Presupuesto 2027: Las cuentas del superávit y la letra chica del ajuste

El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados ratifica la prioridad del programa de Javier Milei y Luis Caputo: sostener el superávit financiero, incluso durante un año electoral. La propuesta combina una previsión de crecimiento del 4% con una recuperación del salario real, pero incorpora cambios en las prestaciones por discapacidad que encendieron las alarmas entre los prestadores y anticipan una disputa legislativa.

El punto más sensible es la eliminación del nomenclador único, el régimen que establece los aranceles de las prestaciones y garantiza una pauta común de cobertura. La iniciativa retoma una pretensión oficial que había encontrado resistencia en las movilizaciones del sector y en el Congreso, con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ese conflicto atraviesa un presupuesto cuya promesa central es completar cuatro años consecutivos de excedente fiscal. Según la síntesis oficial, el resultado financiero fue positivo en un 0,3% del PBI en 2024 y en un 0,2% en 2025. Para 2026 se proyecta otro 0,2%, proporción que se repetiría en 2027, junto con un superávit primario del 1,3%.

Caputo presentó esa secuencia como un hito: sería, sostuvo, la primera vez que el país alcanza cuatro años de superávit financiero sin encontrarse en default. La celebración convive, sin embargo, con cuestionamientos sobre el tratamiento contable de los intereses y el crecimiento de la deuda.

La Cámara de Diputados sera centro de un fuerte debate por el Presupuesto

El alcance del ajuste

El nomenclador funciona como una referencia mínima para el acceso a servicios esenciales de las personas con discapacidad, tanto en el sistema público como en la medicina prepaga. Su eliminación suprimiría la pauta unificada de cobro de profesionales y centros de atención. Los prestadores advierten que esa desregulación amenaza la continuidad de los servicios en un sector que ya acumula dificultades.

El contraste aparece en otras partidas. Mientras la propuesta mantiene el ajuste sobre las prestaciones asistenciales y la educación universitaria, una primera lectura indica que preserva el llamado gasto tributario: los recursos que el Estado deja de recaudar mediante beneficios fiscales. Allí figuran regímenes como el de Tierra del Fuego y la promoción de la economía del conocimiento.

La distribución del esfuerzo fiscal queda así en el centro del debate. El Gobierno prevé un gasto total del Sector Público Nacional de $216 billones, equivalente al 15,3% del PBI. Las prestaciones de la seguridad social representarían el 45,4% y las transferencias corrientes, otro 28%. Según la presentación oficial, el 74,6% del presupuesto se destinará a asistir directamente a personas.

El gasto crecería un 25% nominal, por encima de la inflación promedio prevista, aunque por debajo del aumento de los ingresos, estimado en un 26%.

Los supuestos bajo examen

El escenario económico contempla una inflación promedio anual del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%. Para diciembre, la variación interanual de los precios se ubicaría en el 18%. Son mediciones distintas, cuya diferenciación resulta necesaria para evaluar la consistencia de las proyecciones.

El antecedente inmediato obliga a examinarlas con cautela. El Presupuesto 2026 había previsto una inflación del 18,3% entre puntas, pero entre enero y agosto los precios ya acumularon un incremento del 21,3%. El relevamiento de expectativas del Banco Central ubica el cierre del año en torno al 30%.

En materia cambiaria, el proyecto estima un dólar promedio de $1.728 y una cotización de $1.847,6 para diciembre de 2027, frente a los $1.600 calculados para fines de 2026. La suba sería del 15,5%, inferior a la inflación interanual prevista para el mismo período.

Esos supuestos prolongan el uso del tipo de cambio como ancla de precios y mantienen abierta la discusión sobre la competitividad de las empresas argentinas. El Ejecutivo espera exportaciones superiores a US$130.000 millones y un saldo favorable de bienes y servicios de más de US$15.000 millones.

La prueba electoral

La propuesta incluye la reconversión de planes sociales hacia capacitación y empleo formal, el reequipamiento de las fuerzas de seguridad y defensa y una reorganización de la obra pública. De una cartera de 2.339 obras, la Nación conservará la gestión directa de 199; otras intervenciones pasarán a provincias y municipios. Para la deuda, el mensaje plantea fuentes alternativas de financiamiento y una extensión de los vencimientos.

La baja de impuestos, en cambio, enfrenta las restricciones de una recaudación afectada por la debilidad de la actividad y el consumo. Estimaciones privadas señalan que el PBI habría caído un 0,89% en el segundo trimestre.

Ante empresarios que reclamaban más dinero en circulación, Caputo reafirmó el rumbo: “Al populismo no se lo combate con más populismo. Se lo combate con más ortodoxia”.

El Congreso deberá discutir cómo se traduce esa definición en la asignación de recursos. La eliminación del nomenclador de discapacidad concentra esa tensión: sostener el resultado financiero mediante una modificación que los prestadores consideran una amenaza para la atención. La negociación parlamentaria determinará si el Gobierno consigue convertirla en ley o vuelve a encontrar un límite.