Créditos UVA y fondos de la ANSES: los límites del plan oficial

A un año de las elecciones legislativas, la gestión económica de Javier Milei comenzó a mostrar un pragmatismo que contrasta con la rigidez de su discurso fundacional. La quinta conferencia de prensa ofrecida por el ministro de Economía, Luis Caputo, en apenas un mes y medio dejó una señal inequívoca: para reactivar el crédito hipotecario y la construcción, el Gobierno recurrirá a fondos públicos, regulación estatal y una consigna hasta ahora rechazada por el oficialismo, la justicia social.

Un giro en el discurso

Caputo sostuvo que facilitar el acceso a una vivienda constituye, ante todo, una cuestión de “justicia social”. La definición resulta llamativa dentro de una administración cuyo presidente ha calificado ese concepto como una “inmundicia”, una “aberración”, un “crimen” y un “delito”. Más allá de la contradicción retórica, la elección de las palabras expone la necesidad de encontrar instrumentos capaces de impulsar una economía real que todavía no acompaña el desempeño de algunos indicadores macroeconómicos.

El ministro también incorporó términos poco habituales en el vocabulario libertario. Habló de “motorizar”, “impulsar” y “empujar” la actividad. El crédito hipotecario dejó de aparecer como una simple transacción entre particulares y pasó a ser presentado como una herramienta para movilizar la construcción, generar empleo y alentar la compra de muebles, electrodomésticos y otros bienes durables.

Fondos públicos para créditos privados

La iniciativa consiste en reconfigurar los plazos fijos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Mediante licitaciones con entidades financieras, los depósitos pasarán de tener vencimientos de un año a extenderse hasta cinco. El objetivo es ofrecerles a los bancos un fondeo más estable para que puedan otorgar préstamos hipotecarios a plazos mayores.

La medida procura atenuar uno de los problemas históricos del sistema financiero argentino: el descalce de plazos. Los bancos captan depósitos a muy corto término, en muchos casos a 30 días, pero deben prestar esos recursos durante 15, 20 o 30 años. Extender los depósitos públicos hasta cinco años reduce esa brecha, aunque está lejos de eliminarla.

Ese descalce es inherente a la actividad bancaria y se administra mediante encajes, requisitos de liquidez y límites sobre el porcentaje de los fondos que puede prestarse. La regulación estatal, por lo tanto, no aparece como un elemento ajeno al sistema, sino como una condición para su funcionamiento. El anuncio difícilmente pueda ser presentado como un resultado espontáneo del libre mercado: es una intervención pública destinada a sostener la oferta de crédito privado.

Las estimaciones oficiales indican que el esquema permitiría financiar entre 17.000 y 18.000 viviendas. El alcance es moderado frente al déficit habitacional argentino, pero el Gobierno confía en su efecto multiplicador. Cada casa nueva activa la compra de materiales, muebles y artículos para el hogar, con impacto sobre distintos sectores industriales y comerciales.

Luis Caputo busca reactivar los créditos hipotecarios

El límite de los ingresos

La ingeniería financiera, sin embargo, resuelve solo una parte del problema. El principal obstáculo para una expansión del crédito hipotecario no es únicamente la falta de préstamos, sino la pérdida de capacidad de pago de las familias.

Las nuevas líneas mantienen una relación estricta entre la cuota y el ingreso: el compromiso mensual no podrá superar entre el 25% y el 30% de los recursos netos del grupo familiar. El criterio busca evitar el sobreendeudamiento, pero reduce considerablemente el universo de potenciales beneficiarios.

Alquileres, tarifas de electricidad, gas y agua, transporte público y medicina prepaga absorben una proporción creciente de los salarios. Aunque la inflación general se desacelere, el incremento de esos gastos fijos deteriora el ingreso disponible. Para muchos hogares, el dinero restante apenas alcanza para cubrir los consumos esenciales, mucho menos para asumir una cuota durante varias décadas.

A esa dificultad se suma el riesgo de los préstamos ajustados por UVA. La indexación exige estabilidad de precios, pero también continuidad laboral y una evolución de los salarios que acompañe el costo del crédito. En un mercado de trabajo marcado por la precarización y la reducción de personal incluso en sectores como el bancario, comprometerse a largo plazo representa una decisión de enorme exigencia para la clase media.

El pragmatismo como respuesta

El cambio de orientación no se limita a las hipotecas. El Gobierno reactivó obras viales mediante licitaciones, promovió créditos en dólares incluso para empresas que no generan divisas, redujo la tasa de interés para estimular la actividad y aceptó una suba moderada del tipo de cambio. También refinanció vencimientos de deuda e intervino en el mercado de futuros para contener las expectativas de devaluación.

La ejecución del nuevo plan hipotecario mostró, de todos modos, cierta distancia entre el anuncio político y los mecanismos de fiscalización. Consultado sobre cómo se controlará que los bancos no superen el tope de tasa del 7,5% establecido para los fondos públicos, Caputo respondió: “No tengo idea, se lo paso a los entendidos porque yo no sé”. La posterior explicación sobre la creación de un régimen informativo procuró completar una respuesta que había dejado expuesta la fragilidad operativa del anuncio.

El Palacio de Hacienda parece haber comprendido que la estabilidad de las cuentas públicas no alcanza para modificar la realidad cotidiana. La economía puede exhibir un tablero macroeconómico ordenado y, al mismo tiempo, apagarse en cada semáforo, como aquel Volkswagen 1500 “Azul Cosmos” de impecable apariencia que necesitaba ser empujado para volver a arrancar.

El crédito hipotecario puede aportar ese impulso, pero no reemplaza la recuperación del salario real. Sin ingresos suficientes y previsibles, el fondeo bancario de largo plazo será apenas un alivio parcial. En la antesala del año electoral, el Gobierno eligió dejar a un lado parte de su dogma y recurrir al Estado para intentar que la economía llegue a las urnas con el motor encendido.