por Marcelo López Alvarez
La escena financiera internacional le dio esta semana una bocanada de oxígeno al gobierno de Javier Milei. Standard & Poor’s elevó la calificación soberana argentina de CCC+ a B-, apenas un mes después de que Fitch hiciera lo mismo, mientras el riesgo país perforó los 450 puntos básicos. El oficialismo presentó esos movimientos como la validación definitiva del programa económico libertario.
Pero detrás del entusiasmo de los mercados aparece otra Argentina, bastante menos celebratoria. La actividad productiva, el empleo, el consumo masivo y el crédito muestran una economía fragmentada, con sectores muy concentrados que capturan ganancias extraordinarias mientras se deteriora el tejido industrial y se comprime el poder adquisitivo de la mayoría.
Los datos recopilados por el Instituto Argentina Grande (IAG), en base a estadísticas oficiales del INDEC, el BCRA y organismos sectoriales, revelan una dinámica que se aleja cada vez más de la promesa de prosperidad generalizada que acompañó el ajuste inicial de Milei.
Mientras la actividad extractiva crece, el consumo y la industria caen en picada
La postal más nítida del modelo económico actual es la consolidación de una “economía en K”. Entre el primer cuatrimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la minería creció 19,5%, mientras la industria manufacturera cayó 11,6% y la construcción se desplomó 23,8%.
La divergencia no es casual ni coyuntural. Es el resultado directo de una política económica que privilegia la valorización financiera y la exportación primaria por sobre el desarrollo industrial, el empleo y el mercado interno.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en la pieza central de esa arquitectura. El esquema garantiza estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años para grandes proyectos extractivos, pero elimina exigencias históricas de integración nacional, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales.
Mientras las mineras y energéticas reciben beneficios extraordinarios, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un escenario asfixiante: tasas de interés reales elevadas, apertura importadora, caída del consumo y paralización de la obra pública.
El resultado es un proceso de especialización económica cada vez más concentrado y dependiente de sectores con bajo impacto sobre el empleo.
El mercado laboral expone con crudeza los límites del supuesto “rebote” económico.
De los catorce sectores relevados por el IAG, apenas cinco lograron crear empleo registrado respecto de 2023. El empleo total cayó 3,1%, en una economía que ya venía golpeada por la recesión previa.
Más significativo aún es que incluso las actividades que lideraron el crecimiento destruyeron puestos de trabajo. La minería y la intermediación financiera, dos de los grandes ganadores del modelo Milei, registraron pérdida neta de empleo formal.
La explicación es estructural: se trata de sectores altamente concentrados, intensivos en capital y con escasa capacidad de derrame sobre el resto de la economía.
En contraste, las actividades que históricamente sostuvieron el empleo urbano, como industria y construcción, siguen retrocediendo. El comercio aparece como una excepción estadística, ya que pese a la caída de actividad mostró una leve mejora en empleo registrado, aunque el informe evita sacar conclusiones definitivas sobre ese comportamiento.
La recuperación, en consecuencia, no solo es desigual. También es socialmente regresiva.
La fractura económica también atraviesa el consumo.
Mientras las ventas de bienes esenciales como leche, carne o yerba cayeron 1,7% en el primer cuatrimestre frente al mismo período de 2025, el consumo de bienes durables, automóviles, motocicletas e inmuebles, creció 10,3%.
La brecha refleja con claridad quiénes logran adaptarse al nuevo esquema económico y quiénes quedan afuera.
Los sectores de mayores ingresos, beneficiados por la apreciación financiera, la estabilidad cambiaria y las oportunidades de carry trade, mantienen capacidad de consumo e inversión. En cambio, buena parte de los asalariados y sectores medios enfrentan una pérdida persistente del poder adquisitivo.
La “estabilización” celebrada por el gobierno convive así con una caída sostenida del consumo masivo, uno de los principales motores históricos de la economía argentina.
El caso de los combustibles resume buena parte de las contradicciones del modelo.
Desde diciembre de 2023, el precio real de la nafta aumentó 59,5%. Sin impuestos, el incremento hubiera sido del 41%. La diferencia surge de la decisión oficial de elevar fuertemente la carga tributaria sobre el litro de combustible.
El impuesto a los combustibles creció 230% en términos reales y pasó de representar el 8,9% al 18,5% del precio final.
