por Marcelo López Álvarez
El debate sobre el rumbo de la economía argentina ingresó en una fase inédita. Las advertencias sobre las fisuras del esquema actual ya no provienen exclusivamente de la oposición: empiezan a emerger también desde las usinas de pensamiento liberal y de analistas que suelen acompañar el ideario del Gobierno nacional. En el centro de la escena convergen hoy dos dinámicas que operan como un freno de mano para la recuperación: el aumento de la incobrabilidad en las deudas de las familias y un virtual techo cambiario que empieza a pasarle factura a la rentabilidad del sector productivo.
La narrativa oficial sobre la caída del poder adquisitivo quedó expuesta de forma contundente tras las declaraciones de Javier Milei. Al referirse a las dificultades que atraviesan los hogares para cubrir los saldos de las tarjetas o devolver préstamos, el presidente sentenció que “nadie te puso una pistola en la cabeza” para tomar un crédito que luego no se puede pagar. La réplica más letal no llegó desde el progresismo, sino del economista Diego Giacomini, antiguo coautor de los libros del actual jefe de Estado.
A través de sus redes sociales, Giacomini desarmó el argumento presidencial: señaló que la política monetaria diseñada por el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo, es la responsable última del ahogo financiero de la sociedad. Según esta visión, al licuar los ingresos, disparar los costos de los servicios públicos y sostener tasas de interés que corren por detrás de la inflación, fue el propio programa económico el que empujó a la población hacia la morosidad y la pérdida de empleo formal.
Ese deterioro financiero de los particulares golpea de lleno en la macroeconomía. Según informes recientes de La Nación y análisis de especialistas como Marina Dal Poggetto, el sistema bancario endureció drásticamente sus exigencias frente al aumento de la mora. Sin acceso fluido al financiamiento, la expectativa de recomponer el consumo masivo queda prácticamente clausurada y, con ella, el motor más inmediato de la actividad interna.
A la sequía del crédito se suma la consolidación de lo que la consultora 1816 bautizó en informes privados como una “nueva línea en la arena”. El Banco Central desplegó diversas intervenciones para evitar a toda costa que la cotización de la divisa supere la barrera de los 1.500 pesos. La estrategia, pensada para mantener la inflación bajo control, encierra una trampa para los sectores transables: con costos de producción en pesos que siguen subiendo y un dólar inamovible, las fábricas pierden competitividad para exportar y quedan en desventaja frente al abaratamiento relativo de las importaciones.
Ante ese escenario, las voces cercanas al oficialismo empiezan a dejar plasmada su disidencia. Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger, sugirió que la economía funcionaría de manera más armónica con un tipo de cambio libre, al que denominó “dólar vocero”, situándolo en torno a los 1.800 pesos. Su razonamiento se apoya en un dato clave del ahorro nacional: como los argentinos atesoran el equivalente a unos cuatro productos brutos internos en moneda extranjera, un abaratamiento relativo del país en dólares incentivaría a esos actores a volcar sus divisas en la economía real, reactivando áreas de demanda interna como la construcción y la gastronomía. Roberto Frenkel, histórico referente de la heterodoxia, coincide en ese punto y sostiene que la divisa debe subir inevitablemente, asumiendo un costo inflacionario marginal, para que la actividad arranque.

El campo comienza a sentir fuerte el atraso cambiario
La inquietud cambiaria alcanza también al corazón del entramado agroexportador. Salvador Di Stefano, consultor habitualmente alineado con las ideas libertarias, encendió las luces de alarma sobre el margen de ganancia del productor rural. Con un tipo de cambio estancado en 1.500 pesos, precios internacionales estables para la soja y un incremento en los costos del combustible por los conflictos bélicos internacionales, los números no cierran. “El Excel no da”, graficó el analista. Esa asfixia explica la retención de la cosecha y priva al Estado de una recaudación clave vía derechos de exportación, un factor que agrava el panorama fiscal en un contexto donde los ingresos por IVA e impuesto al cheque tampoco logran empatarle a la inflación por la caída de los salarios.
Pese a estas tensiones, las encuestas de alcance nacional, como las publicadas por Clarín, marcan una radiografía partida: el Gobierno retiene su piso de competitividad electoral, pero casi el 60 % de los consultados reconoce estar pasándola mal en el plano económico.
La Casa Rosada, ajena a los reclamos inmediatos, prefiere mantener la vista fijada en un horizonte de largo plazo. Durante una entrevista reciente con Luis Majul, el presidente Milei minimizó las advertencias sobre el estancamiento y trazó un pronóstico singular: el inminente éxito de sectores estratégicos como Vaca Muerta y la minería, sumado a las ganancias de productividad que traerá la inteligencia artificial, generará un volumen de riqueza tal que el esfuerzo laboral disminuirá. Los argentinos, según la promesa presidencial, volcarán entonces sus altos ingresos hacia una floreciente “industria del ocio”, abaratando precios y multiplicando el consumo en cines, restaurantes y teatros.
Entre la promesa teórica de ese porvenir y el pragmatismo de un “Excel que no da” en el presente continuo, el oficialismo enfrenta su propio dilema. La economía argentina espera una señal para volver a ponerse en marcha, mientras mercados, empresas y familias se preguntan si el modelo tendrá la muñeca política necesaria para calibrar el rumbo antes de que el cerrojo cambiario ahogue el capital de tolerancia social.