PSJ Cobre Mendocino ingresó al RIGI comprometiendo una inversión de de 613 millones de dólares

El Gobierno nacional aprobó la adhesión del proyecto “PSJ Cobre Mendocino” al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), habilitando una inversión declarada de 613,4 millones de dólares para el desarrollo de una mina de cobre y oro en Mendoza. La medida fue oficializada mediante la Resolución 801/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El emprendimiento será desarrollado por Minera San Jorge SA en el yacimiento “San Jorge”, ubicado en la localidad de Uspallata, departamento mendocino de Las Heras, y representa uno de los proyectos mineros más relevantes y controvertidos de los últimos años en la provincia.

La aprobación marca un punto de inflexión para la minería metalífera mendocina, luego de más de una década de conflictos políticos, resistencia social y debates ambientales en torno al uso de recursos hídricos y sustancias químicas en explotaciones a gran escala.

Fabian Gregorio, CEO de PSJ Cobre Mendocino

Un proyecto estratégico para el cobre argentino

La iniciativa contempla la construcción y operación de una mina a cielo abierto y una planta concentradora basada en técnicas de flotación convencional. Según la documentación oficial, tendrá capacidad para procesar alrededor de 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

De acuerdo con el cronograma presentado por la empresa, la etapa de construcción comenzará en junio de 2027 y las operaciones iniciarían formalmente en enero de 2029. Sin embargo, algunas estimaciones privadas vinculadas al desarrollo prevén que la primera producción podría concretarse entre fines de 2027 y comienzos de 2028.

El proyecto apunta a producir cerca de 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con una vida útil inicial estimada en 16 años. La producción estará orientada a la elaboración de concentrado de cobre, un insumo estratégico para industrias vinculadas a la transición energética, la electromovilidad, la infraestructura eléctrica y la fabricación tecnológica.

En ese contexto, el avance de San Jorge se inserta en un escenario internacional de creciente demanda de cobre, impulsada por la expansión de energías renovables, vehículos eléctricos y redes de transmisión eléctrica.

NUEVO RIGI APROBADO: USD 891 MILLONES PARA EL PROYECTO SAN JORGE EN MENDOZA

Se aprobó la adhesión al RIGI del proyecto minero San Jorge, impulsado por la empresa Minera San Jorge en la provincia de Mendoza.

La inversión prevista es de USD 891 millones y permitirá generar más de… pic.twitter.com/zBfHB05pZh

— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 28, 2026

Beneficios fiscales y respaldo financiero

La adhesión al RIGI permitirá que la empresa acceda a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, incluyendo franquicias para importar bienes destinados a la construcción y operación del complejo minero.

La resolución también establece que la fecha formal de adhesión al régimen quedó fijada el 13 de mayo de 2026 y obliga a la compañía a acreditar durante los primeros dos años inversiones equivalentes al 40% del monto mínimo exigido por el programa.

Además, el Gobierno aprobó el listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicia aduanera y dispuso que el Banco Central aplique los incentivos cambiarios previstos para grandes inversiones.

El proyecto fue encuadrado dentro del sector “Minería”, subsector “Minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería de la Nación”, excluyendo potasio y litio, y recibió dictámenes favorables tanto de la Secretaría de Minería como del Comité Evaluador de Proyectos RIGI.

En paralelo, la compañía contará con el respaldo del Royal Bank of Canada como agente financiero, una señal que podría facilitar futuras rondas de financiamiento e incorporación de nuevos inversores internacionales.

Empleo, proveedores e infraestructura

El impacto económico esperado excede la inversión inicial. Distintas estimaciones privadas calculan entre 3.900 y 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción y alrededor de 2.400 empleos asociados a la operación del complejo una vez en funcionamiento.

El desarrollo también requerirá importantes inversiones en infraestructura energética, líneas eléctricas, logística y redes de proveedores industriales y metalmecánicos, lo que podría generar un efecto multiplicador sobre la economía regional.

Para Mendoza, el proyecto aparece como una oportunidad para diversificar su matriz productiva y consolidarse como un nuevo polo minero, en línea con la estrategia impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo.

La historia de un proyecto atravesado por conflictos ambientales

San Jorge se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la minería argentina por la fuerte oposición social que enfrentó durante más de 15 años.

En 2011, la Legislatura mendocina rechazó por unanimidad la declaración de impacto ambiental del proyecto luego de intensas protestas encabezadas por organizaciones ambientalistas y sectores ciudadanos que cuestionaban el posible impacto sobre el agua y el ecosistema cordillerano.

El debate estuvo estrechamente ligado a la Ley 7722, una norma emblemática de Mendoza que restringe el uso de determinadas sustancias químicas en la minería y que durante años funcionó como un límite político para el desarrollo de proyectos metalíferos.

A pesar de contar históricamente con apoyo de distintos sectores empresariales y del Ejecutivo provincial, el proyecto obligó a reiniciar procesos ambientales y reactivó protestas sociales cada vez que intentó avanzar.

Con la aprobación del RIGI, San Jorge vuelve al centro de la discusión pública y se transforma en un test político y social para medir hasta qué punto cambió —o no— la percepción de la minería en Mendoza.