La Argentina que exporta y la Argentina que ya no puede pagar sus deudas

Hay una Argentina que crece a los saltos y otra que se hunde en cuotas impagas. Esa es, en síntesis, la fotografía que dejan los últimos indicadores del sistema financiero: mientras el discurso oficial insiste en los récords de exportación y en el potencial de Vaca Muerta, la morosidad de las familias argentinas con bancos y billeteras virtuales alcanzó en mayo un 15,5%, el nivel más alto desde la debacle de 2001. Es la contracara de un modelo que el Gobierno de Javier Milei presenta como exitoso y que, en los barrios y en el comercio de cercanía, se percibe de manera muy distinta.

Dos velocidades para una misma economía

El país transita, en rigor, a dos velocidades. Por un lado, el sector vinculado a los recursos naturales y a las finanzas crece a un ritmo acelerado. Por otro, el entramado productivo que sostiene el empleo formal y la clase media (unas 50.000 empresas industriales que emplean a más de un millón de trabajadores, desde la biotecnología hasta la metalmecánica) atraviesa una retracción severa. La ecuación es tan simple como incómoda: para un país de casi 50 millones de habitantes, resignar ese ecosistema productivo equivale a resignar a la propia clase media. Y esa resignación ya dejó huellas: en las últimas cinco décadas, atravesadas por crisis recurrentes, el tejido industrial argentino perdió cerca del 40% de su tamaño. Hoy, la contracción del mercado interno vuelve a golpear al comercio minorista y a los servicios profesionales, empujando a buena parte de los trabajadores hacia una informalidad que avanza sobre el empleo registrado con una voracidad inédita.

El costo se mide en cuotas impagas

Ese deterioro tiene, además, un correlato financiero concreto y medible. La morosidad del sector privado con el sistema bancario trepó en mayo a 7,6%, después de diecinueve meses consecutivos de subas desde el 1,5% de octubre de 2024. En el caso de las familias, el salto es aún más pronunciado: del 2,5% al 12,3%, con préstamos personales y tarjetas de crédito concentrando el 73% del saldo irregular. Pero el dato más elocuente llega desde las billeteras virtuales, donde la mora pasó de 7,3% a 29,6% en apenas dieciocho meses, perforando el techo que había dejado la pandemia. De los 20,9 millones de deudores del sistema, 5,8 millones están hoy en mora. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, cuatro de cada diez créditos son irregulares. El mapa territorial tampoco deja dudas: La Rioja, San Luis y Catamarca lideran el ranking de morosidad, mientras que apenas tres jurisdicciones del país logran mantener menos del 25% de sus deudores en situación irregular.

El relato oficial y los números que lo contradicen

El Gobierno atribuye este cuadro al desconocimiento financiero de quienes tomaron crédito, a apuestas especulativas a una devaluación que licuara deudas, a errores de los bancos y a tasas de interés altas que, según su versión, responden a la "irresponsabilidad" de una oposición que promovió, por ejemplo, la ley de financiamiento educativo.

Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. La escalada de la morosidad coincide con el desplome del poder adquisitivo: desde la asunción de Milei, el salario real registrado cayó 8,7%, caída que trepa a 18,7% si se corrige la medición inflacionaria con la canasta ENGHo 2017/18. El endeudamiento, entonces, no refleja consumo irresponsable sino insuficiencia estructural de ingresos. Tampoco resiste el discurso oficial la cronología: la irregularidad crediticia comenzó a subir mucho antes de las elecciones legislativas, ya en el último trimestre de 2024.

Hay, además, una responsabilidad de política económica que el Gobierno prefiere no mencionar. En julio de 2025, con la mora de las familias ya en niveles alarmantes (5,7% en bancos y 16,4% en billeteras), el equipo económico desarmó las LEFI y liberó diez billones de pesos de liquidez que el sistema financiero debió colocar rápidamente en créditos, en un contexto de tasas reales altísimas y con un control muy laxo, por parte de las billeteras virtuales, sobre la relación entre deuda e ingreso de sus usuarios. El resultado fue previsible: cuando el ingreso familiar no alcanza para cubrir todos los compromisos, el impago se derrama sobre el sistema bancario, aunque este haya sido más prudente al otorgar el crédito.

Por más que Javier Milei se enoje la economía no arranca 

La paradoja de las grandes inversiones

El mismo patrón se repite en el plano productivo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aporta divisas y robustece las cuentas públicas, pero su derrame sobre la economía real es, por ahora, muy limitado. Los proveedores locales de equipos y servicios para la minería y el petróleo (sectores en pleno auge) registran caídas de casi 6% interanual y trabajan con amplia capacidad ociosa, mientras los grandes proyectos importan insumos asiáticos fuertemente subsidiados. A eso se suma un déficit crónico de infraestructura vial que encarece los fletes internos y termina marginando a la producción nacional de sus propios mercados.

Sin licencia social no hay modelo que resista

El desafío, entonces, no es solo macroeconómico. Ninguna política de estabilización resulta sostenible si no logra reconectarse con la economía de la calle, recuperando empleo formal y poder de compra. Los grandes desarrollos extractivos necesitan, para perdurar, una licencia social que solo se construye con trabajo de calidad y no con superávit en los papeles. Los números de morosidad de mayo son, en ese sentido, una advertencia que el Gobierno haría bien en no seguir desoyendo.