Un pedido de informes busca esclarecer cómo se valuaron los activos del Estado para la privatización

La polémica en torno al proceso de privatización de empresas públicas sumó un nuevo capítulo en el Congreso de la Nación. A partir de una investigación periodística publicada por Ámbito Financiero, el diputado nacional por Mendoza Martín Aveiro presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle cómo fueron realizadas las tasaciones de distintos activos estatales y explique por qué el Tribunal de Tasaciones de la Nación, organismo que la legislación reconoce como autoridad técnica en la materia, habría quedado excluido de ese procedimiento.

La iniciativa no cuestiona directamente la decisión política de avanzar con las privatizaciones impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. El foco está puesto en otro aspecto, igual de relevante desde el punto de vista institucional: determinar si el Estado respetó los mecanismos legales establecidos para fijar el valor de empresas y bienes públicos antes de iniciar su venta o concesión.

Los activos que quedaron bajo análisis

El proyecto solicita información detallada sobre las valuaciones realizadas para Nucleoeléctrica Argentina, Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas y las centrales hidroeléctricas Alicurá, Cerros Colorados, El Chocón y Piedra del Águila.

Se trata de activos estratégicos que concentran infraestructura vinculada con la energía, el transporte ferroviario, el servicio de agua potable y el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Precisamente por su relevancia económica y patrimonial, la metodología utilizada para establecer su valor adquiere una importancia central.

El punto de conflicto

La investigación periodística que dio origen al pedido de informes sostiene que el Tribunal de Tasaciones de la Nación habría sido desplazado del proceso mediante una decisión adoptada por su presidente, Julio Roberto Villamonte, sin la intervención del cuerpo colegiado del organismo.

Según esa reconstrucción, las valuaciones fueron derivadas al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), institución cuya actividad histórica estuvo vinculada al financiamiento del comercio exterior y que creó una Unidad de Valuaciones específica para asumir esa tarea.

Ese cambio es precisamente el aspecto que busca esclarecer el Congreso. La legislación vigente asigna al Tribunal de Tasaciones la responsabilidad técnica de intervenir en la valuación de los bienes públicos, por lo que el proyecto intenta establecer cuáles fueron los fundamentos jurídicos que permitieron trasladar esa función a otra entidad.

Quince preguntas dirigidas al Ejecutivo

El pedido de informes elaborado por Aveiro contiene quince consultas destinadas al Poder Ejecutivo.

Entre ellas solicita conocer quién decidió excluir al Tribunal de Tasaciones, cuál fue el sustento legal de esa determinación, qué organismos participaron finalmente de las valuaciones y qué metodología técnica se aplicó para fijar el valor de cada empresa o activo estatal.

Además, requiere información sobre la creación de la Unidad de Valuaciones del BICE, su estructura organizativa, los profesionales que la integran, sus antecedentes técnicos y el presupuesto asignado para desarrollar esa función.

La iniciativa también consulta si participaron organismos de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) o la Auditoría General de la Nación (AGN) y si existen investigaciones administrativas o judiciales vinculadas con estos procesos.

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El papel del Tribunal de Tasaciones

Uno de los ejes centrales del debate es determinar si se respetó el marco jurídico vigente.

El Tribunal de Tasaciones fue creado para garantizar que la determinación del valor de los bienes del Estado responda a criterios técnicos independientes y no quede librada a decisiones discrecionales.

De acuerdo con la investigación citada en el pedido de informes, si efectivamente el organismo fue apartado sin intervención de su cuerpo colegiado podrían haberse incumplido las normas internas que regulan su funcionamiento.

En ese sentido, se menciona la Resolución 72/2023, que establece que los asuntos considerados de especial importancia requieren la aprobación previa del cuerpo colegiado y no pueden resolverse únicamente por decisión de su presidente.

Para Aveiro, la valuación de empresas públicas que integran el patrimonio estratégico del Estado constituye claramente uno de esos casos.

El interrogante sobre el BICE

Otro de los puntos que concentra la atención es el nuevo rol asumido por el Banco de Inversión y Comercio Exterior.

El proyecto busca conocer bajo qué fundamento jurídico se le asignó la responsabilidad de realizar valuaciones patrimoniales, una función que históricamente no integró su objeto institucional.

También solicita precisiones sobre la normativa que permitió crear la Unidad de Valuaciones y las competencias específicas con las que actuó durante el proceso de privatización.

Las respuestas a esos interrogantes serán determinantes para evaluar si el procedimiento respetó las competencias previstas por la legislación vigente.

Transparencia en las valuaciones

Otro aspecto incorporado al debate es el acceso a la información pública.

La investigación periodística señala que parte de la documentación vinculada con las valuaciones fue clasificada como "información sensible" o "secreto financiero", lo que impidió conocer los criterios técnicos utilizados para determinar los valores de referencia.

Frente a esa situación, el pedido de informes reclama que el Ejecutivo explique los fundamentos legales de esa decisión y su compatibilidad con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Desde la perspectiva del proyecto, los procesos de privatización deben desarrollarse bajo estándares de máxima transparencia debido a que involucran bienes pertenecientes al Estado.

Más allá de la discusión sobre privatizar

El planteo impulsado desde la Cámara de Diputados trasciende el debate ideológico acerca de la conveniencia o no de privatizar empresas públicas.

La discusión propuesta apunta a verificar si las reglas institucionales destinadas a proteger el patrimonio estatal fueron respetadas durante la etapa de valuación, una instancia decisiva para garantizar que cualquier eventual transferencia de activos se realice sobre bases técnicas objetivas y con mecanismos de control adecuados.

En ese contexto, también aparecen interrogantes sobre la integración de la nueva unidad de valuaciones del BICE y sobre los montos que comenzaron a trascender respecto de algunos activos, particularmente AySA, donde distintos sectores plantean sospechas acerca de posibles subvaluaciones que podrían favorecer a futuros adjudicatarios.

Sea cual sea el desenlace del proceso, el pedido de informes instala una discusión que excede la política coyuntural y coloca en el centro del debate la transparencia, la institucionalidad y la forma en que el Estado determina el valor de su patrimonio antes de avanzar con uno de los programas de privatización más amplios de las últimas décadas.