Radiografía de una economía de ficción: entre datos apócrifos, advertencias del FMI y el colapso industrial

En un intento por sostener la narrativa de recuperación económica, el presidente Javier Milei y sus principales funcionarios dedicaron un fin de semana a difundir un mapa provincial generado con inteligencia artificial que terminó siendo completamente falso. El gráfico, que mostraba supuestamente en verde el crecimiento de las provincias adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en rojo a los distritos opositores, como la provincia de Buenos Aires, exhibía errores geográficos groseros, entre ellos la omisión territorial de Tucumán y múltiples inconsistencias cromáticas.

La gravedad del episodio se profundizó cuando el Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IAE) de la Universidad Austral debió desmentir formalmente la autoría del informe de marzo de 2026 que el Gobierno utilizaba como respaldo técnico de su narrativa.

El costo fiscal del RIGI y los proyectos “reciclados”

La férrea defensa oficial del RIGI también choca contra las evidencias fiscales y productivas. Lejos de atraer nuevos capitales bajo condiciones que impulsen el desarrollo nacional, la normativa vigente habilita la remisión total de divisas y elimina retenciones desde el tercer año, sin exigir siquiera el uso de insumos locales.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina estima que el costo fiscal de este esquema asciende a 18.813 millones de dólares que el Estado dejará de recaudar. Más preocupante aún es que buena parte de los proyectos presentados como logros exclusivos del régimen ya existían y mostraban avances significativos antes de su aprobación.

Iniciativas como Galan Lithium en Catamarca, el Parque Solar El Quemado en Mendoza, el proyecto Vaca Muerta Sur de YPF y los emprendimientos mineros de Rio Tinto, Los Azules y San Jorge en Mendoza ya formaban parte de la agenda pública y algunos ya estaban en marcha hacia finales de 2023. En los hechos, el RIGI funciona más como una amplia exención impositiva para negocios previamente consolidados que como una herramienta de promoción de nuevas inversiones.
Luis Caputo y Javier Milei, socios en la fantasia económica

El FMI cuestiona el “superávit”

La fragilidad de los datos oficiales no se limita al ecosistema de redes sociales. También quedó expuesta en los informes técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su último documento, el organismo detalló el mecanismo contable mediante el cual el Gobierno construye el relato del superávit fiscal.

Una nota al pie del informe revela que la medición oficial excluye estratégicamente los pagos de intereses correspondientes a bonos cupón cero. Al incorporar esos intereses capitalizados por encima de la línea, la Argentina presenta en realidad un déficit equivalente al 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI).

La dinámica resulta particularmente delicada: el Estado toma deuda, capitaliza intereses sobre un capital creciente y alimenta una bola de nieve financiera que, solo en el primer cuatrimestre del año, ya alcanzó 1,8 puntos del PBI.

Pese a habilitar desembolsos para evitar una crisis mayor, el FMI trazó además un diagnóstico severo sobre la economía argentina. El organismo advirtió sobre la escasez de reservas, cuestionó la demora oficial en actualizar la medición de la inflación (a la que considera poco representativa) y proyectó una suba de precios cercana al 25% para 2026, muy lejos del 10% contemplado en el presupuesto oficial. A esto se sumó la exigencia de profundizar las reformas previsionales y fiscales.

Salarios en caída, jubilaciones deterioradas y más morosidad

Mientras las variables financieras se sostienen mediante artificios contables, la economía cotidiana exhibe un deterioro cada vez más profundo. Según el Instituto Argentina Grande, el salario registrado acumula siete meses consecutivos de caída en términos reales, creciendo por debajo de la inflación.

En paralelo, las jubilaciones mínimas perdieron un 12,1% de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión libertaria.

El impacto también alcanza al sistema de salud. La facturación de las empresas farmacéuticas aumentó un 14% en términos reales, pese a que se vendieron cinco millones menos de unidades de medicamentos. El resultado es un modelo de rentabilidad récord sostenido sobre jubilados que ya no pueden afrontar sus tratamientos.

Las consecuencias financieras de este deterioro son visibles. La morosidad se duplicó durante el año y empujó a 3,3 millones de personas a la categoría de deudores irrecuperables. El fenómeno golpea especialmente a los sectores más vulnerables, donde la tasa de incumplimiento alcanza el 35% incluso en deudas inferiores a 83.000 pesos.

A esto se suma un incremento del 23% en dólares en el precio local de los combustibles líquidos, profundizando todavía más el deterioro del poder adquisitivo.

Desindustrialización y cierre de empresas

La contracara directa del achicamiento del mercado interno es un proceso de desindustrialización a escala nacional. Desde la asunción de Milei, la economía perdió 24.437 empresas, a un ritmo de destrucción superior incluso al registrado durante las peores etapas de la pandemia.

Sectores estratégicos como el comercio, la agricultura y la construcción atraviesan despidos masivos. La crisis metalmecánica ya provocó la pérdida de 17.000 puestos de trabajo.

El entramado pyme también muestra señales de colapso. El cierre masivo de locales en la tradicional “ruta del pulóver” de Mar del Plata, con ventas desplomadas hasta un 50%, y la quiebra de aserraderos bonaerenses reflejan la paralización del circuito comercial y productivo.

Crisis automotriz y advertencias industriales

El sector automotriz y autopartista, históricamente vinculado al valor agregado nacional, atraviesa una situación crítica, con una caída interanual del 19% en la producción de vehículos.

Fábricas con más de tres décadas de actividad ininterrumpida, como una proveedora de Chevrolet en la localidad santafesina de Pueblo Esther, comenzaron a cerrar sus puertas dejando decenas de trabajadores desempleados.

Frente a este escenario, referentes industriales como Daniel Herrero sostienen que el país necesita un Estado activo que impulse políticas de reconversión productiva y capacitación de largo plazo, en contraposición a un esquema de apertura indiscriminada que erosiona el entramado manufacturero.

La fragilidad del modelo extractivista como supuesto motor excluyente de empleo también queda en evidencia al observar que incluso sectores como la minería y el petróleo destruyeron cerca de 8.000 puestos de trabajo.

El actual modelo económico, construido sobre promesas de libertad y estabilidad, tropieza de manera recurrente con el cierre de fábricas, las advertencias de sus propios auditores internacionales y una creciente pérdida de soberanía industrial.