El Súper RIGI y la economía de las excepciones: ¿solución para atraer inversiones o nuevo privilegio selectivo?

La discusión sobre el denominado Súper RIGI excede largamente el terreno técnico de los incentivos fiscales. Lo que está en debate es el modelo de desarrollo que Argentina pretende construir para las próximas décadas.

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que ya obtuvo dictamen en comisiones de Diputados y será tratado en el recinto la próxima semana, busca atraer inversiones superiores a US$ 1.000 millones mediante un esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios aún más amplio que el contemplado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024.

La iniciativa apunta a sectores considerados estratégicos o de desarrollo incipiente, especialmente vinculados con energía, minería, tecnología e infraestructura. Sin embargo, detrás de la promesa de captar grandes desembolsos de capital emerge una pregunta de fondo: ¿puede Argentina resolver su histórico déficit de inversión mediante regímenes excepcionales o necesita transformar las condiciones generales de funcionamiento de su economía?

Un problema estructural

El diagnóstico que realiza el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea parte de una constatación contundente.

Durante las últimas dos décadas, la tasa de inversión argentina rara vez superó el 20% del Producto Bruto Interno, mientras que en los últimos años se estabilizó cerca del 16%. La mayoría de los estudios internacionales considera que una economía necesita invertir alrededor del 25% del PBI para sostener procesos de crecimiento continuos y significativos.

La brecha resulta todavía más evidente cuando se analiza la inversión extranjera directa. En 2025 representó apenas el 0,5% del producto, muy lejos del 3,7% registrado por Chile y del 3,4% de Brasil.

Para el IERAL, el problema no radica en la ausencia de incentivos sectoriales sino en la persistencia de factores estructurales que deterioran el clima de negocios: inestabilidad macroeconómica, presión tributaria, controles cambiarios recurrentes, inseguridad jurídica y una política comercial que encarece insumos y reduce competitividad.

Una evidencia particularmente ilustrativa surge del comportamiento de los propios argentinos. Durante 2025, la compra de dólares para ahorro equivalió al 4,7% del PBI, casi tres veces más que la inversión extranjera directa recibida por el país.

La conclusión es clara: los recursos existen, pero las condiciones institucionales no generan los incentivos necesarios para canalizarlos hacia proyectos productivos.

Beneficios extraordinarios

El Súper RIGI propone otorgar estabilidad normativa durante treinta años y mejorar significativamente las condiciones previstas en el régimen vigente.

Entre los principales beneficios se destacan una alícuota de 15% para el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, exención total de derechos de exportación desde el inicio de las operaciones, eliminación del impuesto de sellos y una contribución patronal reducida para nuevas contrataciones.

En materia cambiaria, el esquema garantiza una creciente disponibilidad de las divisas generadas por exportaciones hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.

Según simulaciones realizadas por el IERAL, estos incentivos mejoran de manera sustancial la rentabilidad de los proyectos alcanzados.

Un emprendimiento industrial hipotético que bajo el régimen general obtendría una tasa interna de retorno del 6%, alcanzaría el 11,1% con el RIGI actual y el 12,4% con el Súper RIGI.

La mejora resulta significativa y explica el interés del Gobierno en utilizar este instrumento para acelerar inversiones de gran escala.

El riesgo de profundizar las desigualdades

Sin embargo, el informe de Fundación Mediterránea advierte que la iniciativa también plantea problemas relevantes.

El primero es que amplía la lógica de los regímenes diferenciales. En lugar de avanzar hacia un entorno de negocios más competitivo para todas las empresas, se crean nuevas excepciones destinadas a un universo muy reducido de inversores.

El segundo problema es político. Si las grandes compañías cuentan con mecanismos específicos para sortear las debilidades institucionales argentinas, disminuye la presión para encarar reformas estructurales que beneficien a todo el entramado productivo.

La tercera objeción apunta a los posibles efectos macroeconómicos. Una fuerte expansión de exportaciones provenientes de sectores como minería y energía podría incrementar el ingreso de divisas y generar una apreciación del tipo de cambio real.

Ese fenómeno favorecería a las actividades exportadoras beneficiadas por el régimen, pero podría afectar a sectores urbanos intensivos en empleo y también a numerosas economías regionales.

Una preocupación que resuena en Mendoza

La discusión adquiere especial relevancia para Mendoza.

La provincia posee una matriz productiva diversificada donde predominan actividades que difícilmente puedan acceder a proyectos superiores a US$ 1.000 millones, requisito central del nuevo régimen.

La vitivinicultura, la agroindustria, la producción frutícola, la industria alimentaria y buena parte de los servicios exportables dependen mucho más de la competitividad sistémica que de beneficios fiscales selectivos.

Por eso, diversos analistas observan con cautela un esquema que podría mejorar significativamente la situación de grandes proyectos mineros o energéticos mientras deja sin resolver problemas que afectan a miles de empresas medianas y pequeñas.

Desde esta perspectiva, el desafío no pasa únicamente por atraer inversiones extraordinarias sino por construir condiciones que permitan que el conjunto de la economía pueda invertir, exportar y crecer.

El debate de fondo

El propio IERAL reconoce que Argentina necesita incrementar de manera urgente su nivel de inversión y que el RIGI ha contribuido a destrabar proyectos relevantes.

No obstante, sostiene que el camino más sostenible consiste en avanzar sobre las reformas pendientes: consolidación fiscal, simplificación tributaria, eliminación definitiva de restricciones cambiarias, fortalecimiento institucional y mayor seguridad jurídica.

En esa visión, el país debería tender a universalizar buenas reglas en lugar de multiplicar regímenes especiales.

La discusión sobre el Súper RIGI, en definitiva, no se limita a una herramienta de promoción de inversiones. Lo que está en juego es si Argentina avanzará hacia un sistema donde cualquier empresa pueda desarrollarse bajo condiciones competitivas o si continuará construyendo una economía basada en excepciones cada vez más específicas.

Y para provincias como Mendoza, donde el crecimiento depende de miles de empresas productivas antes que de un puñado de megaproyectos, la respuesta a esa pregunta puede resultar determinante para el futuro del desarrollo regional.