por Redacción Mendoza Económico
Después de diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria, el Gobierno nacional encontró en el 2,6% registrado en abril un dato clave para intentar instalar la idea de un cambio de tendencia. El nuevo escenario comenzó a ser respaldado por el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que identificó señales de desaceleración en distintos componentes de la economía, aunque mantuvo una advertencia central: el principal factor de incertidumbre continúa siendo externo y está directamente relacionado con la evolución del mercado internacional del petróleo.
El documento difundido por la autoridad monetaria reconoce que la inflación acumulada durante los primeros meses del año respondió a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos aparecen los ajustes tarifarios, los componentes estacionales y el impacto del fuerte encarecimiento del crudo a nivel global, en un contexto internacional condicionado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.
La tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán modificó nuevamente el escenario energético internacional. Desde el recrudecimiento del conflicto, el precio del Brent, referencia para el mercado argentino, se mantuvo bajo presión y llegó a operar cerca de los 105 dólares por barril, un nivel que reactivó las alarmas inflacionarias en numerosos países importadores de energía.
A ese contexto se sumaron problemas logísticos en el estrecho de Ormuz y en terminales portuarias iraníes, dos factores que incrementaron la volatilidad del mercado energético y elevaron los costos de transporte y abastecimiento.
El Banco Central sostuvo que parte del impacto externo logró ser amortiguado por la apreciación cambiaria y por decisiones tomadas en el mercado local de combustibles. Sin embargo, el organismo fue explícito respecto del riesgo que todavía representa el petróleo para la dinámica inflacionaria argentina.
“El impacto de la suba del precio internacional del petróleo tuvo varios atenuantes, pero continuará siendo el factor de riesgo que más incertidumbre proyecta sobre el IPC”, señaló el informe oficial.
En medio de ese escenario, YPF pasó a ocupar un rol central dentro de la estrategia oficial para contener el traslado de costos a la inflación doméstica. La petrolera estatal había implementado desde el 1° de abril un congelamiento de combustibles por 45 días, medida que el Gobierno consideró relevante para moderar las expectativas inflacionarias.
No obstante, el esquema comenzó rápidamente a mostrar limitaciones. El presidente de la compañía, Horacio Marín, confirmó que desde este jueves 14 de mayo los combustibles aumentarán 1%, aunque luego permanecerían sin cambios durante otros 45 días.
Según explicó el directivo, la empresa avanzará con un sistema de “buffer de precios”, destinado a evitar que las fluctuaciones bruscas del Brent se trasladen automáticamente a los surtidores.
Sin embargo, en la práctica el congelamiento anunciado previamente no se cumplió plenamente. En Mendoza, por ejemplo, durante los últimos diez días los combustibles de YPF registraron al menos cuatro incrementos parciales, reflejando la dificultad de sostener precios estables en un contexto internacional tan volátil.

YPF asegura que aumenta el 1% y congela precios. La realidad y los surtidores muestran que no cumple
El informe del BCRA también remarcó que la inflación de los últimos meses estuvo fuertemente influida por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.
Durante febrero, las tarifas de electricidad, gas y combustibles aumentaron 12% tras modificaciones en el esquema de subsidios energéticos. Según el organismo, ese ajuste explicó aproximadamente medio punto porcentual del índice inflacionario mensual.
Frente al impacto político y social de esas subas, el Gobierno comenzó a desplegar mecanismos de compensación orientados a moderar el efecto sobre los hogares.
Entre las medidas implementadas apareció la reducción del ritmo de actualización tarifaria de AySA para usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, cuyo incremento mensual pasó de 4% a 3%.
Además, el Ejecutivo aplicó una bonificación adicional del 25% sobre las tarifas residenciales de gas durante mayo y amplió el bloque subsidiado de consumo eléctrico de 250 a 300 kilovatios/hora, junto con un descuento adicional del 10,5%.
Otro elemento que comenzó a mostrar cierta desaceleración fue el rubro de alimentos y bebidas, uno de los componentes más sensibles del índice de precios por su impacto directo sobre el consumo cotidiano.
Las consultoras privadas registraron comportamientos heterogéneos durante la primera semana de mayo. Mientras LCG informó estabilidad de precios, EconViews detectó una baja de 0,1% y Analytica relevó una suba moderada de 0,3%.
Para el Banco Central, parte de las presiones inflacionarias observadas entre febrero y marzo estuvieron vinculadas a factores estacionales, como el inicio del ciclo lectivo y los ajustes concentrados en indumentaria y educación.
La expectativa oficial es que esos componentes comiencen a perder intensidad durante abril y mayo, permitiendo consolidar una desaceleración gradual de la inflación núcleo.
En esa línea, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyectó una inflación de 2,6% para abril (en línea con el dato finalmente informado) y de 2,3% para mayo.
Pese al optimismo oficial, el propio Banco Central reconoce que el proceso de desaceleración todavía depende de variables difíciles de controlar desde el frente interno.
La evolución del petróleo, las tensiones geopolíticas y el comportamiento del mercado energético internacional seguirán condicionando buena parte de la dinámica de precios en Argentina durante los próximos meses.
Para el Gobierno, el desafío no pasa solamente por mostrar una baja puntual en los índices mensuales, sino por consolidar una tendencia sostenida que permita recomponer expectativas, estabilizar el consumo y sostener la desaceleración sin nuevos sobresaltos externos.