Bodega Norton rechazó irregularidades y defendió su reorganización

Una operación por la compra de vino, financiada mediante un crédito bancario y respaldada por una sociedad de garantía recíproca, abrió un nuevo frente judicial para Bodega Norton. La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza imputó a tres directivos de la compañía por una presunta maniobra con cheques emitidos poco antes de su presentación en concurso de acreedores.

El directorio de la bodega rechazó esta tarde “cualquier interpretación” que le atribuya un beneficio indebido o una conducta irregular. La empresa sostuvo que ni ella ni sus colaboradores fueron notificados de la causa y que, según afirmó, ni siquiera conocían su existencia.

La respuesta incluyó un mensaje dirigido a despejar dudas sobre la continuidad del negocio. Norton aseguró que su proceso de reorganización avanza “a buen ritmo” y que mantiene relaciones comerciales con la mayoría de sus proveedores históricos.

La compañía también expresó su intención de “transmitir tranquilidad a nuestros clientes, proveedores, distribuidores y consumidores sobre el futuro de Bodega Norton como una de las bodegas líderes de Argentina”.

Una operación comercial con polemica 

El caso se originó en una operación realizada en 2024. La Cooperativa San Carlos Sud le vendió a Bodegas Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet por poco más de 503 millones de pesos.

Para agilizar el pago, las partes acordaron recurrir a un crédito del Banco Santander Río. El financiamiento fue gestionado a nombre de la Cooperativa, debido a que su condición de pyme le permitía acceder a mejores condiciones.

Norton asumió la deuda mediante una cesión a favor de la Cooperativa y se comprometió a cancelar el capital del crédito, los intereses y los gastos derivados de la operación.

El esquema incorporó a un tercer actor: Acindar Pymes, una sociedad de garantía recíproca que avaló el préstamo ante la entidad financiera. Como respaldo, recibió la cesión de la factura correspondiente a la venta del vino, un instrumento que le permitía cobrarle directamente a Norton.

Según la Fiscalía, la operatoria se desarrolló de acuerdo con lo pactado hasta septiembre de 2025. El crédito vencía el 9 de ese mes, pero Norton no lo canceló.

Los representantes de la Cooperativa se enteraron recién el 21 de octubre, luego de sucesivas comunicaciones con el banco, de que Acindar había cubierto el pago. La sociedad de garantía recíproca quedó entonces subrogada en los derechos del Banco Santander contra la Cooperativa.

La Cooperativa San Carlos Sud denunciante de la posible estafa

Seis cheques emitidos antes del concurso

La investigación penal se concentra en lo ocurrido durante las semanas posteriores al incumplimiento. Norton se presentó en concurso de acreedores el 31 de octubre de 2025, con la cesación de pagos fijada retroactivamente al 17 de septiembre.

Antes de esa presentación, representantes de la bodega negociaron con la Cooperativa y con Acindar la forma de cancelar la deuda por la compra del vino. La alternativa acordada fue la emisión de seis cheques por un total de 955 millones de pesos.

Norton libró los documentos el 29 de octubre. Los cheques no fueron entregados directamente a Acindar, que había quedado como acreedor real de la obligación, sino a la Cooperativa San Carlos, a la que se le pidió que los endosara.

Según la interpretación del fiscal Alejandro Iturbide, ese procedimiento permitió que Acindar obtuviera un título ejecutivo por fuera del concurso de acreedores, actualmente en trámite ante un juzgado comercial de la ciudad de Buenos Aires. También habría permitido que Norton ganara tiempo frente a la verificación de ese crédito dentro de su proceso concursal.

La acusación contra los directivos

La Fiscalía sostiene que la Cooperativa fue incorporada como endosante de los documentos “mediante engaño, diálogos cordiales, recursos técnicos y persuasivos” desplegados por tres directivos de Norton: David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez.

De acuerdo con la investigación, Sánchez mantenía en paralelo conversaciones con Carlos Moyano, representante de Acindar Pymes, mientras se negociaba la instrumentación de los cheques.

Sobre la base de esos elementos, Iturbide imputó a Bonomi, Shulz y Sánchez como coautores del delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, contemplado en el artículo 173, inciso 3°, del Código Penal. Moyano fue imputado como partícipe primario.

La acusación no se limita al libramiento de cheques para cancelar una deuda preexistente. En su resolución del 11 de agosto, el fiscal consideró que los hechos posteriores al incumplimiento configuraron una obligación cambiaria adicional creada mediante ardid, con un presunto perjuicio patrimonial para la Cooperativa San Carlos.

Dos posiciones frente a la investigación

La causa tramita bajo el expediente P-137.642/25. Las actuaciones llegaron a la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de una consulta formulada por Susana Muscianisi, anterior titular de la Fiscalía de Instrucción n.° 3, quien pidió directivas particulares ante la disparidad de criterios entre las partes.

Los abogados de la Cooperativa San Carlos, Claudio Fernando Caballero y Juan Bautista Ferrari, consideran que existen motivos suficientes para profundizar la investigación sobre la actuación de los directivos de Norton y de Acindar.

La posición de la sociedad de garantía recíproca es diferente. Su apoderado, Pablo Gastón Pereyra, y su abogado patrocinante, Santiago Pontis Day, solicitaron el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.

La causa penal y el futuro de la bodega

Con las imputaciones formalizadas, el expediente ingresó en la etapa de instrucción. Al mismo tiempo, continúa el juicio ejecutivo que Acindar Pymes inició contra la Cooperativa San Carlos ante la Justicia comercial de Buenos Aires.

Los dos procesos avanzan mientras Norton procura sostener su reorganización y sus vínculos comerciales. La bodega confía en que la resolución judicial confirmará que no existió ninguna conducta contraria a derecho y apuesta a que la investigación no interfiera con el proceso de reorganización que, de acuerdo con su comunicado, continúa “a buen ritmo”.