Zonas Frías: más de 3 millones de hogares perderán el subsidio al gas y Mendoza pierde 17 departamentos del régimen

a alianza entre La Libertad Avanza y el radicalismo busca imponer este miércoles en la Cámara de Diputados una reforma al Régimen de Subsidios de Zonas Frías que eliminará el descuento universal al gas para más de tres millones de usuarios distribuidos en una docena de provincias. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo con el respaldo del ministro de Economía Luis Caputo, invierte la ampliación territorial aprobada en 2021 y restringe el beneficio a las regiones que históricamente integraron el esquema.

Qué propone la reforma y quiénes quedan afuera

En su versión original, sancionada en 2002, el régimen garantizaba una bonificación del 50% sobre el precio del gas a hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, universo que alcanzaba unas 950.000 familias. La Ley 27.637 de 2021 extendió ese mapa a la Costa Atlántica bonaerense, el sur de Santa Fe, sectores de Córdoba, La Pampa, Catamarca y la totalidad de Mendoza, elevando el padrón a más de cuatro millones de beneficiarios con un descuento del 30% generalizado y del 50% para sectores vulnerables.

El nuevo proyecto restituye el diseño geográfico previo. Los subsidios quedarán reservados únicamente a usuarios inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que incluye hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (hoy equivalentes a aproximadamente 4.400.000 pesos mensuales), familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de la Guerra de Malvinas.

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El golpe sobre Mendoza: 17 departamentos pierden el beneficio

El impacto sobre la provincia es severo. Solo Malargüe permanece dentro del régimen. Quedan excluidos el Gran Mendoza, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, entre otros. Los votos que aportarán los legisladores mendocinos para sostener esa exclusión serán los de los libertarios Mercedes Llano, Julieta Metral Ascensio, Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez y Luis Petri, junto a los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

El fondo superavitario y el deterioro bajo la gestión Milei

La discusión presupuestaria tiene una arista que el oficialismo prefiere no subrayar. Según datos de la Secretaría de Hacienda, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas registró superávit durante los tres años de vigencia de la ley ampliada: 16.818 millones en 2021, 7.697 millones en 2022 y 39.213 millones en 2023. El déficit llegó recién en 2024, con un saldo negativo de 54.810 millones de pesos, bajo la actual administración. En 2025, el resultado positivo de 31.823 millones incluye una transferencia estatal de 40.559 millones, lo que implica un déficit real de 8.736 millones.

Desde el Instituto Consenso Federal, organización dedicada al análisis de políticas públicas, se rebate la narrativa de despilfarro: el consumo en las nuevas zonas frías creció apenas un 7% entre 2021 y 2024, lo que los especialistas describen como un uso moderado y consistente con las necesidades climáticas de esas regiones, que requieren casi el doble de gas que las zonas templadas.

Tarifas que aumentaron 1.500% y un debate que llega al Senado

El contexto tarifario agrava el escenario para los usuarios. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, las tarifas de gas acumularon un incremento del 1.500% desde el inicio de la gestión Milei, lo que torna difícil sostener la narrativa de que los descuentos equivalen a precios "regalados". En paralelo, el Gobierno decidió que Enarsa asumirá durante el invierno de 2026 el diferencial entre el precio internacional del gas licuado importado —unos 20 dólares por millón de BTU— y lo que abonan los usuarios en su factura, con recupero diferido en las boletas estivales.

Si la iniciativa es aprobada hoy en Diputados, la decisión final recaerá en el Senado. El Gobierno aspira a completar el trámite legislativo antes del inicio del Mundial de fútbol.