Mendoza enfrenta un nuevo frente de crisis petrolera por la salida de YPF de los yacimientos maduros

La decisión de YPF de profundizar su retiro de los yacimientos convencionales para concentrar capital en Vaca Muerta abrió un nuevo conflicto en Mendoza, donde la actividad petrolera atraviesa uno de los procesos de transformación más profundos de las últimas décadas. La implementación del denominado Plan Andes II, mediante el cual la compañía transfiere áreas maduras a nuevos operadores privados, derivó en un paro general convocado por el Sindicato de Personal Jerárquico del Petróleo y Gas de Cuyo y La Rioja, que paralizó la producción en todos los yacimientos provinciales.

Detrás de la medida de fuerza no sólo aparece una discusión gremial. El conflicto expone las consecuencias económicas y sociales que puede tener la reconfiguración del negocio petrolero en una provincia cuya producción convencional pierde peso frente al desarrollo acelerado de los recursos no convencionales de Neuquén.

Una estrategia corporativa con impacto regional

La hoja de ruta de YPF responde a una lógica empresarial definida desde hace varios años. La compañía busca reducir su exposición en activos maduros, de menor rentabilidad y mayores costos operativos, para destinar recursos financieros y tecnológicos al desarrollo de Vaca Muerta, considerada el principal activo energético del país.

En ese contexto nació el Plan Andes, un programa destinado a desprenderse de áreas convencionales mediante acuerdos con operadores privados que asumen la continuidad de la explotación.

Sin embargo, esa transición genera incertidumbre entre los trabajadores y las empresas de servicios que durante décadas desarrollaron su actividad en Mendoza. El sindicato sostiene que el proceso se lleva adelante sin garantías suficientes para preservar los puestos de trabajo y denuncia que la transferencia de áreas podría derivar en una nueva ola de desvinculaciones.

El antecedente que alimenta la desconfianza

La principal preocupación del gremio tiene un antecedente concreto.

Según explicó el secretario gremial Sebastián Aguilar, la primera etapa del programa, conocida como Plan Andes I, dejó más de 500 trabajadores fuera de la actividad petrolera, sin posibilidades de reincorporación en el sector.

Esa experiencia constituye hoy el principal argumento sindical para rechazar el avance del Plan Andes II sin compromisos laborales firmes.

Desde la organización sostienen que la historia podría repetirse si no existen mecanismos que obliguen a los nuevos operadores a mantener la totalidad de las fuentes laborales y los contratos con las empresas de servicios que actualmente trabajan en los yacimientos mendocinos.

VenOil, en el centro de la discusión

Uno de los ejes del conflicto es la transferencia de áreas convencionales a VenOil, empresa que pasará a operar parte de los activos que YPF dejará de explotar directamente.

Para el sindicato, el problema no radica únicamente en el cambio de operador, sino en la ausencia de información precisa sobre las condiciones laborales que regirán durante el proceso de transición.

La organización denuncia que la petrolera avanzó sin una instancia de diálogo previa y reclama la firma de un compromiso escrito que garantice la continuidad de todos los trabajadores involucrados.

La falta de respuestas terminó precipitando la convocatoria al paro general que afecta la totalidad de los yacimientos e instalaciones de YPF en Mendoza.

Reclamos al Gobierno provincial

El conflicto también trasladó la presión al Gobierno de Mendoza.

El sindicato considera que la Provincia, como autoridad concedente de las áreas hidrocarburíferas, debe asumir un rol más activo durante el proceso de transferencia.

Desde el gremio sostienen que la administración provincial no puede limitarse a observar la reestructuración empresarial mientras disminuye la actividad económica y existe riesgo de pérdida de empleo en uno de los sectores estratégicos para la economía mendocina.

En ese sentido, reclaman la convocatoria de una mesa de negociación integrada por la empresa, los nuevos operadores, las organizaciones sindicales y el Ejecutivo provincial para acordar garantías laborales e inversiones futuras.

Un conflicto que trasciende lo salarial

La protesta incorpora además un componente previsional que incrementó el malestar entre los trabajadores.

El sindicato denunció que ANSES mantiene demorados numerosos expedientes jubilatorios correspondientes a operarios que ya reúnen todos los requisitos legales para acceder al beneficio.

De acuerdo con los datos aportados por la organización gremial, alrededor de veinte trabajadores llevan más de un año esperando una resolución administrativa, situación que además les impide percibir la Bonificación Extraordinaria por Egreso, equivalente a trece salarios prevista en el convenio colectivo del sector.

Para el gremio, esa demora genera un doble perjuicio: retrasa el acceso a la jubilación y bloquea el cobro de una compensación económica contemplada por la normativa vigente.

El gremio de los jerárquicos petroleros de Cuyo convocó a un paro este martes

Un escenario abierto para la industria

Mientras el paro continúa, el conflicto refleja una discusión mucho más amplia sobre el futuro de la actividad petrolera convencional en Mendoza.

La provincia enfrenta el desafío de sostener empleo, inversiones y producción en un contexto donde el centro de gravedad de la industria energética argentina se desplaza cada vez con mayor fuerza hacia los recursos no convencionales de la cuenca neuquina.

La resolución del conflicto dependerá de la capacidad de las partes para construir un esquema que permita compatibilizar la estrategia empresarial de YPF con la protección del empleo y la continuidad operativa de una actividad que sigue siendo relevante para la economía provincial.

Por el momento, el sindicato ratificó que la medida de fuerza continuará hasta obtener garantías concretas para todos los trabajadores involucrados en el proceso de transferencia de las áreas petroleras.