Malvinas, soberanía y tierras: el proyecto que reabre un debate incómodo para el Gobierno

Trece millones de hectáreas, una superficie equivalente a la provincia de Santa Fe, ya están en manos de capitales extranjeros en la Argentina. Tomada de manera aislada, la cifra no explica del todo la magnitud del problema: representa apenas el 5% del territorio nacional, bien por debajo del techo del 15% que fija la Ley de Tierras desde 2011. El riesgo real del proyecto extranjerizante de tierras y recursos del gobierno de Javier Milei no se mide a escala país sino zona por zona: en 36 distritos ubicados sobre la cordillera, la frontera con Chile, Paraguay y Brasil, y las principales cuencas hídricas del país, el límite legal ya está superado. Y es justamente ahí donde apunta un proyecto que busca derogar esa norma bajo un nombre que la disimula: “inviolabilidad de la propiedad privada”.

Una ley que casi nadie discutió

La Ley de Tierras tiene su origen en la década del noventa, cuando ciertas flexibilizaciones normativas durante el gobierno de Carlos Menem aceleraron la venta de territorio a grupos económicos, fondos de inversión y empresas transnacionales. El fenómeno continuó durante los años 2000 hasta que, en 2011, el Congreso decidió ponerle un freno: la ley se aprobó con amplia mayoría en Diputados y prácticamente por unanimidad en el Senado, sin un solo voto en contra. Estableció un límite del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, prohibió que una sola nacionalidad concentrara la totalidad de ese porcentaje, vedó la compra de más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola y restringió el acceso a espejos de agua y zonas ribereñas. El primer intento de derogarla llegó con el DNU 70, frenado en enero de 2024 por un amparo presentado por excombatientes de Malvinas. Ahora el objetivo vuelve a estar sobre la mesa, esta vez incorporado a una ley ómnibus de cuarenta páginas.

El gobierno pretende avanzar con la modificación de la Ley de Tierras, pero un hecho extraordinario freno su idea

Dos artículos, ocho derogaciones

El corazón del proyecto se concentra en apenas dos artículos. El 29 deroga los artículos 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16 y 18 de la Ley de Tierras: exactamente los que fijan el tope del 15%, la protección de espejos de agua, la zona ribereña y la zona núcleo. El artículo 30, por su parte, deroga una norma de 1944 que declara de conveniencia nacional que las tierras de frontera permanezcan en manos de ciudadanos argentinos.

Donde el límite ya se superó

Si a nivel nacional todavía restarían por extranjerizar unos 26 millones de hectáreas antes de tocar el techo legal actual, una superficie similar a la de Buenos Aires, el problema no es cuantitativo sino geográfico. Ya existen 36 regiones que exceden los límites de la ley: la cordillera, la frontera con Chile, Paraguay y Brasil, la vera de la cuenca del Paraná y regiones ricas en minerales críticos e hidrocarburos. Allí la falta de control estatal dificulta rastrear el origen de los capitales que compran tierra, lo que facilita el avance de negocios legales, pero también de organizaciones dedicadas al narcotráfico y la trata de personas. Ningún país de la región, ni siquiera Paraguay o Brasil, permite hoy la compra de tierras en sus propias zonas de frontera.

De Lácar a Bariloche

El historiador Matías Oberlin, del Observatorio de Tierras, cita casos concretos para bajar el debate a la vida cotidiana. En Lácar, Neuquén, más de la mitad de las tierras están extranjerizadas desde los años noventa, un proceso que expulsó a familias enteras por la imposibilidad de sostener el costo de los alquileres. Más al sur, la cuenca alta de Bariloche alimenta al lago Nahuel Huapi, origen del río Limay, sobre cuyo curso operan centrales hidroeléctricas que abastecen a buena parte del sistema eléctrico nacional, incluido el conurbano bonaerense. “Si permitimos la extranjerización de eso, mañana pueden cerrarle el grifo a un lago”, grafica Oberlin.

Un proyecto con cuatro patas

La eventual derogación de la Ley de Tierras no es un hecho aislado sino parte de un esquema más amplio, que él resume en cuatro pilares: el debilitamiento de organismos estatales como el Conicet, las universidades públicas, Vialidad Nacional y Parques Nacionales; la flexibilización laboral, en un contexto de más de 26 mil fábricas cerradas desde el inicio de la gestión; la cesión de recursos naturales, con antecedentes en la modificación de la Ley de Glaciares y la derogación del relevamiento de tierras indígenas; y los beneficios impositivos a grandes corporaciones a través de regímenes como el RIGI y las concesiones de la hidrovía del Paraná y de centrales hidroeléctricas. El paralelismo que traza el historiador con el Pacto Roca Runciman de los años treinta, aquel “estatuto legal del coloniaje”, en la definición de Arturo Jauretche, resulta, cuando menos, elocuente de su lectura del proyecto.

El fútbol y la agenda

La discusión, mientras tanto, se cruzó con un episodio inesperado: la bandera de los jugadores argentino reclamando la soberanía sobre Malvinas en el final del épico partido frente a Inglaterra reinstaló un debate que el Gobierno y Javier Milei intentaron evitar a toda costa y deja al Ejecutivo en una posición más que incomoda que lo llevó al fracaso en el Senado y la postergación hasta el 6 de agosto