La Justicia de Mendoza desbarata una maniobra de vaciamiento para no pagar un juicio

La Justicia mendocina dictó un fallo de impacto en el mundo empresarial al declarar "inoponibles" las transferencias de inmuebles realizadas por Jugos Australes S.A. a favor de sus propios accionistas, Marcelo Bocardo y José Eduardo Sánchez. El tribunal concluyó que esas operaciones se realizaron con el objetivo de perjudicar el derecho de cobro de Iberte, empresa acreedora a quien se le adeudan millones de dólares por incumplimientos contractuales vinculados a exportaciones de mosto concentrado de uva.

La resolución fue emitida por el Tribunal de Gestión Asociada Tercero de Mendoza en el marco de una acción revocatoria promovida por Iberte. Este tipo de acción judicial busca dejar sin efecto (frente al acreedor) aquellos actos patrimoniales realizados por un deudor que dificultan o imposibilitan el cobro de una deuda.

El origen del conflicto: un contrato por más de 10 millones de dólares

El caso se remonta a junio de 2020, cuando Iberte, junto a Eco Green International LLC, firmó un contrato con Jugos Australes para la compra internacional de mosto concentrado de uva. Según consta en el expediente, Iberte adelantó más de 10 millones de dólares para financiar la operación. El producto nunca fue entregado.

Mientras Iberte enviaba intimaciones formales exigiendo el cumplimiento del contrato, Jugos Australes avanzó en paralelo con una maniobra decisiva: la transferencia de la totalidad de sus bienes inmuebles a sus accionistas mediante una dación en pago vinculada a distribución de dividendos societarios. Las escrituras fueron firmadas el 7 de octubre de 2020.

Marcelo Boccardo, titular de Jugos Australes

Una maniobra con secuencia reveladora

Uno de los elementos de mayor peso en el análisis judicial fue la secuencia temporal de los hechos. El tribunal consideró acreditado que las transferencias no constituyeron una decisión aislada, sino parte de una estrategia destinada a evitar futuros embargos y dificultar el cobro de la deuda. Un dato clave reforzó esta lectura: aun después de transferidos, los inmuebles continuaron siendo utilizados por Jugos Australes mediante contratos de comodato firmados con los mismos accionistas que los habían recibido, evidenciando que el cambio de titularidad fue una maniobra formal.

La sentencia también señaló una diferencia significativa entre los valores involucrados: los activos estaban valuados en balances por más de 514 millones de pesos, mientras que la dación en pago se realizó por apenas 46 millones de pesos, una brecha que el tribunal consideró relevante al evaluar el perjuicio causado al acreedor.

"La sentencia confirma que existieron actos patrimoniales con el único objetivo de frustrar el derecho de cobro de Iberte. El tribunal entendió que esas transferencias eran inválidas para nuestro cliente." — Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte.

El argumento de la defensa, desestimado

La parte demandada intentó reencuadrar jurídicamente la operación, sosteniendo que el contrato entre las empresas no era una compraventa internacional de mosto sino un préstamo financiero encubierto y presuntamente usurario. El tribunal rechazó este argumento tras analizar la documentación y los antecedentes comerciales, concluyendo que existió una operatoria comercial real vinculada a exportaciones de productos vínicos.

Embargos, sumario penal cambiario y prohibición de salida del país

El fallo se suma a un escenario judicial de creciente presión sobre los involucrados. En octubre de 2025, la Tercera Cámara de Apelaciones ratificó el laudo arbitral que establece que EcoGreen, Jugos Australes y Bocardo deben responder solidariamente ante Iberte por la suma de U$S 12.195.750, más intereses desde la mora, cifra que actualmente supera los 16 millones de dólares.

En el plano cautelar, la Justicia ya ordenó el embargo preventivo de la planta de mosto y la bodega de Jugos Australes en Rivadavia, junto con embargos sobre ingresos por exportaciones pendientes y cuentas bancarias en Estados Unidos. El Banco Central de la República Argentina inició además un sumario penal cambiario a raíz de estas investigaciones.

Por su parte, Marcelo Bocardo fue imputado por los delitos de desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal con uso de documento falso. La causa ya fue elevada a juicio por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal. El empresario tiene prohibida la salida de Mendoza y del país, con su pasaporte retenido en la Fiscalía.