Cierre del PEVI: el Gobierno elimina aportes y Coviar anticipa una batalla judicial

El Gobierno nacional formalizó el cierre del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y dispuso el cese inmediato de las contribuciones obligatorias que durante más de dos décadas financiaron a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). La decisión fue adoptada a través de la Resolución 55/2026, firmada por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida pone fin a un esquema creado por la Ley 25.849 en 2003, que establecía aportes obligatorios de todos los actores de la cadena vitivinícola para sostener la ejecución del plan. En paralelo, introduce un cambio de alto impacto institucional en un sector clave para economías regionales como Mendoza y San Juan.

Desde COVIAR anticiparon que la resolución será recurrida judicialmente. Argumentan que, según el marco legal vigente, la finalización del PEVI o la eliminación de los aportes no puede disponerse mediante una resolución administrativa, sino que requiere una decisión del Directorio del organismo o un acuerdo formal con el Poder Ejecutivo.

Un plan estratégico que excedió su horizonte original

El PEVI fue concebido como una política de largo plazo orientada a mejorar la competitividad internacional del vino argentino. Entre sus metas se destacaban alcanzar exportaciones por 2.000 millones de dólares y lograr una participación del 10% en el comercio global hacia 2020.

Para financiar esas acciones, se implementó un sistema de contribuciones obligatorias cuya vigencia estaba atada al propio plan. Sin embargo, tras el vencimiento del plazo original, en 2020 COVIAR avanzó con una reformulación bajo el nombre de “PEVI 2030”, con la intención de extender su continuidad.

Ese proceso, no obstante, nunca fue convalidado formalmente por el Poder Ejecutivo. A pesar de esa falta de validación institucional, el esquema continuó operativo durante más de cinco años, lo que dio lugar a un escenario de creciente ambigüedad jurídica.

La interpretación oficial y el cierre del esquema

La Resolución 55/2026 introduce una definición clave: rechaza la validez de las prórrogas implícitas del plan al considerar que la intervención de organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) o el INTA no sustituye la participación directa de la Secretaría de Agricultura, autoridad de aplicación de la ley.

No obstante, el Gobierno optó por convalidar retroactivamente las actualizaciones realizadas durante ese período, otorgándoles validez formal hasta la entrada en vigencia de la nueva resolución. De esta manera, se regulariza el esquema en términos administrativos y se establece un cierre definitivo del ciclo iniciado en 2003.

Impacto inmediato: fin de aportes y proceso de liquidación

La decisión tiene efectos concretos desde su publicación. En primer lugar, ordena al INV cesar de inmediato la recaudación de las contribuciones obligatorias previstas en la Ley 25.849, así como cualquier otro mecanismo de financiamiento público vinculado al PEVI.

En segundo término, fija un plazo de 90 días para el cierre formal del plan. Durante ese período, COVIAR deberá presentar un informe final con rendición de cuentas, detalle de acciones ejecutadas, evaluación de cumplimiento de objetivos y estado de los recursos administrados, todo con respaldo documental.

Finalmente, se establece que los fondos remanentes deberán ser transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura. La resolución aclara que esta decisión se toma por analogía ante la ausencia de una norma específica que regule el destino de los recursos en un escenario de finalización del plan sin disolución del organismo ejecutor.

Fabian Ruger, presidente de la Coviar

Un nuevo escenario para la vitivinicultura

El cierre del PEVI redefine el marco institucional del sector vitivinícola argentino. Durante más de 20 años, el plan funcionó como una herramienta central de articulación público-privada, con fuerte incidencia en provincias como Mendoza, donde la actividad tiene un peso estructural en la economía regional.

La decisión oficial no incluye, por ahora, un esquema alternativo de planificación estratégica. En ese contexto, la continuidad jurídica de COVIAR, pero sin financiamiento obligatorio, abre interrogantes sobre su capacidad operativa y su rol futuro dentro del sector.

En el corto plazo, el foco estará puesto en el frente judicial que anticipa la entidad y en la eventual redefinición de los mecanismos de coordinación y financiamiento de la política vitivinícola. El cierre del PEVI no solo marca el fin de un instrumento, sino también el inicio de una nueva etapa, aún sin hoja de ruta definida.