Propiedad privada: el oficialismo ganó la votación, pero perdió dos capítulos clave

El Gobierno consiguió en el Senado la aprobación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió pagar un costo político considerable para sostener una mayoría cada vez más ajustada. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, y fue girada a la Cámara de Diputados después de perder dos de sus capítulos más controvertidos: la modificación de la Ley de Tierras Rurales y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, reanudó la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio, sin necesidad de reunir nuevamente el quórum. El respaldo que alguna vez llegó a 44 senadores se había reducido a unos 38 aliados. A los 21 votos propios se sumaron nueve de la UCR, tres del PRO y representantes provinciales de Misiones, Corrientes y Chubut.

El resultado permitió salvar una versión recortada de una iniciativa que llegó cinco veces al recinto y fue perdiendo contenido durante la negociación.

Un trámite bajo cuestionamiento

La oposición recibió la última versión del dictamen apenas una hora antes del comienzo de la sesión. Daniel Bensusán, senador justicialista por La Pampa, denunció que el archivo no tenía membrete ni firma y contenía decenas de modificaciones. José Mayans, jefe del interbloque peronista, pidió que el texto regresara a comisión, pero su moción fue rechazada por 38 votos contra 31.

La discusión incluyó una impugnación contra Joaquín Benegas Lynch por su vinculación con una empresa dedicada a vender tierras argentinas a extranjeros. El senador rechazó el planteo porque ese capítulo ya había sido retirado. Los pedidos de Anabel Fernández Sagasti y del radical Flavio Fama para participar de manera remota fueron enviados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Desalojos más rápidos y límites a las expropiaciones

El texto aprobado habilita un procedimiento más veloz para recuperar inmuebles. Cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo podrá solicitar su restitución inmediata y, si el juez considera suficientes los elementos presentados en una evaluación preliminar, podrá ordenar la entrega sin esperar la sentencia definitiva.

Agustín Coto, miembro informante, sostuvo que el propósito es evitar que los propietarios sean perjudicados por las demoras judiciales. Los desalojos por ocupaciones ilegales pasarán a tramitar por vía sumarísima en lugar del procedimiento ordinario.

El peronismo advirtió, en cambio, que el régimen también alcanzará a inquilinos con contratos que acumulen deudas. Mariano Recalde señaló que la medida se adopta “en un contexto en el que la gente no llega a fin de mes y se endeuda”, mientras que Ana Marks cuestionó que se aceleren las expulsiones sin ofrecer respuestas para quienes no pueden afrontar un alquiler. En la votación particular de este capítulo, el oficialismo reunió 36 votos porque Terenzi se abstuvo.

La reforma también endurece las condiciones para que el Estado expropie bienes privados. Restringe el concepto de utilidad pública, eleva las exigencias para justificar la medida y fortalece la posición del propietario al determinar la indemnización, que deberá contemplar tanto el valor del bien como las pérdidas derivadas de la expropiación. El entrerriano Adán Bahl recordó que las expropiaciones son medidas de última instancia. Mayans calificó el proyecto de “inconstitucional” y afirmó que busca impedir que el Estado recupere bienes o empresas transferidos al sector privado.

Bullrich defendió la iniciativa como una reparación para quienes sufrieron usurpaciones o abusos estatales. “Ahora nadie te va a poder avasallar”, afirmó al cerrar el debate.

Patricia Bullrich y el Gobierno tuvieron que bajar los dos principales capítulos de la Ley para poder aprobarla

El límite impuesto por los aliados

El oficialismo no consiguió sostener las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. La norma vigente prohíbe cambiar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y durante 30 años el de tierras agropecuarias. El Gobierno pretendía flexibilizar esas restricciones porque considera que castigan a los propietarios de los inmuebles incendiados.

La decimoséptima versión del dictamen amplió la reforma: además de eliminar el artículo 22 quater, derogaba el 22 ter, incorporado en 2020 para permitir que las provincias extendieran las restricciones sobre bosques nativos incendiados. Esos cambios no figuraban en los borradores utilizados por Bullrich para negociar con los bloques dialoguistas.

Durante la jornada, Eduardo “Wado” de Pedro recorrió despachos para reunir los votos necesarios contra el capítulo. La resistencia sumó a radicales, legisladores provinciales y antiguos aliados del oficialismo. Ante una derrota segura, Coto anunció el retiro de todo ese apartado.

Mientras el Senado deliberaba, manifestantes permanecieron frente al Congreso bajo la lluvia y el operativo policial utilizó gases. Cerca de las nueve de la noche, Juliana Di Tullio informó que una fotógrafa había sido trasladada gravemente herida al Hospital Argerich.

La votación dejó así un balance doble. Bullrich preservó la aprobación general y envió el proyecto a Diputados, pero no logró conservar sus capítulos centrales ni la amplitud de la coalición que lo había acompañado en intentos anteriores. El radical Maximiliano Abad sintetizó una de las diferencias dentro del bloque de apoyos: “Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo”.