Minería argentina: Nación y provincias lanzan un plan conjunto para multiplicar inversiones y exportaciones

San Juan fue,el escenario de un gesto político de envergadura para el sector minero argentino. En el marco de la Expo San Juan Minera 2026, el Gobierno nacional y los gobernadores de Catamarca, Córdoba, Jujuy, Mendoza, San Juan y Santa Fe lanzaron la Mesa Federal Minera, una iniciativa orientada a coordinar políticas públicas entre el Estado y el sector privado para impulsar inversiones en la industria extractiva. El acto, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió además a ministros nacionales, legisladores, representantes empresariales y sindicales vinculados a proyectos de cobre, litio y otros minerales estratégicos.

La Mesa se presenta como un ámbito de articulación estratégica destinado a unificar criterios entre la Nación y las provincias productoras, con el objetivo de generar condiciones jurídicas e institucionales que favorezcan la llegada de capitales internacionales. El diagnóstico compartido por los participantes fue coincidente: la Argentina posee un potencial minero considerable que, por razones históricas y de política económica, no ha sido aprovechado de manera eficiente.

Una comparación que incomoda

Durante su intervención, Karina Milei recurrió a una comparación regional para ilustrar la dimensión del rezago argentino. "Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, doce veces menos", señaló la funcionaria, quien atribuyó esa brecha a "la impericia o a cuestiones ideológicas de gobiernos pasados".

La referencia a Chile no es casual. La política minera chilena se construyó durante décadas sobre la base de marcos regulatorios estables, instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo con el sector privado. Alcanzar siquiera una fracción de ese desarrollo requeriría, según los propios participantes del encuentro, no solo instrumentos jurídicos sino también velocidad en la ejecución y legitimidad social.

El RIGI y la Ley de Glaciares, en el centro del debate

Dos instrumentos concentraron buena parte de los elogios durante el encuentro: el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación de la Ley de Glaciares. Según datos oficiales, el RIGI concentra actualmente proyectos mineros por un total de 42.000 millones de dólares. De ese universo, seis proyectos ya fueron aprobados, lo que representa inversiones comprometidas por más de 7.188 millones de dólares. Las proyecciones del Gobierno estiman que las exportaciones del sector podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, estos avances configuran "un momento bisagra" para el sector. "En los últimos años la Argentina logró tres hitos que posibilitaron este escenario: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la ley de Glaciares", sostuvo. Y precisó que el desafío pendiente es traducir ese marco favorable en empleo concreto para las comunidades.

Cornejo: velocidad y legitimidad social

Entre los gobernadores, la voz del mendocino Alfredo Cornejo aportó una advertencia que mereció atención. Si bien respaldó el proceso en marcha, señaló que existe una "ventana menor de oportunidades" que las provincias deben aprovechar con decisión y sin demoras. "El desafío ahora pasa por acelerar procesos administrativos, aprobaciones e inversiones para que el desarrollo minero pueda traducirse rápidamente en empleo, crecimiento y legitimidad social", afirmó.

Cornejo también puso el acento en la infraestructura como condición necesaria para el crecimiento del sector: líneas eléctricas, caminos, rutas mineras y obras logísticas que habiliten la competitividad de los proyectos. "Necesitamos más rapidez institucional y más coordinación entre Nación y provincias para que los proyectos puedan avanzar", dijo.

Su mención a la legitimidad social no fue menor. En Mendoza, la actividad minera ha sido históricamente objeto de tensión política y resistencia ciudadana. El gobernador fue explícito al respecto: "La legitimidad social también se construye cuando las comunidades perciben empleo, desarrollo y oportunidades reales". Una advertencia implícita de que los acuerdos en las cúpulas no alcanzan si no se acompañan de resultados tangibles en los territorios.

Alfredo Cornejo junto a los gobernadores en la presentación de la Mesa Federal Minera

Una política de Estado en construcción

El ministro del Interior, Diego Santilli, fue más directo en su caracterización del momento. "El Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado", afirmó, y destacó que el año anterior Argentina registró un récord histórico de exportaciones mineras. Santilli valoró además el respaldo de gobernadores de distintas orientaciones políticas como señal de que el consenso alrededor del sector trasciende las diferencias partidarias.

El gobernador anfitrión, Marcelo Orrego, aportó una síntesis que resume bien el tono general del encuentro: "Hemos recorrido dos años de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país. Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino".

La Mesa Federal Minera no es, por sí sola, garantía de resultados. Es, en cambio, un mecanismo de coordinación cuyo valor dependerá de la capacidad de los actores involucrados para convertir compromisos en decisiones concretas. El potencial está descripto. La ejecución, pendiente.