Vecinos de Maipú reclaman una coparticipación más justa y asistencia para el agua potable

Cincuenta mil firmas no se juntan de un día para el otro, y menos en un departamento donde la política vecinal suele moverse con cautela. Sin embargo, eso fue lo que consiguió un grupo de maipucinos que esta semana llegó hasta la Legislatura provincial para respaldar dos proyectos de ley que, dicen, vienen a corregir una injusticia que se arrastra desde hace años: la manera en que Mendoza reparte entre sus departamentos la plata que todos aportan.

La consigna que circuló puerta a puerta resume el reclamo sin vueltas: que los recursos de los maipucinos vuelvan a los maipucinos. Detrás de la frase hay un mecanismo bastante más técnico, aunque de efectos muy concretos para cualquier vecino que paga sus impuestos y después espera (a veces en vano) que el Estado le devuelva algo en forma de asfalto, cloacas o agua corriente.

El fondo común y la torta que no alcanza

Cada vez que alguien en Maipú abona un tributo nacional o provincial, una porción de ese dinero engrosa un fondo que la Provincia luego distribuye entre los dieciocho departamentos mendocinos. Es el sistema de coparticipación, y ahí es donde los vecinos autoconvocados encontraron el problema: Maipú aporta como el tercer departamento más poblado de Mendoza, pero a la hora de cobrar, el criterio vigente lo ubica quinto, detrás de Guaymallén, Las Heras y Godoy Cruz.

La diferencia no es un matiz estadístico. Se traduce, año tras año, en menos fondos disponibles para obra pública, mantenimiento urbano y el funcionamiento cotidiano del municipio. El primer proyecto presentado apunta directamente a esa distorsión: actualizar la fórmula de reparto para que responda a la cantidad real de habitantes y no a un esquema que (según entienden quienes impulsan la iniciativa) quedó desactualizado frente al crecimiento demográfico del departamento.

El senador Luis Novillo, receptor de los reclamos que se comprometió a transformarlos en proyectos legislativos

Agua que cuesta más cara según quién la reparta

El segundo proyecto nace de un problema mucho más palpable en el día a día: el agua potable. En buena parte del territorio maipucino, el servicio no llega de la mano de AYSAM, la empresa provincial, sino a través de cooperativas y uniones vecinales que extraen el recurso mediante perforaciones propias. Esas perforaciones, para funcionar, necesitan energía eléctrica, y la factura que genera ese consumo no es menor.

Ahí aparece la segunda desigualdad que denuncian los vecinos: mientras AYSAM recibe aportes estatales para afrontar el costo eléctrico de sus perforaciones, las cooperativas y uniones vecinales quedan afuera de ese beneficio y deben pagar la tarifa plena, sin ningún tipo de asistencia. El proyecto busca terminar con esa asimetría y que la Provincia otorgue el mismo respaldo económico a todos los prestadores, sean grandes o pequeños, bajo el argumento de que el acceso al agua potable constituye un servicio esencial que no debería depender de quién lo administre.

Un pedido de equidad, no de privilegio

Quienes impulsan ambas iniciativas fueron particularmente cuidadosos al presentar el reclamo: no piden un trato especial para Maipú, sino que se corrija una distorsión que hoy perjudica al departamento frente al resto de la provincia. La diferencia es sutil pero importante en términos políticos, porque despega al planteo de cualquier lectura sectorial y lo instala como una cuestión de justicia distributiva.

Las más de 50.000 firmas (una cifra que, en un departamento de la escala de Maipú, representa una porción significativa del padrón) funcionan como el principal argumento de peso frente a los legisladores. El mensaje que los vecinos autoconvocados quisieron dejar en la Legislatura fue directo: la comunidad ya se expresó, y ahora depende de la voluntad política que ambos proyectos avancen en las comisiones correspondientes.

El debate que se abre en la Legislatura

Ninguna de las dos iniciativas implica, al menos en su formulación actual, una erogación adicional para la Provincia que no esté ya contemplada dentro del propio sistema de coparticipación y de subsidios energéticos existentes. Se trata, en definitiva, de redistribuir lo que ya circula, no de generar un gasto nuevo. Esa característica podría facilitar el debate legislativo, aunque el trámite recién empieza y su destino dependerá de cómo lo tomen los bloques con representación en la Legislatura.

Por ahora, el capítulo que se abrió esta semana dejó una certeza: el reclamo por una coparticipación más justa y por un acceso equitativo al agua dejó de ser una discusión de despacho para convertirse en una demanda con respaldo popular explícito. Lo que viene, entre comisiones y dictámenes, dirá si esa fuerza vecinal alcanza para torcer una ecuación que Maipú considera, desde hace tiempo, desfavorable.