Milei busca encadenar al Banco Central y al Congreso bajo la lógica del ajuste permanente

Con la promesa de terminar con casi un siglo de financiamiento del déficit mediante emisión, Javier Milei presentó una reforma que no se limita a modificar la Carta Orgánica del Banco Central. El proyecto también procura imponer una arquitectura institucional destinada a convertir el equilibrio fiscal en una obligación permanente, incluso a costa de restringir las facultades del Congreso y reducir la capacidad del Estado para responder ante emergencias económicas.

El paquete combina una profunda transformación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la creación del denominado “grillete fiscal”, un mecanismo que contempla congelar contrataciones, paralizar nuevas obras, interrumpir transferencias discrecionales a las provincias y suspender los salarios de altos funcionarios cuando las cuentas públicas acumulen déficit durante varios meses.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el directorio del BCRA tiene un objetivo político evidente: blindar el modelo económico libertario y limitar el margen de acción de los gobiernos que sucedan a Milei.

Un Banco Central subordinado a una sola doctrina

La reforma establece un objetivo bien lejano de aquel de campaña de dolarizar la económia o volar el Banco Central. Según el proyecto la entidad  rectora  tendrá una única misión: preservar el valor de la moneda. Bajo la premisa monetarista de que la inflación es siempre consecuencia de la emisión, la entidad quedaría impedida de asistir financieramente al Tesoro nacional, las provincias y los municipios.

La prohibición alcanzaría la compra de títulos públicos en el mercado primario, los adelantos transitorios y las letras intransferibles, que serían eliminadas. También se impondrían límites contables al giro de utilidades mediante una reserva técnica no distribuible.

El modelo toma como referencia la experiencia peruana y rompe con la concepción de los bancos centrales que incorporan entre sus responsabilidades la actividad económica y el empleo. La Reserva Federal estadounidense, por ejemplo, combina la estabilidad de precios con la promoción del máximo nivel de ocupación. La propuesta argentina, en cambio, reduciría toda la política monetaria a un único mandato.

El problema no reside solamente en la búsqueda de estabilidad, sino en la decisión de convertir una determinada teoría económica en una camisa de fuerza institucional. La reforma pretende cerrar de manera definitiva cualquier discusión sobre el papel del Banco Central, como si las crisis, las recesiones o las emergencias pudieran resolverse siempre con las mismas herramientas.

La emisión equiparada con un delito

Milei volvió a recurrir a cifras de enorme impacto, pero dudosa calidad,para justificar la reforma. Según sus propios cálculos, desde la creación del Banco Central, en 1935, la inflación acumulada llegó a 12.819.532.788.614.400.000 por ciento. Solo durante el siglo XXI, afirmó, los precios aumentaron 168.580 por ciento.

El Presidente utilizó esos números para describir la inflación como una forma de despojo ejercida por “la alta política” contra “los argentinos de bien”. También definió la captación de señoreaje como una “falsificación de dinero” y sostuvo que quienes recurren a la emisión para financiar el déficit conforman una “asociación ilícita” integrada por el Poder Ejecutivo, el Congreso y la conducción del Banco Central.

La iniciativa avanzaría incluso sobre el terreno penal. Las sanciones podrían alcanzar al presidente y a los directores del BCRA, a los funcionarios del Ejecutivo y a los legisladores que aprueben presupuestos deficitarios financiados mediante emisión.

Este punto abre una controversia institucional de gran magnitud. Penalizar a diputados y senadores por el sentido de su voto podría afectar las inmunidades parlamentarias y la división de poderes. El Congreso dejaría de actuar con plena autonomía para quedar condicionado por una amenaza penal asociada a decisiones propias de la política económica.

El kirchnerismo como justificación

El Gobierno presenta la reforma de 2012 como el antecedente que debe ser desmantelado. Aquella modificación, sancionada durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, con Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central, amplió los objetivos de la entidad hacia el desarrollo económico y la equidad social, además de flexibilizar los adelantos transitorios al Tesoro.

Milei acusó a la expresidenta y a Marcó del Pont de haber sustraído 10.000 millones de dólares de las reservas mediante el Fondo del Bicentenario, una cifra que, según afirmó, equivaldría actualmente a 15.000 millones de dólares. También sostuvo que la reforma de 2012 fue diseñada para permitir la emisión “bajo cualquier pretexto”.

Más allá de la dureza e imprecisión de las acusaciones, la iniciativa no se limita a revertir aquella Carta Orgánica. Busca impedir que una futura mayoría legislativa pueda modificar nuevamente el rumbo del Banco Central. Para remover a sus autoridades se exigiría el voto de dos tercios de ambas cámaras y se reforzaría el requisito de que su presidente sea designado con acuerdo del Senado.

