Javier Milei y el espejismo del rebote

El Gobierno de Javier Milei atraviesa uno de los momentos de mayor entusiasmo discursivo desde el inicio de su gestión. La mejora de ciertos indicadores macroeconómicos, el respaldo técnico del Fondo Monetario Internacional y la acumulación de reservas internacionales son exhibidos por la administración libertaria como pruebas concluyentes del éxito de su programa económico. El reciente dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que registró un crecimiento interanual del 5,5% en marzo, se transformó rápidamente en la pieza central de esa narrativa oficial.

Una recuperación desigual y concentrada

Sin embargo, detrás de esa recuperación estadística emerge una estructura económica profundamente desequilibrada. El crecimiento no responde a una expansión homogénea del aparato productivo ni a una recomposición sostenida del mercado interno, sino al impulso concentrado de un reducido grupo de sectores primarios vinculados a la exportación de recursos naturales. Mientras el agro, la energía y la minería muestran cifras récord, la industria manufacturera, el comercio y la construcción continúan atrapados en una dinámica recesiva que afecta de manera directa al empleo y al consumo.

La celebración oficial, amplificada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se sostiene sobre variables que muestran una recuperación parcial y selectiva. El Gobierno destaca el aumento de las exportaciones, la baja de la inflación respecto de los picos previos y la consolidación del superávit fiscal. A ello se suma la acumulación de divisas en el Banco Central y una relativa estabilización financiera que permitió reducir tensiones cambiarias. Pero el análisis desagregado de la actividad económica revela una realidad mucho más compleja.

El peso del modelo extractivo

El principal motor del crecimiento es actualmente la explotación de minas y canteras, que exhibió un salto interanual del 16,3%, acompañado por el buen desempeño del agro y del sector energético. Se trata de actividades con fuerte orientación exportadora y baja capacidad de generación de empleo masivo. La propia lógica del esquema económico refuerza esa orientación. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), promovido como una herramienta estratégica para atraer capitales, concentra beneficios sobre proyectos extractivos y energéticos sin establecer mecanismos sólidos de integración con proveedores locales ni obligaciones relevantes de desarrollo industrial asociado.

La consecuencia es una economía partida en dos velocidades. Por un lado, un núcleo exportador dinámico, altamente concentrado y favorecido por el nuevo esquema regulatorio. Por otro, un entramado urbano-industrial debilitado por la caída del consumo, el aumento de costos y la retracción de la demanda.

La crisis industrial y el deterioro del empleo

Los indicadores fabriles reflejan con claridad esa fractura. La industria manufacturera opera con niveles de utilización de la capacidad instalada apenas superiores al 54%, lo que implica que cuatro de cada diez máquinas permanecen inactivas. Aunque algunos rubros específicos vinculados a la química y la petroquímica mostraron cierta recuperación, los sectores intensivos en mano de obra continúan en retroceso. La producción textil cayó 23,3%, mientras que maquinaria y equipo retrocedió 11,3% y el sector de prendas de vestir y calzado descendió 8,9%.

La preocupación empresaria también comienza a trasladarse al empleo. Según relevamientos de la Unión Industrial Argentina, más de la mitad de las empresas consultadas registró caídas en sus niveles de producción durante los primeros meses del año, mientras que una porción significativa admitió haber reducido personal. La encuesta oficial del sector supermercadista refuerza ese diagnóstico: el 57% de los empresarios identifica a la falta de demanda como el principal obstáculo para incrementar las ventas y un 25% prevé despidos en el corto plazo.

El consumo, eje de la recesión

La retracción del consumo aparece como el núcleo de la crisis. Las ventas en supermercados cayeron 5,1% interanual en marzo y acumularon una contracción del 3,1% durante el primer trimestre. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa también registró una caída del consumo minorista pyme en abril, con excepción del rubro farmacéutico.

El fenómeno no responde únicamente a un cambio de hábitos de compra, como sugirió el discurso presidencial, sino al deterioro acelerado del poder adquisitivo. La desaceleración inflacionaria convive con una recomposición salarial insuficiente frente al brutal incremento de tarifas y servicios públicos. El ajuste sobre los precios regulados alteró de manera drástica la estructura de gastos de los hogares.

Tarifas, ajuste y enfriamiento económico

El caso del transporte en el conurbano bonaerense resulta paradigmático. Los aumentos acumulados en tarifas modificaron completamente la relación entre ingresos y gastos esenciales, obligando a millones de familias a destinar una proporción creciente de sus salarios al sostenimiento de servicios básicos. El resultado es un consumo defensivo, centrado exclusivamente en cubrir necesidades elementales y sin capacidad de dinamizar el mercado interno.

Esa contracción repercute directamente sobre el entramado productivo. Sin demanda, las fábricas reducen producción; sin producción, se frenan contrataciones y aumentan los despidos. La economía ingresa así en un círculo de enfriamiento que impacta especialmente sobre pequeñas y medianas empresas, históricamente dependientes del consumo doméstico.

Precarización y deterioro social

El deterioro social ya muestra consecuencias visibles. En la provincia de Buenos Aires, el principal distrito industrial y laboral del país, cerraron miles de unidades productivas desde fines de 2023 y se destruyeron más de cien mil empleos registrados. El aumento de la desocupación y el crecimiento del pluriempleo reflejan un proceso de precarización creciente, particularmente entre jóvenes y trabajadores informales.

La contradicción central del modelo comienza entonces a adquirir una dimensión estructural. Mientras el Estado reduce subsidios, retrae el gasto y profundiza el ajuste sobre ingresos y servicios públicos, simultáneamente impulsa beneficios extraordinarios para sectores exportadores con limitada capacidad de absorción laboral. La riqueza generada por la expansión extractiva no encuentra mecanismos de articulación con el tejido industrial y urbano que sostiene la mayor parte del empleo nacional.

El riesgo de una economía dual

Incluso los organismos internacionales que respaldan el rumbo económico admiten que la estabilización será prolongada y exigirá políticas restrictivas durante varios años más. En ese contexto, la apuesta exclusiva a un esquema basado en exportaciones primarias y disciplina fiscal profundiza el riesgo de consolidar una economía dual: competitiva y rentable en sus enclaves extractivos, pero socialmente regresiva en los grandes centros urbanos.

La experiencia histórica argentina demuestra que los ciclos de bonanza exportadora sólo lograron estabilidad política y social cuando estuvieron acompañados por procesos de integración productiva, expansión del empleo y fortalecimiento del mercado interno. El problema no radica en la existencia de sectores dinámicos vinculados a la energía o la minería, sino en la ausencia de una estrategia capaz de transformar esa renta en desarrollo económico amplio.

Hoy, esa discusión parece ausente de la agenda oficial. El Gobierno celebra la acumulación de reservas y el rebote estadístico de la actividad mientras buena parte del aparato productivo permanece estancado y el consumo continúa deteriorándose. Bajo esa lógica, el éxito macroeconómico deja de funcionar como una herramienta de bienestar colectivo para convertirse en una variable cada vez más desconectada de la vida cotidiana de la mayoría de la población.