por Redacción Mendoza Económico
La evolución de la recaudación tributaria de junio terminó de despejar una de las principales incógnitas que seguían abiertas entre analistas y operadores económicos: la recuperación de la actividad continúa siendo insuficiente para sostener un crecimiento genuino de los recursos fiscales. Los datos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) muestran que el Estado nacional percibió 20 billones de pesos, un incremento nominal del 23,7% respecto del mismo mes de 2025, una variación que quedó claramente por debajo de la inflación acumulada para ese período.
Más allá del crecimiento nominal, la comparación en términos reales vuelve a mostrar un escenario de contracción de los ingresos tributarios, una situación que se repite desde hace casi un año y que únicamente encontró un alivio transitorio durante mayo por el ingreso extraordinario proveniente del Impuesto a las Ganancias aplicado a las sociedades.
Ese efecto excepcional había alimentado la expectativa de que la economía comenzara finalmente a revertir la tendencia negativa que arrastraba desde hacía nueve meses. Sin embargo, el comportamiento de junio terminó por confirmar que aquella mejora respondía principalmente a cuestiones técnicas vinculadas con la base de comparación y no a una recuperación efectiva del nivel de actividad.
Una vez descontado el impacto extraordinario de Ganancias, la recaudación ya mostraba en mayo una baja real cercana al 9%. En junio, esa tendencia volvió a repetirse con una caída del 7,4%, consolidando un escenario que sigue reflejando debilidad tanto en el consumo como en la producción formal.
El desempeño de mayo había generado interpretaciones optimistas dentro del oficialismo económico. Sin embargo, diversos especialistas advirtieron que el incremento respondía a una menor base imponible registrada durante 2025 como consecuencia de anticipos tributarios realizados el año anterior.
Al desaparecer ese efecto estadístico, quedó en evidencia que prácticamente todos los grandes tributos continúan evolucionando por debajo de la inflación.
Este comportamiento constituye uno de los principales desafíos para la política fiscal del Gobierno, cuya estrategia continúa descansando sobre la obtención de superávit primario sin incrementar la presión tributaria.
Los impuestos vinculados al comercio exterior ofrecieron señales mixtas.
Las retenciones a las exportaciones descendieron 27,8% nominal, totalizando 881.128 millones de pesos, como consecuencia de dos factores principales: la reducción de las alícuotas aplicada a los principales cultivos, especialmente la soja, cuya tasa pasó del 26% al 24%, y la elevada base de comparación generada por la fuerte liquidación de divisas registrada un año atrás.
Los derechos de importación también mostraron resultados contradictorios según la metodología utilizada. Mientras algunas mediciones registraron un incremento nominal del 13,8%, otras estimaciones ubicaron la caída real en torno al 14%, asociándola principalmente a una reducción del volumen importado.
La disminución en las compras externas de bienes de capital e insumos industriales aparece como uno de los indicadores que varios economistas consideran una señal de menor inversión y de desaceleración de la actividad productiva.
Otro de los indicadores que suele anticipar la evolución económica es el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Durante junio, este tributo registró una disminución real del 3,9%, mientras que el IVA percibido por la Aduana retrocedió alrededor del 5%, afectado tanto por cuestiones técnicas de comparación como por una mayor utilización de planes de facilidades de pago.
Al mismo tiempo, los recursos provenientes del mercado laboral también evidenciaron un desempeño negativo.
Los aportes personales disminuyeron 4,6% y las contribuciones patronales retrocedieron 3,3%, en línea con el escaso dinamismo del empleo registrado y el crecimiento sostenido del trabajo independiente e informal.
La única excepción fue el Impuesto a los Combustibles, cuya participación sobre la recaudación total aumentó desde el 2,4% hasta el 3,3%, impulsado por la actualización del tributo y por el incremento del precio internacional del petróleo.
Para el ex director general de Aduanas Guillermo Michel, detrás de esta evolución de los recursos fiscales comienza a consolidarse un fenómeno de mayor profundidad: el avance de la informalización del mercado laboral.
Según su análisis, desde el inicio de la gestión de Javier Milei desaparecieron más de 300.000 puestos de trabajo asalariado formal, mientras crecieron tanto el empleo informal como las actividades por cuenta propia sin registración.
Esta transformación modifica la estructura de los aportes al sistema previsional y reduce la capacidad de generación de recursos tributarios asociados al empleo registrado.
El análisis elaborado por el economista Nadín Argañaraz, presidente del IARAF, amplía la mirada sobre el comportamiento del semestre.
Entre enero y junio la recaudación tributaria nacional acumuló una caída real del 5,3%, aunque el efecto fue diferente según el nivel de gobierno.
Mientras los ingresos propios de la Nación disminuyeron 6,4%, los recursos coparticipables destinados a las provincias retrocedieron aproximadamente 3%.
Traducido a valores constantes de junio, esto implica que el Estado nacional resignó alrededor de 5,3 billones de pesos, mientras que las provincias dejaron de percibir otros 1,2 billones, configurando una pérdida total cercana a 6,5 billones de pesos.
Para muchas administraciones provinciales, este escenario representa una presión creciente sobre las cuentas públicas en momentos donde también deben afrontar mayores costos operativos y menores márgenes financieros.
Otro de los aspectos destacados por el IARAF es la carga impositiva que soportan las familias asalariadas.
De acuerdo con sus estimaciones, un hogar formal destina prácticamente la mitad de sus ingresos al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Además, la incidencia varía según el nivel de ingresos.
Los hogares de menores recursos soportan proporcionalmente una carga más elevada en impuestos al consumo y sobre el trabajo, mientras que el Impuesto a las Ganancias concentra su peso únicamente en los sectores de mayores ingresos.
La estructura tributaria mantiene así un fuerte componente de imposición indirecta, que continúa afectando con mayor intensidad a los segmentos de menor capacidad de ahorro.
Frente a este escenario, el Gobierno continúa intentando preservar el equilibrio de las cuentas públicas mediante una combinación de reducción del gasto y actualizaciones selectivas de algunos tributos.
En las últimas semanas avanzó con nuevos recortes en subsidios al transporte y con una actualización parcial del Impuesto a los Combustibles, aunque decidió mantener durante el invierno una bonificación del 25% en las tarifas energéticas para los usuarios que reciben asistencia estatal.
La evolución de la recaudación confirma que, aun cuando el objetivo de superávit continúa siendo el eje central de la política económica, sostener ese resultado dependerá cada vez más de la evolución de la actividad económica.
Sin una recuperación más sólida del empleo registrado, del consumo y de la inversión privada, el margen para seguir ajustando el gasto sin afectar el funcionamiento del Estado comienza a reducirse.
En ese contexto, vuelve a instalarse un debate que trasciende la coyuntura: quién terminará financiando el superávit fiscal. La respuesta definirá no solo el futuro de las cuentas públicas, sino también la distribución del esfuerzo entre empresas, trabajadores, provincias y consumidores durante la segunda mitad del año.