el superávit fiscal”. Un superávit que, vale decir, es una de las banderas que el Gobierno pretende enarbolar de cara a las elecciones legislativas de octubre.
Los 23 días que restan hasta el acto en Palermo serán también un período de negociaciones internas. La exposición de Pino no será solo una formalidad: se trata de un momento simbólicamente potente, donde se define el tono de la relación con el poder político y, a su vez, se revalidan —o se ponen en cuestión— los liderazgos dentro del sector.
El discurso deberá equilibrar el reclamo sectorial con el difícil contexto que atraviesa el país. La demanda de previsibilidad y alivio fiscal por parte de los productores convive con las necesidades fiscales del Gobierno y con un escenario económico todavía frágil.