Milei redefine su agenda: reforma política, Banco Central y un nuevo acuerdo con los gobernadores

La segunda mitad del año comenzó con una definición política que marca el rumbo del Gobierno nacional. La reunión que Javier Milei encabezó junto a sus legisladores en la Casa Rosada, complementada por un breve mensaje de Karina Milei, dejó en claro que la administración libertaria concentrará sus esfuerzos en dos reformas estructurales antes de fin de año: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y una profunda reforma del sistema político y electoral.

Ambas iniciativas tienen un denominador común: ninguna podrá concretarse únicamente con los votos propios de La Libertad Avanza. El oficialismo deberá construir acuerdos con gobernadores y sectores de la oposición dialoguista, un escenario que vuelve a colocar a Diego Santilli en el centro de la estrategia parlamentaria y política.

El Banco Central deja de ser el enemigo

Uno de los cambios más significativos del Gobierno es conceptual. A casi tres años de haber prometido "dinamitar" el Banco Central de la República Argentina, el presidente ahora impulsa exactamente lo contrario: una reforma destinada a fortalecer institucionalmente la entidad, aunque redefiniendo completamente su misión.

La iniciativa busca modificar la Carta Orgánica del BCRA para adecuarla al modelo que promueve el Fondo Monetario Internacional y que el ministro Luis Caputo suele describir como la "peruanización" de la economía argentina.

El objetivo consiste en limitar la actuación del Banco Central prácticamente a un único mandato: preservar el valor de la moneda y controlar la inflación, eliminando las facultades incorporadas durante la reforma de 2012.

Actualmente, la legislación vigente, impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont, establece que la autoridad monetaria también debe contribuir al desarrollo económico y a la preservación del empleo. Para la administración Milei, ese esquema constituye uno de los factores que facilitaron la utilización política de la emisión monetaria durante las últimas décadas.

La reforma todavía se encuentra en etapa de elaboración, pero representa uno de los compromisos asumidos por el Gobierno dentro de su programa económico.

La política vuelve al centro de la escena

Mientras el frente económico concentra la atención de los mercados, en la Casa Rosada consideran que la verdadera batalla de los próximos meses será política.

El relanzamiento del Gabinete pretende mostrar una nueva etapa de gestión. Luego de los avances obtenidos con la reforma laboral, la ley de glaciares y otras iniciativas impulsadas durante el primer semestre, el oficialismo intenta ampliar su agenda legislativa.

Entre las prioridades aparecen la aprobación definitiva de la denominada ley de Zona Fría, que permanece pendiente en el Senado, el financiamiento universitario comprometido por el Ejecutivo y nuevas modificaciones vinculadas al régimen de Inocencia Fiscal, promovidas por el Ministerio de Economía.

Sin embargo, ninguna de estas iniciativas ocupa el primer lugar en las preocupaciones de Karina Milei.

Eliminar las PASO sigue siendo el principal objetivo

La secretaria general de la Presidencia continúa concentrando buena parte de su capital político en una reforma electoral que modifique de manera permanente las reglas de competencia.

La eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigue siendo el principal objetivo del oficialismo. No obstante, el Gobierno reconoce que hoy no dispone de los votos necesarios para aprobar esa reforma en el Senado.

Ese diagnóstico es compartido tanto por Patricia Bullrich como por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quienes entienden que el proyecto solo podrá prosperar mediante una negociación amplia con los gobernadores.

Ante esa dificultad, comenzó a tomar fuerza una alternativa más pragmática: suspender las PASO únicamente para las elecciones del próximo año y dejar la discusión definitiva para una etapa posterior.

Los gobernadores vuelven a tener la llave

La negociación con las provincias aparece como el principal desafío político del oficialismo.

Los gobernadores aliados no muestran una defensa cerrada del sistema de primarias. En muchos casos, incluso planean desdoblar las elecciones provinciales, por lo que las PASO nacionales no constituyen hoy una prioridad política.

Sin embargo, el respaldo legislativo tendrá un precio.

Las provincias vuelven a reclamar compensaciones por la caída de la coparticipación, reactivación de obras públicas, aprobación de pliegos judiciales y mayores recursos para equilibrar sus cuentas fiscales.

Pero existe una condición que supera incluso las demandas económicas: que la Casa Rosada no intervenga electoralmente en los distritos provinciales.

Diego Santilli ya negocia con los gobernadores

La experiencia de los últimos procesos electorales dejó heridas abiertas. Varios mandatarios recuerdan que, pese a acuerdos previos, Karina Milei terminó promoviendo candidatos propios o presionando para ocupar lugares relevantes en las listas legislativas, situación que generó fuertes tensiones con distintos oficialismos provinciales, entre ellos el de Mendoza.

Por eso, la consigna que comienza a repetirse entre los gobernadores es sencilla: acompañar la suspensión de las PASO, siempre que el Gobierno respete la autonomía política de cada provincia.

La vuelta de las colectoras

Las conversaciones también incluyen otro cambio que hasta hace pocos meses parecía descartado: el regreso de las colectoras, adaptadas al nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

La propuesta permitiría que diferentes fuerzas provinciales compartan la candidatura presidencial de Javier Milei, manteniendo listas legislativas propias.

Para los gobernadores, el mecanismo ofrece una ventaja evidente: preservar sus estructuras políticas locales sin romper la alianza nacional con el oficialismo.

Para el Gobierno, en cambio, representa una herramienta para ampliar la base electoral sin resignar el liderazgo presidencial.

Más que una reforma electoral

Detrás de la discusión sobre las PASO existe un objetivo aún más profundo.

El Gobierno pretende avanzar hacia un esquema donde el Estado reduzca progresivamente su participación en el financiamiento de las campañas electorales, modificando uno de los pilares históricos del sistema político argentino.

Se trata de una reforma que combina aspectos institucionales, fiscales y políticos, y que requerirá un amplio consenso parlamentario.

En definitiva, el mensaje transmitido desde la Casa Rosada deja entrever que el oficialismo considera que la estabilización económica ya no será suficiente para consolidar su proyecto de poder.

La segunda etapa de la gestión estará atravesada por la construcción de acuerdos políticos capaces de sostener reformas estructurales. Y, en ese camino, la negociación con los gobernadores será tan determinante como la propia estrategia económica de Javier Milei.