Los bancos dieron de baja 143.143 préstamos por $4,4 billones

Los bancos dieron de baja 143.143 préstamos en mora por un total de $4,4 billones, ante las escasas posibilidades de recuperar el dinero. Los créditos representan el 3,1% de todo el financiamiento otorgado por las entidades.

Según datos del Banco Central procesados por la consultora EcoGo, $2,9 billones corresponden a líneas concedidas en pesos y otros $1,5 billones, a deudas denominadas en dólares.

El deterioro se aceleró en poco más de un año. A fines de 2024, los préstamos derivados a pérdida sumaban 74.250 casos y representaban apenas el 2% del stock total. A comienzos de 2026 ya rondaban las 132 mil cuentas. El último registro llevó la cifra hasta el actual máximo de 143.143 operaciones.

Los bancos pasaron a perdida y vendieron las carpeta de más de 140 mil créditos

Dar de baja un crédito no significa perdonarlo

Que un banco retire un préstamo de sus activos no implica que la deuda desaparezca ni que la entidad renuncie a cobrarla.

"Son préstamos que por normativa los bancos tuvieron que sacar de su activo, pero que siguen existiendo esperando algún recupero, ya sea por vía judicial o venta", explicó Sebastián Menescaldi, director de EcoGo.

La clasificación utilizada por el Banco Central contempla distintas categorías según el nivel de atraso. La situación 3 incluye demoras de entre tres y seis meses. La categoría 4 comprende incumplimientos de seis meses a un año. En la situación 5 aparecen las obligaciones con más de doce meses de mora, habitualmente consideradas irrecuperables.

El problema inmediato se concentra en la franja anterior. El 54% de los deudores en dificultades se encuentra actualmente en situación 4, por lo que una parte importante de la cartera podría avanzar hacia la categoría más grave.

Normalizar el historial tampoco es un proceso inmediato. Según los criterios del BCRA, una persona ubicada en situación 4 necesita realizar tres pagos consecutivos en término para descender a la categoría 3. Después deberá esperar otros dos meses para que su nombre desaparezca del Veraz. En total, el proceso demanda al menos cinco meses.

El mercado de las carteras morosas

Cuando las vías habituales de cobro se agotan, los bancos privados suelen vender las carteras con atrasos superiores a 180 días a estudios jurídicos o empresas especializadas en cobranzas. La banca pública no participa de esta práctica.

Las operaciones se concretan por valores que oscilan entre el 4% y el 6% del saldo original. "Es un negocio que los bancos privados manejan de taquito", describen en el sector financiero.

El circuito comienza cuando la entidad constituye previsiones por el 100% del crédito. Posteriormente, el área comercial ofrece la cartera a una firma de recupero. Desde ese momento, las posibilidades de cobro dependen de la documentación disponible y de la capacidad para ejecutar el título.

Los estudios analizan si existen pagarés firmados, cuentas sueldo susceptibles de embargo, codeudores o garantías. También consideran si pueden localizar a la persona por teléfono, correo electrónico o en su lugar de trabajo.

La ubicación geográfica y el nivel de formalidad laboral resultan determinantes. No es lo mismo gestionar una deuda en el Área Metropolitana de Buenos Aires o en un centro urbano de ingresos elevados que hacerlo en regiones extensas, con altos niveles de informalidad y mayores dificultades para localizar al titular.

El objetivo de las empresas de cobranza es triplicar la inversión: adquirir una deuda por el equivalente al 5% de su valor y recuperar alrededor del 15%.

Una oportunidad y varios recaudos para los deudores

La venta de las carteras abre una posibilidad para quienes acumulan obligaciones impagas. Como los estudios adquieren esos créditos por una fracción de su valor, el deudor puede llegar a cancelar su compromiso por un monto considerablemente inferior al saldo original.

Sin embargo, antes de aceptar una propuesta o realizar un pago, debe verificar que el estudio esté efectivamente autorizado para cobrar. También tiene que exigir la documentación respaldatoria de la deuda y la constancia que acredite que el acreedor original transfirió el crédito.

Las amenazas telefónicas de embargo de sueldo o ejecución inmediata tampoco deben tomarse automáticamente como ciertas. Para que exista un embargo debe intervenir la Justicia y mediar una resolución judicial.

En el mercado circulan historias que muestran la importancia de comprobar cada reclamo. Una de ellas corresponde a un cliente con buen historial y pagos puntuales que falleció. Tiempo después, su familia recibió la intimación de un estudio jurídico por el saldo de una tarjeta de crédito.

Cuando los familiares se presentaron en la sucursal, comprobaron que no existía ninguna obligación pendiente. Las tarjetas cuentan con un seguro de vida que cubre el saldo en caso de fallecimiento del titular.

Las refinanciaciones también alcanzaron un récord

Mientras una parte creciente de la cartera se transforma en pérdida contable, los bancos aceleran la renegociación de las deudas que todavía pueden recuperarse.

Según cálculos de la consultora 1816, el volumen reestructurado con éxito llegó a $2,6 billones, equivalente al 3,7% del stock total. Se trata del mayor registro histórico.

La refinanciación presenta una fuerte concentración. Cuatro entidades explican el 70% de las operaciones. Banco Galicia encabeza la lista con el 32,1%, seguido por Banco Provincia (14,7%), Santander (14,2%) y Banco Nación (9,7%).

Dos estrategias frente a la misma crisis

La banca pública y la privada eligieron caminos diferentes para contener el deterioro.

Las entidades privadas diseñan propuestas reservadas y adaptadas a la situación de cada cliente. Los bancos públicos, en cambio, implementaron programas masivos y abiertos.

Banco Nación informó que reestructuró 102.505 operaciones correspondientes a 89.608 clientes, con un promedio de $4,6 millones por transacción.

Del total refinanciado, $322.600 millones correspondieron a 64.249 titulares que ya se encontraban formalmente en mora. Otros 36.424 casos de premora en tarjetas de crédito representaron $129.600 millones. Las restantes 1.832 operaciones de premora sumaron $24.100 millones.

El banco oficial también incorporó la posibilidad de unificar deudas propias y de otras entidades por hasta $100 millones, mediante esquemas ajustados por UVA con plazos de hasta 120 meses.

Para las tarjetas de crédito con hasta 90 días de atraso ofrece planes digitales autogestionables. El programa permite refinanciar saldos de hasta $10 millones, con un plazo máximo de 60 meses y una tasa nominal anual fija del 35%.

Entre la pérdida y el rescate

El sistema financiero convive así con dos movimientos simultáneos. Por un lado, retira de sus balances una porción creciente de créditos que considera prácticamente incobrables. Por el otro, multiplica las alternativas de refinanciación para evitar que las obligaciones actualmente recuperables sigan el mismo camino.

El récord de préstamos dados de baja muestra la profundidad del deterioro acumulado. El crecimiento de las reestructuraciones revela, al mismo tiempo, que bancos y deudores todavía buscan una salida antes de que la mora se transforme definitivamente en pérdida.