Paradójicamente, esto ocurre mientras Argentina atraviesa uno de los mejores momentos de su balanza energética. En abril, el sector petrolero generó un superávit de USD 1.983 millones, muy por encima del promedio de USD 832 millones registrado en los doce meses anteriores.
Es decir: ingresan más dólares por petróleo, pero los argentinos pagan combustibles más caros que en Estados Unidos y Brasil.
La explicación vuelve a ser fiscal. Parte de los recursos que deberían destinarse a infraestructura vial terminan utilizándose para sostener el superávit primario, principal ancla política del programa económico de Milei y del ministro Luis Caputo.
Según el IAG, la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó apenas $0,7 billones de los $1,8 billones que correspondían por recaudación del impuesto a los combustibles. El resto se absorbió para mejorar las cuentas fiscales.
En otras palabras, el equilibrio fiscal se sostiene parcialmente mediante una mayor presión sobre el consumo y una fuerte licuación de la inversión pública.
La desaceleración inflacionaria continúa siendo el principal argumento defensivo del gobierno.
La inflación de mayo fue de 2,1%, el nivel más bajo desde septiembre de 2025. Sin embargo, el informe del IAG introduce una advertencia metodológica relevante: utilizando ponderadores actualizados de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, el índice habría sido de 2,26%.
La diferencia parece menor, pero refleja una discusión más profunda sobre cómo impacta la inflación sobre distintos segmentos sociales y regiones del país.
Las mayores subas continúan concentrándose en servicios, particularmente comunicaciones, educación y recreación, rubros que afectan de manera creciente a los hogares urbanos.
Además, la inflación acumulada desde el inicio de la gestión alcanza 333,8%, una cifra que explica por qué la mejora nominal de algunos indicadores financieros todavía no se traduce en percepción de alivio económico para amplios sectores de la población.
El crédito privado también empieza a mostrar señales de agotamiento.
Todos los tipos de préstamos retrocedieron durante 2026, salvo los hipotecarios. Incluso los créditos personales, que habían liderado la recuperación durante buena parte del mandato de Milei, comenzaron a caer en términos reales.
Desde mediados de 2025, el financiamiento al sector privado permanece prácticamente estancado.
La dinámica revela que la estabilización monetaria no logró convertirse en un proceso robusto de expansión económica. El esquema financiero consigue contener parcialmente la inflación, pero sin generar todavía un ciclo sostenido de inversión productiva y crecimiento del empleo.
La vulnerabilidad del modelo también quedó expuesta esta semana por la escalada geopolítica en Oriente Medio.
El anuncio de Donald Trump sobre una intervención directa de Estados Unidos en Irán y la amenaza sobre el estrecho de Ormuz dispararon el precio internacional del petróleo, que rozó los USD 93 por barril.
Para Argentina, el impacto potencial es inmediato: mayores costos energéticos, aumento de fletes y nuevas presiones inflacionarias sobre la estructura productiva.
Al mismo tiempo, el dólar volvió a tensarse. El mayorista alcanzó los $1.450 y las cotizaciones financieras se acercaron a $1.500.
El Banco Central evitó intervenir directamente vendiendo reservas y optó por colocar bonos dólar linked, una herramienta que busca contener expectativas sin resignar acumulación de divisas.
Sin embargo, detrás de la mejora financiera persiste una fragilidad estructural: gran parte de la estabilidad cambiaria depende del ingreso de capitales financieros y de una economía cada vez más concentrada en exportaciones primarias.
La frase que atraviesa todo el informe del IAG sintetiza el núcleo del debate económico actual: “la foto es de especialización, no hay rebote”.
El modelo Milei logra exhibir algunos éxitos financieros: baja del riesgo país, mejora en las calificaciones crediticias y ordenamiento fiscal. Pero esos avances conviven con una economía real debilitada, caída del empleo formal, deterioro industrial y consumo masivo en retroceso.
La mejora de la nota soberana le permite al ministro Luis Caputo acercarse al objetivo de refinanciar en el mercado privado parte de la deuda que él mismo tomó en 2018 y trasladar vencimientos hacia los próximos gobiernos.
Lo que todavía no aparece es el famoso “derrame” prometido.
La economía crece en los sectores vinculados a la extracción de recursos naturales y a la valorización financiera, pero sigue sin mostrar señales consistentes de desarrollo industrial, movilidad social o mejora generalizada del nivel de vida.
Y en esa diferencia entre Wall Street y la vida cotidiana comienza a jugarse, probablemente, la verdadera sustentabilidad política y social del programa económico libertario.