por Marcelo López Alvarez
El informe elevado al Congreso por la Jefatura de Gabinete de Manuel Adorni que se presentará oficialmente en Diputados ya tine su documento escrito enviado al Congreso y ofrece una radiografía en varios aspectos preocupante sobre la situación de la provincia de Mendoza en materia de infraestructura, energía y desarrollo productivo.
El documento revela un patrón consistente: baja ejecución presupuestaria, paralización de obras estratégicas y una marcada transferencia de responsabilidades hacia la órbita provincial.
En un contexto donde la competitividad regional depende fuertemente de la inversión en logística, agua y energía, los datos oficiales configuran un escenario de incertidumbre para sectores clave como la vitivinicultura, la agroindustria y la industria exportadora.
Uno de los ejes centrales del informe es la infraestructura logística, considerada clave para mejorar la competitividad exportadora de Mendoza. En este punto, el Gobierno nacional destaca intervenciones sobre dos corredores estratégicos:
Sin embargo, el mismo informe introduce un dato crítico: varias de estas obras presentan avances parciales o directamente han sido “neutralizadas”, es decir, detenidas a la espera de redefiniciones contractuales o financieras.
El caso de la RN 40 es emblemático. Mientras algunos tramos muestran avances físicos superiores al 45%, otros sectores clave se encuentran paralizados, lo que limita el impacto real de estas inversiones sobre la logística regional.
El gobierno nacional confirma que las obras viales estan paralizadas en Mendoza
En paralelo, el documento confirma que la línea ferroviaria San Martín, principal conexión de Mendoza con los puertos del Gran Rosario, será objeto de un proceso de privatización en el marco de la Ley Bases.
El esquema prevé la concesión de la infraestructura junto con un plan obligatorio de obras, incluyendo la rehabilitación de tramos clave para mejorar la conexión portuaria. Si bien esta iniciativa podría fortalecer la competitividad a mediano plazo, aún se encuentra en etapa preliminar y sin impacto inmediato sobre el transporte de cargas.
En una provincia atravesada por la crisis hídrica estructural, el estado de las obras de agua resulta especialmente sensible. El informe detalla proyectos relevantes como:
No obstante, la ejecución presupuestaria muestra niveles extremadamente bajos, con casos donde el gasto devengado es nulo o marginal.
Además, el esquema de financiamiento ha sido reformulado: mediante acuerdos recientes, varias obras quedaron bajo responsabilidad de la provincia, mientras que otras continúan con financiamiento nacional pero sin avances significativos.
En materia energética, el informe es contundente: no existen actualmente obras de infraestructura energética financiadas por el Estado nacional en Mendoza.
A esto se suma un elemento institucional clave: la definición de las tarifas eléctricas corresponde a las autoridades provinciales, lo que limita el margen de acción del Gobierno nacional en este aspecto.
Como contrapartida, se mencionan programas generales de eficiencia energética (como líneas de financiamiento del Banco Nación y el Programa de Etiquetado de Viviendas), aunque su impacto estructural sobre el sector productivo aparece acotado.
Uno de los proyectos más relevantes para la integración regional, el Paso Internacional Las Leñas, continúa en una fase embrionaria.
Según el informe, la iniciativa (que contempla la construcción de un túnel binacional con Chile) no cuenta con licitación abierta y se encuentra aún en etapa de estudios de prefactibilidad y diagnóstico geológico.
La falta de avances en esta obra limita una alternativa clave al Paso Cristo Redentor, especialmente en términos de diversificación logística y reducción de costos para el comercio exterior.
El diagnóstico se vuelve más crítico al analizar el desarrollo del sur mendocino. El propio informe reconoce que:
Esto afecta directamente a departamentos como San Rafael, General Alvear y Malargüe, que históricamente han demandado mayor integración y políticas de desarrollo territorial.
El único punto con señales positivas aparece en el sector vitivinícola. El Gobierno nacional destacó la eliminación de las retenciones al vino, que pasaron del 4,5% al 0% en 2025.
Sin embargo, este beneficio no logró revertir la caída en los volúmenes exportados desde Mendoza, que pasaron de 1,93 millones de hectolitros en 2024 a 1,78 millones en 2025.
La política oficial se complementa con un proceso de desregulación y simplificación administrativa, aunque su impacto sobre la competitividad aún es limitado frente a problemas estructurales como costos logísticos y tipo de cambio.
En conjunto, el informe sugiere un cambio de paradigma en la relación entre Nación y provincias. La estrategia actual combina:
Para Mendoza, esto implica un escenario donde el desarrollo dependerá cada vez más de su capacidad de financiamiento propio y articulación institucional, en un contexto de restricciones fiscales y obras estratégicas aún sin ejecución.
La pregunta que queda abierta es si este esquema permitirá sostener (o incluso mejorar) la competitividad de una de las principales economías regionales del país.