por Marcelo López Álvarez
El Gobierno de Javier Milei tomó una decisión que altera el sentido de la integración local prometida con el RIGI: habilitó a sociedades de capital íntegramente extranjero a competir como proveedoras locales cn solo fijar domicilio en la Argentina. Lo hizo mediante el Decreto 1366/2026, publicado el lunes. La reforma amplía las posibilidades de contratación de los grandes proyectos sin sumar contrapartidas industriales equivalentes.
La crítica no necesita exagerar el texto. El requisito de origen de los bienes permanece y el decreto no autoriza que toda importación se vuelva nacional por pasar por una oficina argentina. Lo que desaparece es la exigencia de participación mayoritaria en el capital o los votos en manos de titulares con domicilio fiscal en el país. Ese requisito tampoco era una prueba absoluta de control argentino, pero constituía una condición adicional a la radicación de la sociedad.
El Ejecutivo elimina esa condición sin construir una protección más eficaz para la producción y las decisiones empresariales nacionales. Para una política que promete transformar recursos naturales en desarrollo, es una elección de fondo: facilitar el abastecimiento del inversor tiene prioridad sobre fortalecer al fabricante que aspira a proveerlo.

A días de la Ronda RIGI en Rosario el gobierno da otro golpe mortal a la industria argentina
El RIGI nació con una asimetría. Ofrece a grandes inversiones incentivos y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por treinta años. En materia de proveedores, la ley fijó un mínimo del 20%, condicionado por disponibilidad, precio y calidad, sobre el monto de inversión destinado a pagarlos.
Ese piso, además, no asegura una proporción equivalente de valor agregado industrial doméstico. Una compra local puede contener componentes externos y distintos grados de elaboración. La facturación realizada en el país no mide por sí sola cuánto trabajo, tecnología o ingreso se genera aquí.
La nueva definición permite que el universo de oferentes considerados locales sea enteramente de capital extranjero, aunque siguen vigentes las exigencias sobre los bienes y las restricciones al cómputo de compras a vinculadas. La extranjerización completa de ese universo es una posibilidad jurídica en términos de propiedad, no un resultado económico ya comprobado.
La cuestión política es por qué el Gobierno ensancha esa posibilidad sin exigir nuevas inversiones fabriles, desarrollo tecnológico o asociaciones productivas con pymes nacionales. Una concesión pública de largo plazo debería comprar capacidades que perduren, además de acelerar la ejecución de un proyecto.
La mirada keynesiana obliga a abrir la cifra de inversión. Importa cuánto se gasta, dónde se produce lo comprado y qué ingresos se distribuyen. Una planta industrial que obtiene un contrato puede incorporar personal, encargar piezas a talleres y ampliar su capacidad. Esa demanda repercute en otras empresas y en el consumo de los trabajadores.
Si el equipamiento se produce afuera, buena parte de ese impulso inicial se dirige a otra economía. El proyecto puede aportar exportaciones, empleo y tributos, pero su capacidad de dinamizar la manufactura argentina será menor que la de una cadena con mayor integración doméstica, bajo condiciones comparables.
El multiplicador industrial se construye con decisiones de abastecimiento. No aparece automáticamente porque el volumen anunciado se exprese en miles de millones de dólares.
El análisis heterodoxo agrega una dimensión: el aprendizaje. Un fabricante que participa en una obra compleja acumula experiencia, mejora procesos y obtiene antecedentes para competir en otros mercados. Cuando pierde esa oportunidad, también pierde una posibilidad de elevar su productividad futura. El precio de hoy no captura todo ese beneficio.
Por eso, aceptar como única referencia la oferta más barata puede terminar preservando dependencias que luego se presentan como inevitables. Sin contratos que permitan ganar escala, la pyme seguirá siendo pequeña; sin escala, se le volverá a objetar que no es competitiva.
CIPIBIC relevó US$542,2 millones de importaciones RIGI hasta septiembre. Dentro de esa suma, US$362,7 millones, el 66,9%, correspondían a posiciones arancelarias con producción argentina.
Ese porcentaje no equivale a sustitución inmediata garantizada. El relevamiento aduanero no establece que cada proveedor nacional pueda cumplir todas las especificaciones. Sí justifica revisar producto por producto antes de dar por inexistente la capacidad local.
Una administración comprometida con la industria debería convertir ese mapa en una agenda de compras y desarrollo. Identificar fabricantes, financiar adaptaciones, asistir en certificaciones y negociar incorporación progresiva. Esperar que cada pyme resuelva sola esas tareas frente a una corporación internacional equivale a trasladarle costos de una política que beneficia al conjunto del proyecto.
La defensa oficial de la mayor concurrencia deja pendiente esa desigualdad. Una filial con acceso a financiamiento y redes globales llega con ventajas acumuladas. El Estado interviene para asegurar condiciones a la gran inversión, pero la reforma no incorpora herramientas equivalentes para la empresa proveedora.
La contradicción tiene una expresión provincial. ASINMET y unas 50 empresas mendocinas participaron en la ronda RIGI de Rosario, con expectativas de acceder a negocios vinculados a los grandes proyectos. Esa participación muestra que existe un entramado industrial dispuesto a competir.
Pocos días después, el Gobierno nacional amplió el universo de empresas que pueden ocupar la categoría local. Las reuniones comerciales siguen teniendo utilidad, pero una ronda de negocios no compensa la ausencia de una estrategia de compras industriales. La foto con las operadoras no garantiza que una orden llegue a un taller mendocino.
La provincia necesita distinguir entre la inversión que recibe y la actividad que retiene. Una obra puede movilizar transporte, alojamiento y alimentación sin incorporar en igual medida fabricación de equipos o ingeniería. Todos esos empleos son valiosos, pero ofrecen posibilidades diferentes de diversificación y acumulación tecnológica.
El Gobierno de Mendoza debería reclamar información sobre adquisiciones previstas, criterios de selección y participación efectiva de fabricantes provinciales. Acompañar el RIGI supone también discutir las condiciones bajo las cuales sus beneficios pueden alcanzar al entramado productivo local.
Una alternativa industrialista requiere crédito de inversión y capital de trabajo, garantías, contratos que permitan planificar y metas progresivas de integración. Las preferencias deberían vincularse con producción verificable y resultados, con revisión de costos y plazos. Proteger capacidades no implica financiar indefinidamente ineficiencias.
También hace falta separar en las estadísticas el domicilio del proveedor, el control de su capital, el origen del bien y el valor agregado argentino. Son cuatro dimensiones que la categoría de proveedor local no puede resumir. Publicarlas permitiría discutir resultados en lugar de porcentajes de interpretación incierta.
Una filial extranjera puede producir y transferir capacidades; una firma argentina puede limitarse a importar. La política debe premiar los aportes concretos y, al mismo tiempo, preservar espacios para empresas cuyas decisiones estratégicas se tomen en el país.
Milei eligió flexibilizar la condición societaria sin reforzar esas exigencias. La medida favorece la libertad de abastecimiento de los grandes inversores y deja a la industria nacional ante una competencia más amplia por una demanda parcialmente protegida. Para revertir ese sesgo, las próximas decisiones deberán traducirse en compras identificables, financiamiento y producción: qué equipo se fabricará en Mendoza, quién lo hará y bajo qué contrato.