La vitivinicultura en zona crítica: costos en alza, precios atrasados y fincas que se abandonan

La crisis de la vitivinicultura mendocina ya no puede explicarse únicamente por una cosecha desfavorable. La vendimia 2026 cerró con una caída superior al 12% respecto del ciclo anterior, pero el dato productivo es apenas una parte del problema que denuncia la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM).

Para la entidad, el sector atraviesa un deterioro estructural que amenaza con expulsar al pequeño y mediano productor, paralizar explotaciones y desarmar el entramado económico y social construido alrededor de la actividad. El núcleo de la crisis está en una ecuación que dejó de ser sostenible: los costos suben, los precios de la uva y del vino permanecen atrasados y los pagos se extienden durante meses.

Una ecuación productiva que ya no cierra

La energía eléctrica, los combustibles, los jornales, los agroquímicos, los impuestos y las tasas municipales y provinciales acumularon fuertes aumentos. En el otro extremo de la cadena, el valor que recibe el productor por su uva o por el vino elaborado se mantiene en niveles similares, o incluso inferiores, a los de hace dos o tres años.

El desfasaje se profundiza por la extensión de los plazos de pago. El productor debe afrontar los gastos de cada etapa del ciclo agrícola, sostener al personal y cumplir con sus obligaciones mientras los ingresos llegan cada vez más tarde. El resultado es un flujo de caja insuficiente para explotaciones que ya trabajan a pérdida.

La AVM sostiene que esta dinámica no solo reduce la rentabilidad, sino que compromete la continuidad de las fincas. Cuando una explotación deja de realizar tareas básicas, el deterioro productivo se acelera y la posibilidad de recuperar el terreno exige varios años de inversión.

Los viñateros denuncian que la vitivinicultura esta atravesando una sus peores crisis

El costo de mantener una hectárea

El presidente de la asociación, Eduardo Córdoba, puso cifras concretas al problema. “Podar hoy una hectárea de parral está, según la zona, entre 350.000 y 400.000 pesos. La atadura, otros 400.000 pesos. Pedimos un operativo de fácil acceso para hacer las tareas urgentes. Estamos viendo fincas con cañota en el último alambre. Poner en marcha una hectárea de viñedo es un sacrificio muy grande, y algunos ya están arrancando las cepas”, describió.

La poda y la atadura son tareas indispensables para sostener el viñedo, pero muchos productores no cuentan con los recursos necesarios para realizarlas. La consecuencia visible es el abandono de fincas en distintos puntos de Mendoza y, en los casos más extremos, la erradicación de las plantas.

Perder una hectárea productiva implica desandar años de desmonte, nivelación y cultivo. Recuperarla demanda entre tres y cuatro años de inversión continua antes de que la tierra vuelva a producir. Para una pequeña explotación, ese período puede convertirse en una barrera imposible de superar.

Una crisis que excede los límites de la finca

El deterioro no queda circunscripto al productor primario. Según la AVM, la vitivinicultura representa cerca del 15% del PBI de Mendoza y sostiene más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La actividad también funciona como soporte del turismo, la gastronomía, la hotelería y la proyección internacional de la provincia.

La parálisis de las explotaciones destruye fuentes laborales y profundiza el éxodo rural. Familias que durante años vivieron del trabajo agrícola deben trasladarse hacia los centros urbanos del Gran Mendoza en busca de los ingresos que el campo ya no puede garantizarles.

Para la asociación, la ausencia de respuestas institucionales pone en riesgo mucho más que una unidad productiva. Sin viñateros, contratistas y obreros rurales, también se debilitan la Vendimia, el enoturismo y una parte central de la identidad económica y cultural mendocina.

El rechazo a los cambios en las reglas del sector

La AVM cuestionó los intentos de eliminar el Control de Ingreso de Uva (CIU), certificado que define como el título de propiedad del productor cuando entrega su cosecha en una bodega. El documento deja constancia del volumen, la variedad y el grado alcohólico de la uva entregada. Su eliminación o debilitamiento, advierte la entidad, dejaría al viñatero expuesto a la arbitrariedad del comprador.

La asociación también rechazó una eventual autorización de la refermentación porque considera que esa práctica reduciría la transparencia sobre el volumen real de vino y mosto disponible en el mercado y podría favorecer maniobras especulativas contra la producción primaria.

A estas objeciones se suma la preocupación por el desmantelamiento progresivo de organismos con incidencia agropecuaria, como el INV, el IDR, el INTA y la FTYC. Sus herramientas de información, investigación, asistencia técnica y financiamiento son consideradas indispensables por los productores.

Financiamiento y previsibilidad para continuar trabajando

La Asociación de Viñateros de Mendoza reclamó financiamiento accesible para las tareas urgentes, prórrogas para obligaciones difíciles de afrontar y reglas comerciales claras. El planteo fue dirigido a los gobiernos provincial y nacional, a los que pidió una redefinición de las políticas destinadas al sector agroindustrial.

Córdoba resumió la urgencia del reclamo: “No llegamos a cancelar los compromisos con nuestros empleados, pagar la energía eléctrica, necesitamos posponer pagos en ATM solamente para seguir trabajando. Tenemos que proteger la cultura del trabajo que es la vitivinicultura. No estamos pidiendo subsidios, sino apoyo”.

La advertencia de la AVM apunta al corazón del modelo productivo provincial. La continuidad de la vitivinicultura depende de que los productores puedan atravesar el presente sin abandonar sus fincas, sostener el empleo y conservar la capacidad de iniciar un nuevo ciclo agrícola.