por Redacción Mendoza Económico
La administración del Estado de Mendoza cerró con un superávit corriente cercano al 6% de sus recursos, un resultado que, en términos estrictamente contables, consolida un ciclo de ordenamiento fiscal iniciado hace casi una década. Sin embargo, una lectura más rigurosa obliga a matizar el alcance de este logro: el equilibrio no surge de un proceso virtuoso de expansión económica, sino fundamentalmente de un ajuste sostenido en el gasto público en un contexto de debilidad estructural de los ingresos.
El pasaje desde un déficit del 7% en 2015 hacia resultados positivos ininterrumpidos desde 2018 constituye, sin duda, un cambio relevante en la dinámica de las cuentas públicas. No obstante, el informe del Consejo Empresario Mendocino tiende a presentar este proceso como un caso de éxito lineal, omitiendo que la consolidación fiscal se apoyó en una contracción simultánea del Estado y de la actividad económica.
El equilibrio alcanzado, lejos de reflejar una economía más dinámica, parece más asociado a un esquema donde el ajuste compensa la falta de crecimiento sostenido, lo que plantea interrogantes sobre su sustentabilidad real en el mediano plazo.
La reducción del gasto público del 23,1% del PBG en 2015 al 19,6% en 2024 es interpretada en el informe como una señal de eficiencia y liberación de recursos hacia el sector privado. Sin embargo, esta lectura omite un aspecto central: en economías provinciales con bajo dinamismo, la caída del gasto público también puede reflejar una retracción general de la demanda agregada, con impacto directo sobre el nivel de actividad.
En este sentido, la menor participación del Estado no necesariamente implica un fortalecimiento del sector privado, sino que puede estar evidenciando un proceso de estancamiento relativo, donde ninguno de los dos motores logra traccionar el crecimiento.

Alfredo Cornejo, un obsesivo del equilibrio fiscal que no trajo una sola ventaja ni crecimiento para Mendoza
Uno de los datos más críticos (y menos problematizados) es la caída real de los ingresos. Entre 2015 y 2024, los recursos provinciales se redujeron un 16%, mientras que los nacionales cayeron un 13%. Más preocupante aún es la contracción del 20% en la recaudación tributaria local, un indicador directo del nivel de actividad económica.
Este punto resulta central: el superávit no convive con una expansión de recursos, sino con una erosión de la base fiscal, lo que sugiere que el ordenamiento se logró en un contexto de debilidad productiva persistente.
La fuerte dependencia del impuesto sobre Ingresos Brutos, que explica el 80% de la recaudación, expone una estructura impositiva poco diversificada y altamente procíclica. Este esquema no solo amplifica los efectos de las crisis económicas, sino que además distorsiona la actividad productiva, afectando la competitividad.
El leve repunte del 4,3% real en 2025 aparece, en este marco, más como una recuperación coyuntural que como un cambio estructural en la capacidad recaudatoria.
El verdadero motor del superávit ha sido la compresión del gasto corriente, particularmente en la masa salarial. La reducción del peso del gasto en personal del 65% al 40% de los recursos corrientes constituye uno de los pilares del ordenamiento.
Sin embargo, este proceso se apoyó en paritarias a la baja, congelamientos y pérdida del poder adquisitivo, lo que introduce un costo social y económico que el informe no desarrolla. La reciente proyección de un rebote al 44% en 2025 también sugiere que el margen de ajuste comienza a agotarse.
La reducción de la planta estatal —de más de 108.000 empleados a cerca de 102.800— muestra un esfuerzo de contención, pero no necesariamente una reforma estructural del Estado. La estabilidad posterior de la dotación indica que el proceso de ajuste encontró un piso, sin avanzar en mejoras profundas de productividad o calidad del gasto.
El informe sostiene que el superávit permitió reactivar la inversión en infraestructura, elevando el gasto de capital al 11% de los recursos. Sin embargo, este argumento presenta debilidades claras.
En primer lugar, el nivel de inversión sigue siendo insuficiente frente a las necesidades estructurales de la provincia. En segundo lugar, parte significativa de los recursos provino de fondos extraordinarios, como Portezuelo del Viento, lo que limita la capacidad de sostener ese ritmo en el tiempo. Finalmente, no se observa una transformación tangible en la infraestructura económica, lo que relativiza el impacto real de ese aumento.
El punto más crítico del esquema mendocino radica en la coexistencia de equilibrio fiscal con bajo crecimiento económico. Este desacople plantea un interrogante de fondo: ¿es sostenible un modelo basado en el ajuste si no logra expandir su base productiva?
La reducción de la presión tributaria del 7,3% al 6,4% del PBG va en la dirección correcta, pero resulta insuficiente si no se acompaña de un salto en la inversión privada, que hasta ahora no se materializa con la intensidad esperada.
El informe advierte sobre la necesidad de sostener la prudencia fiscal, pero no profundiza en los límites políticos y económicos del ajuste continuo. Con ingresos debilitados y menor margen para seguir recortando gasto, el modelo enfrenta una restricción evidente.
El desafío hacia adelante no pasa únicamente por preservar el superávit, sino por reconfigurar el esquema productivo y tributario. Sin una ampliación de la base económica, el equilibrio fiscal corre el riesgo de transformarse en un objetivo en sí mismo, desconectado del desarrollo.
El caso mendocino muestra que es posible alcanzar disciplina fiscal en un contexto adverso. Sin embargo, también evidencia que el superávit, por sí solo, no garantiza crecimiento ni desarrollo económico.
La clave estará en trascender la lógica del ajuste y avanzar hacia un modelo que combine estabilidad macroeconómica con expansión productiva. De lo contrario, el equilibrio fiscal podría consolidarse como un logro técnico, pero insuficiente para modificar la trayectoria de largo plazo de la provincia.