La nafta subió 558% y un salario privado compra diez tanques menos que en 2023

El precio de la nafta expone una de las contradicciones más visibles de la economía argentina. Mientras YPF exhibe el mejor balance de su historia y el Gobierno presenta el superávit fiscal como su principal logro, los automovilistas necesitan destinar una porción cada vez mayor de sus ingresos para cargar combustible.

Durante los primeros dos años y medio de la gestión libertaria, la nafta súper acumuló una suba del 558%. En el mismo período, los salarios privados avanzaron un 311%. La diferencia entre ambas variables se tradujo en una fuerte pérdida de poder adquisitivo: un sueldo promedio permite comprar hoy diez tanques menos que en noviembre de 2023.

Del precio contenido al salto en los surtidores

La escalada comenzó tras la devaluación del 54% aplicada al inicio del actual Gobierno y la posterior desregulación del mercado de combustibles. Hasta entonces, el sector funcionaba con precios contenidos y aumentos escalonados.

La modificación del tipo de cambio, la liberación de los valores y la actualización de los impuestos se trasladaron rápidamente a las estaciones de servicio. Desde ese momento, los incrementos se sucedieron de manera constante.

En noviembre de 2023, el litro de nafta súper costaba $311. Hoy supera los $2.000. El aumento no se explica únicamente por la inflación general. Medido en dólares, el combustible registró una suba cercana al 45% durante el último año, por encima de buena parte de los precios de la economía.

El resultado es una brecha considerable entre la evolución de los ingresos y el costo de llenar el tanque. Los salarios crecieron un 311%, mientras la nafta aumentó un 558%. Esa distancia representa el ajuste que terminaron absorbiendo los consumidores.

El precio de la nafta pulverizo la posibilidad de llenar el tanque

Un sueldo alcanza para diez tanques menos

La pérdida se observa con mayor claridad al comparar cuántos litros pueden comprarse con un salario privado promedio. En noviembre de 2023, ese ingreso permitía llenar 26,3 tanques de 50 litros. Actualmente alcanza para 16,4.

Son casi diez tanques menos, equivalentes a una caída del 38% en el poder de compra de combustible. Llenar un tanque de 50 litros ya demanda más de $100.000, una cifra que condiciona tanto el uso cotidiano del vehículo como la organización del presupuesto familiar.

El contraste atraviesa toda la política energética. Los balances corporativos muestran resultados récord y las cuentas públicas registran superávit, menos deuda y mayor disponibilidad de fondos. En la economía diaria, el encarecimiento del combustible reduce la capacidad de consumo y agrega presión sobre otros precios.

La pregunta es cuánto tiempo puede sostenerse un esquema que mejora los números fiscales y empresariales mientras deteriora el ingreso disponible de quienes utilizan el vehículo para trabajar o desarrollar sus actividades cotidianas.

Petróleo argentino a valores internacionales

La evolución del precio presenta otra paradoja. Argentina produce la nafta que consume y cuenta con una oferta creciente de petróleo. La producción de Vaca Muerta aumentó un 47% en el último año, mientras las refinerías trabajan al máximo de su capacidad.

Pese a esa disponibilidad, el mercado interno toma como referencia valores internacionales, como si el combustible fuera importado. El país paga así precios de economía compradora aun cuando dispone de producción propia.

Esta definición excede al automovilista. Gran parte de los bienes consumidos en Argentina recorre algún tramo en camión. Cuando aumenta el gasoil, sube el costo del transporte y ese incremento termina trasladándose a las góndolas.

Los combustibles pueden sumar hasta 2,5 puntos a la inflación anual, según estimaciones privadas. Su precio influye en alimentos, productos industriales, servicios y logística. Incluso quienes no tienen vehículo terminan pagando el incremento al realizar sus compras.

Fondos viales que no regresan a las rutas

A los valores definidos por el mercado se agregan los impuestos a los combustibles. Una parte de esa recaudación debe destinarse, por ley, a construir y mantener la red vial.

Durante los últimos dos años y medio, se recaudaron $1,5 billones con esa finalidad específica. Solo el 26% fue ejecutado efectivamente en obras. Los $1,1 billones restantes quedaron colocados en plazos fijos y bonos del Estado.

La relación es directa: de cada $100 aportados por los automovilistas para mejorar las rutas, apenas $26 regresaron en infraestructura vial.

Con los recursos no ejecutados podrían haberse reparado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas, una extensión cercana a dos tercios de la red nacional. Los fondos contribuyen al resultado fiscal mientras las calzadas continúan deteriorándose.

La política de combustibles alimenta así dos resultados favorables: los balances del sector energético y la caja fiscal. Para los consumidores, la contracara aparece en cada visita al surtidor, en el costo del transporte y en los precios de los productos básicos.