Elecciones
02/10/2026 - Edición Nº912
Política
De remate
Ciudadanía y tierras: las “casualidades” de la apertura de Milei
02/10/2026 | El Gobierno anunció en París la ciudadanía por inversión, días después del fallo de la Corte que removió el freno judicial a la derogación de la Ley de Tierras.
El Gobierno anuncio el programa de ciudadanía por inversión
por Marcelo López Álvarez
La Argentina ofrece una nueva puerta de entrada para extranjeros con capacidad económica. Tres días después de que la Corte Suprema removiera el freno judicial a la derogación de la Ley de Tierras, el Gobierno presentó en París un programa para solicitar la ciudadanía mediante un aporte no reembolsable de USD 350.000 al Tesoro Nacional o la compra de un título público por USD 800.000.
La cercanía entre ambas decisiones instala una discusión que excede los requisitos de un trámite. Por un lado, se despeja el camino para eliminar restricciones específicas a la propiedad extranjera de tierras rurales. Por otro, se anuncia una vía de acceso a la nacionalidad vinculada al dinero que el solicitante esté dispuesto a aportar.
La coincidencia temporal no prueba una coordinación entre el Gobierno y la Corte, pero permite examinar la orientación política de ambas novedades: qué condiciones establece la Argentina para recibir capitales y qué ofrece a cambio.
PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE CIUDADANÍA POR INVERSIÓN DE ARGENTINA
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 2, 2026
La iniciativa busca promover la llegada de capitales y consolidar la integración internacional del país bajo un marco transparente y alineado con los más altos estándares globales de la OCDE y el GAFI.
El… pic.twitter.com/IKsJfGH8wY
El fallo que despejó el camino
El 29 de septiembre, la Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Javier Milei derogó la Ley 26.737. El tribunal fundamentó su decisión en la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para promover el planteo.
Hay una diferencia central para comprender el alcance de la resolución: la Corte no declaró constitucional la derogación ni resolvió el fondo de la controversia. Su intervención removió el obstáculo judicial que la frenaba en esa causa.
La Ley de Tierras establecía un límite del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales, aplicable en distintas escalas territoriales. También fijaba un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo, o su equivalente en otras regiones, y restricciones sobre inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
La eliminación de esas disposiciones no borra automáticamente otras regulaciones aplicables a las operaciones inmobiliarias. Tampoco el programa de ciudadanía implica una entrega de campos. Son instrumentos distintos, aunque su proximidad abre un debate compartido sobre el acceso al territorio y a la nacionalidad.
Dos alternativas para obtener la ciudadanía
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París. El programa comenzará a recibir solicitudes en el cuarto trimestre de este año.
Para el solicitante principal habrá dos opciones. La primera consiste en entregar USD 350.000 al Tesoro, sin derecho a devolución. La segunda requiere suscribir un título público por USD 800.000, creado especialmente para este mecanismo.
La diferencia es sustancial: una alternativa supone una contribución definitiva; la otra, adquirir un instrumento negociable de deuda. Por eso, no corresponde confundir el aporte de USD 350.000 con una compra de bonos.
El esquema también contempla a los familiares. Para el cónyuge, el aporte será de USD 100.000, al igual que para cada hijo de entre 18 y 25 años que sea soltero y no tenga hijos. Para los menores de 18 años, se exigirán USD 25.000 por persona.
Un solicitante, su cónyuge y dos hijos menores podrán, así, tramitar la ciudadanía con aportes por USD 500.000. El desembolso no garantiza la aprobación: cada solicitud deberá superar una evaluación.
Los funcionarios argentinos presentaron el programa de ciudadanía por inversión
Dólares para el Estado, sin exigencias productivas explícitas
El Gobierno encuadra la iniciativa en su estrategia de apertura internacional y mejora del clima de inversión. Sin embargo, las alternativas anunciadas tienen un destino concreto: aportar recursos al Tesoro o financiar al Estado mediante deuda.
El comunicado no vincula esos desembolsos con obligaciones de instalar una empresa, contratar trabajadores, incorporar tecnología o desarrollar proveedores locales. Esa ausencia importa al evaluar el alcance económico del programa.
Captar divisas no equivale, por sí mismo, a generar producción y empleo. El efecto posterior dependerá del uso de los recursos y de los mecanismos que permitan convertirlos en actividad económica. La pregunta pendiente es cuánto de ese dinero terminará ampliando la capacidad productiva del país.
Los controles y la transparencia pendiente
La evaluación estará encabezada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad y del Interior. La Dirección Nacional de Migraciones tendrá la decisión final.
El Gobierno promete verificar identidad, antecedentes, situación patrimonial, historial migratorio y licitud y trazabilidad del origen de los fondos. Los recursos deberán ingresar por el sistema financiero formal, bajo estándares alineados con las recomendaciones de la OCDE y el GAFI.
También anuncia el asesoramiento de firmas internacionales especializadas, aunque no identifica cuáles son ni detalla sus condiciones de contratación. La transparencia deberá comprobarse en los controles y en la rendición de cuentas, además de figurar entre los compromisos oficiales.
En pocos días, la Argentina avanzó hacia menores restricciones específicas a la extranjerización de tierras y presentó una ciudadanía asociada a la capacidad económica. La “casualidad” no demuestra un acuerdo entre poderes, pero deja una pregunta política: qué beneficios concretos recibirá el país a cambio de ampliar esas puertas de entrada.
Las más leídas
