Tensión en la minería: proveedores defienden el empleo local frente al planteo de Nación

La discusión sobre cuánto de la riqueza generada por la minería debe permanecer en las provincias donde están los yacimientos abrió un nuevo frente entre el Gobierno nacional y los actores del sector. La Federación Argentina de Proveedores Mineros (FAPROMIN) salió a responder con dureza al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, luego de que el funcionario cuestionara las normas provinciales que establecen mecanismos para priorizar la contratación de trabajadores y empresas locales.

El contrapunto excede una discusión jurídica. En el fondo enfrenta dos miradas sobre la forma en que debería desarrollarse la minería argentina en momentos en que el país busca atraer grandes inversiones, especialmente para proyectos de cobre y litio.

Lucero considera que los cupos provinciales de empleo local son inconstitucionales porque introducen restricciones dentro del mercado nacional. Su argumento es que un trabajador argentino debería poder trasladarse de una provincia a otra para aprovechar una oportunidad laboral sin encontrar barreras derivadas de su lugar de residencia.

FAPROMIN rechaza esa interpretación y sostiene que las políticas provinciales destinadas a favorecer la contratación local constituyen una pieza central del modelo que permitió mejorar la aceptación social de la actividad minera.

“Parece que desde la Capital Federal no entendieron, aún, que la licencia social de la que goza hoy la minería en Argentina se logró, en buena parte, mediante el esfuerzo entre provincias, proveedores y empresas mineras para que la actividad genere verdadero valor en cada uno de los distritos”, señaló la Federación en el comunicado difundido durante el fin de semana.

Luis Lucero, Secretario de Minería de la Nación, desató otra vez la polémica 

Una discusión que va más allá del empleo

Para los proveedores, la relación entre minería y territorio resulta determinante. Cuanto mayor es la participación de trabajadores y empresas de las zonas donde se encuentran los recursos, argumentan, mayores son las posibilidades de que las comunidades perciban beneficios concretos derivados de la explotación minera.

“Es simple: a mayor generación de empleo local y contrataciones de proveedores de las zonas y provincias dueñas de los recursos, las comunidades aceptan la minería como una actividad esencial para sus territorios”, afirmó FAPROMIN.

La respuesta apunta directamente contra el planteo de Lucero, quien cuestionó las regulaciones provinciales que fijan porcentajes o preferencias para trabajadores y proveedores locales. El secretario sostuvo que ese tipo de restricciones genera una suerte de fragmentación del mercado laboral y defendió la libertad de contratación y circulación de trabajadores entre las distintas jurisdicciones.

La Federación invierte el razonamiento. Considera que garantizar oportunidades laborales y comerciales a las comunidades próximas a los proyectos no representa un obstáculo para las inversiones, sino una condición que contribuye a darles previsibilidad.

“La mejor manera de captar inversiones del sector es garantizar a las empresas que podrán trabajar sin conflictos sociales y que podrán llevar adelante sus cronogramas de tareas sin demoras y complicaciones”, sostuvo la entidad.

La licencia social, en el centro

El concepto de licencia social atraviesa prácticamente toda la respuesta empresaria. Para FAPROMIN, la experiencia de las últimas décadas demostró que la aceptación de los proyectos depende, entre otros factores, de que las poblaciones involucradas puedan identificar beneficios económicos directos.

Por eso, la Federación sostiene que la actividad debe garantizar empleabilidad en las comunidades y provincias donde se desarrolla, junto con oportunidades de compras y contrataciones para las empresas radicadas en esos territorios.

En lugar de cuestionar las facultades provinciales, plantea el comunicado, la Secretaría de Minería debería trabajar junto con los gobiernos locales en programas de educación, formación y certificación que permitan ampliar la disponibilidad de mano de obra calificada.

La organización también rechaza que la solución pase simplemente por facilitar el traslado de miles de trabajadores hacia las provincias mineras. En muchas de esas jurisdicciones, sostiene, el crecimiento de la actividad representa una oportunidad para desarrollar capacidades locales, generar empleo y promover movilidad social en comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

“Lucero, ¿por qué arruinar esta posibilidad para el interior profundo y sus vecinos? ¿Por qué patear el tablero cuando el modelo empieza a funcionar de la mejor manera?”, cuestionó la entidad.

El costo de cambiar las reglas

FAPROMIN incorpora además un argumento económico. Según la Federación, contratar trabajadores cercanos a los proyectos y recurrir a proveedores locales también puede resultar conveniente para las propias compañías, porque reduce costos asociados al traslado y la permanencia del personal y fortalece, al mismo tiempo, el vínculo con las comunidades.

En respaldo de esa posición, el comunicado recuerda experiencias conflictivas de la minería argentina, entre ellas Bajo de la Alumbrera y las controversias registradas en Esquel, Famatina y Andalgalá. Para la entidad, esos antecedentes muestran las dificultades que enfrenta la actividad cuando las poblaciones cercanas no perciben oportunidades concretas de inclusión laboral.

La advertencia adquiere especial relevancia en el actual escenario de búsqueda de inversiones. FAPROMIN entiende que, si el objetivo del Gobierno nacional es proteger el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos, debería acompañar las políticas provinciales destinadas a preservar la relación entre minería y comunidades.

La Federación sostiene, en definitiva, que alterar el esquema vigente podría producir el efecto contrario al buscado. Las compañías, argumenta, necesitan operar en territorios previsibles, sin conflictos prolongados, cortes de rutas o cuestionamientos que comprometan los cronogramas y la imagen pública de los proyectos.

Provincias, empleo e inversiones

Por eso, el enfrentamiento abierto por las declaraciones de Lucero coloca sobre la mesa una discusión que probablemente acompañará la expansión minera de los próximos años: cómo compatibilizar un mercado nacional sin barreras internas con el derecho de las provincias a procurar que una parte sustancial del empleo y de la actividad económica generados por sus recursos naturales permanezca en sus territorios.

FAPROMIN dejó clara su posición. Para los proveedores, desmontar ahora las políticas de contratación local no significaría solamente cambiar una regulación laboral. Implicaría modificar uno de los mecanismos sobre los cuales, según la entidad, comenzó a construirse la aceptación de la minería en buena parte del interior argentino y podría terminar afectando las mismas inversiones que el Gobierno busca impulsar.