Los Nihuiles: Nación y Mendoza llevan a la Corte la disputa por las regalías

La disputa judicial por las regalías hidroeléctricas del Sistema Los Nihuiles abrió un nuevo capítulo. El Estado nacional se alineó con la posición de Mendoza y solicitó la inhibición del Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, con el argumento de que la controversia debe ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde ya existe una causa vinculada con el mismo conflicto.

El planteo nacional coincide con el que había realizado previamente el Gobierno mendocino. La Provincia sostiene que el máximo tribunal es el ámbito que corresponde para resolver la discusión y pretende que el juzgado pampeano deje de intervenir en las actuaciones promovidas por La Pampa.

De esta manera, Nación y Mendoza confluyeron en una misma estrategia procesal: evitar que la controversia continúe desarrollándose en Santa Rosa y concentrar su tratamiento ante la Corte Suprema.

Una discusión por la competencia

La cuestión inmediata ya no pasa solamente por la controversia en torno de las regalías hidroeléctricas. El foco está puesto también en determinar qué tribunal debe intervenir.

Mendoza había solicitado a la Corte que requiriera al Juzgado Federal de Santa Rosa su inhibición y que ordenara la remisión urgente de las actuaciones iniciadas por La Pampa, junto con cualquier otra causa conexa relacionada con el mismo asunto. Posteriormente, el Estado nacional efectuó una presentación en el mismo sentido.

El argumento central de ambos planteos es que el conflicto ya se encuentra radicado ante la Corte Suprema a partir de una causa promovida por Mendoza contra el Estado nacional. La Pampa, a su vez, fue incorporada a ese expediente como tercera interesada directa.

Sobre esa base, la Provincia considera que no corresponde mantener en paralelo una intervención del fuero federal pampeano sobre una controversia que, desde su perspectiva, ya se encuentra sometida al máximo tribunal del país.

La coincidencia con Nación fortalece esa línea procesal. Los dos gobiernos sostienen ahora que debe ser la Corte la encargada de resolver la cuestión y que las actuaciones relacionadas con el conflicto tienen que quedar concentradas allí.

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Cornejo endureció su posición

El gobernador Alfredo Cornejo destacó públicamente la decisión del Gobierno nacional de acompañar el pedido mendocino y volvió a cuestionar la intervención de la Justicia Federal de Santa Rosa.

“Así como lo solicitó Mendoza, la Nación también requirió la inhibición del juzgado federal local de Santa Rosa, La Pampa, por su incompetencia frente a lo ya resuelto sobre las regalías de Los Nihuiles”, sostuvo el mandatario.

Cornejo insistió en que “es la Corte Suprema la que tiene que decidir” y aseguró que la Provincia formuló su presentación “con sobrados fundamentos”, convencida de que la controversia debe resolverse en ese ámbito.

El gobernador también cuestionó en términos políticos la vía judicial elegida por La Pampa. Según expresó, la provincia vecina intentó llevar a otro tribunal una disputa que Mendoza ya había colocado bajo consideración de la Corte.

“La Pampa intentó meter por la ventana una disputa que ya habíamos ingresado por la puerta, como corresponde”, afirmó. Luego sostuvo que las autoridades pampeanas sabían, según la posición mendocina, que el juzgado de Santa Rosa carecía de competencia para intervenir.

Más allá del tono de esas declaraciones, el planteo institucional de Mendoza se concentra en un punto preciso: impedir que el conflicto se tramite por vías judiciales diferentes y sostener que la jurisdicción debe quedar en manos de la Corte Suprema.

Una misma estrategia ante la Corte

La presentación del Estado nacional modifica el escenario procesal en un aspecto central. Mendoza ya no aparece sola en su pedido para apartar al juzgado pampeano. Nación adoptó la misma posición respecto de cuál debe ser el tribunal encargado de intervenir.

Para el Gobierno provincial, esa coincidencia ratifica el camino elegido desde el inicio de la controversia judicial: mantener la discusión dentro del expediente que ya tramita ante la Corte Suprema, donde La Pampa participa como tercera interesada directa.

Cornejo sintetizó esa postura al señalar que “la causa ya estaba en la Corte y ahí debe seguir”. También afirmó que Mendoza defenderá que cualquier decisión vinculada con sus recursos sea adoptada dentro de los ámbitos que la Provincia considera competentes.

El pedido de inhibición presentado ahora también por Nación deja, así, la discusión planteada en términos de competencia judicial. Mendoza busca que las actuaciones iniciadas en Santa Rosa sean remitidas al máximo tribunal y que sea allí donde continúe el litigio.

La definición sobre ese planteo determinará el ámbito en el que seguirá una controversia que enfrenta a Mendoza y La Pampa por las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles. Por el momento, la posición de la Provincia y del Estado nacional coincide en un punto: consideran que la última palabra debe quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.