El dinero de las indemnizaciones podrá financiar al Tesoro sin límites

Mientras Luis Caputo sigue enfrentando serias dificultades para conseguir financiamiento en los mercados internacionales de capitales y la volatilidad global vuelve a presionar sobre el riesgo país argentino, Economía encontró un nuevo camino para financiarse: la plata de los cada vez más escasos trabajadores argentinos registrados.

Con la firma de Caputo, el Ministerio de Economía terminó de delinear uno de los engranajes más sensibles de la reforma laboral sancionada el año pasado: el destino del dinero de los Fondos de Asistencia Laboral, conocidos por la sigla FAL.

La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, define los instrumentos habilitados para canalizar los aportes mensuales de los empleadores y establece un punto que no pasó inadvertido entre los operadores del mercado: los títulos del Tesoro nacional son el único activo sin límite de inversión.

La decisión llega en un momento incómodo para las finanzas públicas. Con el riesgo país todavía lejos de los niveles necesarios para regresar de manera ordenada al financiamiento externo, el Gobierno ve en los FAL una pieza clave para sostener la demanda de pesos en las licitaciones de deuda.

Un régimen creado por la reforma laboral

Los FAL nacieron al amparo de la Ley 27.802 y comenzarán a funcionar el 1º de noviembre, cuando los empleadores privados queden obligados a destinar una porción de sus contribuciones patronales a constituir un fondo de respaldo para el pago de indemnizaciones. Las grandes empresas deberán aportar el equivalente al 1% de las remuneraciones computables; las micro, pequeñas y medianas, el 2,5%. El esquema no representa un costo adicional, ya que se compensa con una reducción de las cargas patronales vigentes.

La resolución completa la reglamentación iniciada con el Decreto 408/2026 y define en qué activos podrán colocarse esos recursos. La lista incluye títulos de deuda del Estado nacional, bonos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables de empresas privadas. Las acciones quedan excluidas.

Luis Caputo dejo todo listo para echar mano a los fondos de indemnizaciones para financiar el Estado

Los límites que no alcanzan al Tesoro

Allí aparece la diferencia central. Para la deuda subnacional, Economía fijó un tope conjunto del 15% del patrimonio del fondo, con un máximo del 5% por jurisdicción. Las obligaciones negociables corporativas pueden representar hasta el 20%, con un límite del 10% por emisor. Los depósitos bancarios en una misma entidad no podrán superar el 15%. Los instrumentos vinculados de algún modo al tipo de cambio, incluidos los bonos duales en su porción dollar linked, tienen un techo conjunto del 10%.

Los títulos del Tesoro, en cambio, no tienen piso ni techo porcentual. Tampoco están sujetos a la exigencia de doble calificación crediticia AAA que deben cumplir los títulos provinciales y las obligaciones negociables para ser elegibles. Esa combinación, sin límite de concentración ni filtro de rating, convierte a la deuda pública nacional en el destino natural y menos restringido para el dinero que comience a acumular el sistema.

Las proyecciones que circulan en la city hablan de un flujo de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares anuales una vez que el régimen esté en plena marcha. Ese volumen ya había sido anticipado por analistas del mercado a comienzos de año, cuando el proyecto todavía era una promesa legislativa.

Liquidez, pesos y prohibición de autopréstamos

La norma también impone un piso de liquidez del 10% del patrimonio en instrumentos de bajo riesgo y rápida disponibilidad, como depósitos a la vista, plazos fijos precancelables o Letras del Tesoro con vencimientos inferiores a 90 días. Si ese porcentaje cae por el pago de indemnizaciones, la entidad tendrá 90 días corridos para recomponerlo.

Todos los activos deberán estar nominados y ser pagaderos en pesos, además de ser emitidos y negociados en mercados locales. La resolución también prohíbe que las entidades habilitadas coloquen los fondos en instrumentos propios o de sus vinculadas, salvo en depósitos operativos transitorios.