por Redacción Mendoza Económico
La Cámara Argentina de la Construcción Modular Industrializada (CACMI) reclamó una mayor participación de fabricantes nacionales en los campamentos vinculados con el proyecto minero Vicuña, en San Juan. La entidad calculó que, de unos 45.000 metros cuadrados de módulos adjudicados durante 2026, apenas 5.000 serán producidos en la Argentina.
La estimación de la cámara distribuye el resto entre firmas extranjeras: cerca de 30.000 metros cuadrados quedarían a cargo de empresas chinas y otros 10.000 serían provistos desde Chile. Con esa composición, el 89% de la superficie contratada se fabricaría fuera del país y el 11% tendría origen local.
CACMI aclaró que empresas argentinas participan de tareas asociadas con el montaje y la obra civil. Para la entidad, esa intervención no equivale a producir los módulos, la instancia que concentra capacidades de ingeniería, fabricación industrial, empleo especializado y desarrollo tecnológico.
El planteo no cuestiona la radicación de capital extranjero ni el desarrollo de los proyectos mineros. La cámara pidió que las grandes inversiones incorporen objetivos verificables de contenido nacional y desarrollo de proveedores, de modo que una parte mayor del gasto permanezca en la economía argentina.

Juan Pablo Rudoni, Presidente de CACMI
La discusión se conecta con la escala que proyecta Vicuña, integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. El ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones consolidó una iniciativa de largo plazo que movilizará demanda de infraestructura, logística y servicios. En ese proceso, la resolución que aprobó su adhesión al RIGI fijó el marco para una inversión que excede la construcción del complejo extractivo y alcanza a una extensa red de contratistas.
CACMI sostiene que el país cuenta con más de cien empresas dedicadas a la construcción modular. Esa base industrial, señaló la entidad, puede fabricar viviendas, oficinas, comedores, laboratorios y otras instalaciones necesarias para operaciones remotas. La cámara también considera que una mayor participación doméstica permitiría transferir conocimiento, certificar procesos y preparar a las firmas para abastecer proyectos posteriores.
El reclamo aparece en una etapa en la que las provincias y las cámaras empresarias intentan convertir el crecimiento minero en contratos para sus industrias. En Mendoza, esa agenda se expresó en el debate sobre los fondos, la salida del cobre y el empleo local del proyecto PSJ, con la mirada puesta en la participación de la cadena productiva provincial.
La cámara marcó una distinción que considera central para medir el aporte local. Una empresa puede ejecutar bases, conectar servicios o ensamblar estructuras en el lugar sin haber participado de la fabricación industrial. Para CACMI, contabilizar ambas actividades del mismo modo diluye la capacidad real de la cadena nacional para capturar valor.
El organismo empresario propuso que los procesos de contratación contemplen la capacidad instalada, el empleo argentino y la posibilidad de abastecimiento local desde las etapas iniciales. También pidió mecanismos transparentes para que los fabricantes conozcan con anticipación las especificaciones, los volúmenes y los cronogramas de cada proyecto.
La entidad presentó el caso de los campamentos como una señal sobre la forma en que se integrarán los proveedores al ciclo de inversiones mineras. La adjudicación de módulos resuelve una necesidad operativa inmediata, pero también define dónde se fabrican los componentes, qué empresas incorporan tecnología y qué trabajadores participan de una demanda que acompañará la construcción y la operación de los yacimientos.
CACMI anticipó que continuará promoviendo mesas de trabajo con compañías mineras, gobiernos y cámaras sectoriales. Su objetivo declarado es que el desarrollo de los proyectos incluya una proporción creciente de fabricación argentina y que el contenido nacional pueda identificarse por actividad, sin confundir la producción industrial con los servicios de montaje.