El Gobierno intenta así elevar su programa económico a la categoría de política irreversible. La paradoja es evidente: una administración que reivindica la libertad procura restringir mediante mayorías agravadas las decisiones de gobiernos elegidos democráticamente en el futuro.

El “grillete fiscal” y la institucionalización del ajuste

El segundo componente del paquete es el “grillete fiscal”. La denominación elegida por el propio Gobierno expresa con claridad su propósito: sujetar la política presupuestaria a un mecanismo automático, independientemente del ciclo económico o de las necesidades sociales.

Si las cuentas públicas permanecen en rojo durante un período determinado y el Congreso no restablece el equilibrio, se activará un “shutdown”. El Estado congelará contrataciones, dejará de adjudicar obras nuevas y suspenderá las transferencias discrecionales a las provincias.

El impacto sobre las economías provinciales podría ser significativo. Las transferencias discrecionales y la obra pública suelen formar parte de la relación fiscal entre la Nación y las jurisdicciones. Su interrupción automática trasladaría parte del costo del desequilibrio nacional a los gobiernos provinciales, los municipios, las empresas contratistas y los trabajadores.

Mientras el mecanismo permanezca activo, también se suspenderían los salarios del presidente, el vicepresidente, los legisladores, los ministros, los secretarios y los subsecretarios. “Si la política no hace los deberes, la política pagará el costo”, afirmó Milei.

La medida tiene una indudable eficacia comunicacional, pero su relevancia fiscal sería limitada frente al tamaño del presupuesto nacional. Al centrar el debate en los salarios de la dirigencia, el Gobierno reactiva la idea de que el gasto político explica por sí solo los desequilibrios estructurales del Estado.

Jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, seguro de desempleo, salud, seguridad y defensa quedarían exceptuados. Sin embargo, la paralización de obras, contrataciones y transferencias tendría consecuencias económicas y sociales que excederían ampliamente a los funcionarios alcanzados por la suspensión salarial.

Acompañado de parte del gabinete, Javier Milei presentó el proyecto de reforma del BCRA

Un Estado sin herramientas ante las crisis

La reforma también eliminaría instrumentos utilizados históricamente frente a situaciones extraordinarias. Durante la pandemia, por ejemplo, Argentina recurrió a la emisión monetaria porque no tenía acceso al crédito. Con la nueva Carta Orgánica, esa alternativa quedaría cerrada.

Sin financiamiento del Banco Central, el Estado debería enfrentar una emergencia mediante mayor endeudamiento, aumento de impuestos o reducción inmediata del gasto. Si ninguna de esas opciones estuviera disponible, la ausencia de un prestamista de última instancia podría profundizar la crisis.

El proyecto parte de la idea de que toda intervención monetaria conduce inevitablemente a la inflación. Esa concepción omite que las herramientas económicas no operan de la misma manera en todos los contextos y que renunciar anticipadamente a ellas puede dejar al Estado sin capacidad de reacción cuando más la necesita.

Desregulación aseguradora y menos controles

El paquete incluye además medidas para el mercado de capitales y el sector asegurador. El Gobierno habilitaría la emisión de bonos corporativos en distintas monedas y avanzaría con una amplia desregulación en el diseño de las pólizas.

Según explicó Milei, esas pólizas podrían cubrir obligaciones del Estado. Las compañías aseguradoras también quedarían autorizadas para ofrecer nuevos productos sin la aprobación previa del organismo regulador.

La promesa oficial es ampliar la competencia y dinamizar el mercado. La contracara es una reducción de los controles en una actividad que administra el ahorro y la cobertura de millones de personas y empresas. La libertad para lanzar productos sin autorización previa podría generar una fuerte discusión legislativa y social sobre la protección de los asegurados.

El Congreso frente a su propio condicionamiento

La discusión recién comienza. El oficialismo deberá conseguir que el Congreso apruebe una norma que limitará sus propias facultades presupuestarias y expondrá a los legisladores a eventuales sanciones por decisiones vinculadas con el déficit.

La reforma se presenta como una garantía contra la inflación y el desorden fiscal. Pero detrás de esa promesa aparece un proyecto más amplio: constitucionalizar, por la vía de los hechos, el programa económico de Milei y reducir la capacidad de futuras administraciones para modificarlo.

El debate no será únicamente técnico. Lo que está en juego es quién define la política económica, qué herramientas conserva el Estado para enfrentar una crisis y hasta dónde puede un gobierno condicionar las decisiones de los que vendrán. Bajo el nombre de “grillete fiscal”, el oficialismo propone encadenar mucho más que el déficit.