La UIA alertó por la crisis industrial y el Gobierno ratificó la apertura económica

Con las primeras filas vacías por la ausencia del oficialismo en el acto central de la UIA, la conmemoración del 2 de septiembre se convirtió en escenario del choque entre dos visiones de país irreconciliables. La caída de la demanda, el aumento de los costos y los embargos fiscales asfixian a las pymes, mientras el Gobierno ratifica un rumbo en el que el libre mercado no admite contemplaciones con quienes quedan en el camino.

La ausencia del Gobierno en el acto de la UIA

La celebración del Día de la Industria, el pasado 2 de septiembre, funcionó como una radiografía del clima político y económico de la Argentina. En política, los símbolos suelen hablar más que los discursos. Mientras la Unión Industrial Argentina (UIA) realizaba su acto central en la sede del laboratorio nacional ELA, perteneciente a las familias Sigman y Sielecki, el Gobierno nacional optó por una ausencia total en sus primeras líneas de representación.

No fue un problema de agenda. El ministro de Economía, Luis Caputo, recién llegado de los Estados Unidos, prefirió eludir la cita fabril para participar del foro libertario “Vientos de Cambio”, donde la prédica oficial queda a salvo de reclamos.

Esa distancia simbólica tiene su correlato económico. La UIA eligió reunirse en una planta de capitales nacionales, mientras el sector farmacéutico local observa con recelo los beneficios oficiales otorgados a competidores extranjeros, plasmados en el acuerdo de patentes del Congreso. La Casa Rosada, en tanto, decidió que su mejor saludo a los industriales fuera el silencio de una silla vacía.

La preocupación por las industrias paradas tensa la relación entre industriales y gobierno

La “tormenta perfecta” y el empleo en jaque

La desconexión política refleja una crisis profunda en la economía real. La actividad manufacturera atraviesa lo que el sector describe como una “tormenta perfecta”: el desplome de la demanda de numerosos bienes, el aumento de las tarifas de los servicios públicos y un tipo de cambio que corre por debajo de la inflación, resta competitividad externa y abre la puerta a las importaciones. A este cuadro se suman la presión recaudadora y financiera, con embargos activos sobre las cuentas de empresas que registran morosidad fiscal.

El emergente más alarmante es el deterioro del empleo formal registrado. Frente a esta situación, el relato oficial ofrece una respuesta pragmática y fría. Sostiene que la pérdida de puestos formales se compensa con el cuentapropismo y la informalidad, bajo el argumento de que la industria tradicional “cazaba en el zoológico” y cobraba precios abusivos. Para el oficialismo, la reconversión es obligatoria y el Estado no subsidiará el costo de la transición.

Entre el equilibrio de Techint y el choque frontal

La representación fabril también expone sus propias tensiones internas. Martín Rappallini, quien se expresa desde la conducción de la UIA, ensayó un difícil equilibrio discursivo. Históricamente alineado con la mirada de Techint y el liderazgo de Paolo Rocca, debe canalizar las quejas de las bases sin romper puentes con un gobierno cuyo orden macroeconómico valora. Como dueño de Cerámica Alberdi, es también beneficiario directo de inversiones mineras vinculadas al RIGI.

Con esa doble agenda, Rappallini describió una realidad heterogénea. Admitió mejoras en nichos puntuales, pero advirtió que la mayoría de los sectores industriales todavía no recuperó los niveles de 2022 y se encuentra entre un 15% y un 30% por debajo. Su pliego de pedidos fue moderado: solicitó el restablecimiento del crédito, incentivos para la actividad y que la AFIP suspenda los embargos durante 90 o 180 días para aliviar a las pymes.

La prudencia de Rappallini chocó con la beligerancia de Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA y dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). Como representante de una metalurgia golpeada por el parate, Moretti denunció una “política de desindustrialización” llevada adelante por un gobierno de financistas que no sabe nada de la realidad y advirtió que “no hay industria sin escuelas técnicas, universidades, CONICET o INTI”.

El dirigente santafesino cargó contra Luis Caputo, a quien calificó de “trader” y “endeudador” que no conoce una fábrica. También cuestionó que, mientras incrementaba sus finanzas personales un 37% en dólares en un año, endeudara al país.

La respuesta del dogma oficial

La réplica oficial ratificó que no habrá concesiones. Desde el atril de “Vientos de Cambio”, Caputo aclaró que la administración no cederá ante el lobby: “No voy a defender a empresarios, voy a defender el interés de todos los argentinos”.

Pablo Laviñe, secretario de Coordinación Productiva, completó esa línea durante el Santa Fe Business Forum, donde expuso con claridad el modelo: la prioridad son los bienes baratos para el consumidor final y, si algunas firmas locales deben cerrar, se trata de un costo aceptable de la libre competencia.

La justificación de esta postura reside en el dogma del presidente Javier Milei y de su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Milei clausuró cualquier expectativa de auxilio sectorial: “No vamos a flexibilizar la política fiscal ni la monetaria. El resultado fiscal no se negocia”, afirmó. También calificó de “delincuentes” a quienes piden intervenciones y remarcó que su futuro personal está asegurado dando conferencias.

Sturzenegger sintetizó el plan en una frase: el único papel del Estado es “defender los derechos de propiedad” mediante el equilibrio fiscal.

Ganadores, perdedores y el veredicto del mañana

El modelo consolida una economía de dos velocidades. De un lado aparecen ganadores claros, vinculados con actividades primarias y de gran escala, como la minería, el litio, el agro y la energía, junto con las corporaciones beneficiadas por el RIGI. Del otro quedan las industrias orientadas al consumo interno y el entramado pyme, asfixiados por los costos locales, el retraso cambiario, la presión tributaria y una apertura unilateral frente a gigantes como China, que subsidia su producción, en un mundo cada vez más proteccionista.

El choque entre ambos modelos no es puramente técnico: tiene una indudable dimensión social y política. El Gobierno decidió someter su diseño económico al escrutinio de las urnas en las elecciones legislativas del año próximo. Será entonces cuando la sociedad defina qué variable pesa más en su vida cotidiana: el alivio de una inflación en descenso o la asfixia del desempleo y las dificultades diarias para llegar a fin de mes.

En esa encrucijada se juega mucho más que el destino de las fábricas.