por Redacción Mendoza Económico
La discusión por el financiamiento de la universidad pública argentina volverá a ocupar este martes el centro de la escena política y social. En Mendoza, al igual que en distintas ciudades del país, docentes, estudiantes, investigadores y autoridades académicas protagonizarán una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, en medio de un escenario presupuestario que las casas de altos estudios califican como “crítico”.
La movilización se produce en un contexto de fuerte ajuste sobre el gasto público nacional y con un reclamo puntual: la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, impulsada por el sistema académico como una herramienta para garantizar previsibilidad presupuestaria y recomposición salarial.
Detrás de la protesta existe un dato que resume la magnitud de la tensión: según distintos informes técnicos, la inversión estatal destinada al sistema universitario cayó en términos reales a niveles comparables con los registrados en 2007, pese a que en las últimas dos décadas la estructura educativa se expandió de manera significativa.
El deterioro financiero no se limita únicamente al funcionamiento operativo de las universidades. La reducción de partidas también golpea de manera directa sobre los salarios docentes, debido a que más del 80% del presupuesto universitario tiene como destino el pago de remuneraciones.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Argentina Grande, el gasto ejecutado en universidades nacionales se redujo casi un tercio desde la llegada de la administración del presidente Javier Milei. En términos reales, la caída del presupuesto universitario en 2025 alcanzó el 29,3% respecto de los valores de 2023.
La contracción no aparece como un fenómeno transitorio. Por el contrario, los datos muestran una continuidad del proceso de ajuste durante los primeros meses de 2026, profundizando un escenario que rectores y gremios docentes describen como de “asfixia financiera”.

La profunda crisis de la Universidad en números crudos
El dato adquiere mayor relevancia cuando se observa la transformación estructural que atravesó el sistema universitario argentino desde 2007 hasta la actualidad.
Durante ese período se crearon trece nuevas universidades públicas y se incorporaron más de 768 mil estudiantes al sistema superior, de acuerdo con los últimos registros oficiales disponibles.
En otras palabras, las universidades deben sostener hoy una infraestructura académica, tecnológica y edilicia mucho más amplia con prácticamente los mismos recursos reales que hace diecinueve años.
El gasto universitario ejecutado durante 2025 alcanzó aproximadamente 5,5 billones de pesos a valores constantes de abril de 2026, una cifra que refleja el retroceso relativo de la inversión estatal en educación superior.
El aspecto más sensible del deterioro presupuestario aparece en la situación salarial del cuerpo docente universitario.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, los ingresos de los profesionales universitarios registraron una pérdida del 34,5% en términos reales, producto del desfasaje entre inflación y actualizaciones paritarias.
La degradación del poder adquisitivo resulta particularmente visible en las categorías de mayor dedicación académica. Un profesor titular con dedicación exclusiva que percibía ingresos equivalentes a 2.415.741 pesos en noviembre de 2023 pasó a cobrar 1.582.283 pesos en abril de 2026, siempre medido en valores constantes.
A ello se suma una inflación mensual que continúa erosionando los ingresos y que, según estimaciones privadas, rondaría el 3% para abril.
El acumulado de la pérdida salarial también expone la profundidad del conflicto: durante los primeros veintiocho meses de gestión nacional, un docente titular con dedicación exclusiva perdió el equivalente a 18,5 millones de pesos constantes, cifra comparable a ocho salarios completos.
La nueva Marcha Federal Universitaria no se presenta únicamente como una discusión gremial o sectorial. Dentro del sistema académico existe la percepción de que el conflicto actual pone en debate el modelo de universidad pública construido durante las últimas décadas.
Históricamente, las universidades nacionales funcionaron en la Argentina como espacios de movilidad social, formación profesional, investigación científica y desarrollo estratégico.
Por eso, rectores, sindicatos y agrupaciones estudiantiles advierten que el deterioro presupuestario no solo compromete el funcionamiento inmediato de las instituciones, sino también la capacidad futura del sistema para sostener investigación, extensión universitaria y formación de recursos humanos altamente calificados.
En ese marco, la movilización de este martes busca instalar nuevamente la discusión educativa dentro de la agenda pública y política nacional, en un contexto donde las restricciones fiscales del Gobierno nacional conviven con crecientes reclamos por el financiamiento de sectores estratégicos del Estado.