Compra de tierras: el 77% de los argentinos apoya mantener límites para los extranjeros

La discusión sobre la compra de tierras por parte de extranjeros volvió a instalarse en el centro de la agenda política. En la antesala del debate que el Senado prevé realizar sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que una amplia mayoría de los argentinos considera que deben mantenerse límites para la adquisición de suelo por parte de ciudadanos o empresas extranjeras.

El estudio muestra que el 77% de los consultados está de acuerdo con conservar algún tipo de restricción, mientras que el 16,7% se manifestó en contra. Apenas el 6,3% respondió que no tiene una posición definida sobre el tema.

Los resultados reflejan que la discusión trasciende el ámbito parlamentario y se instaló como un tema de interés público vinculado con la soberanía territorial, el control de los recursos naturales y el modelo de desarrollo productivo del país.

Una encuesta con amplio consenso

El relevamiento forma parte del informe mensual "Domingo de datos", elaborado por Zuban Córdoba, y fue realizado entre el 16 y el 18 de julio sobre una muestra de 1.400 casos, con un margen de error de ± 2,62% y un nivel de confianza del 95%.

La consulta fue directa: "¿Hay que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros?". La contundencia de las respuestas evidencia un consenso social poco habitual en un contexto de fuerte polarización política.

El resultado también adquiere relevancia porque coincide con el tratamiento legislativo de un proyecto que despertó posiciones enfrentadas desde su presentación.

La mayoría de los argentinos no quiere cambios en la Ley de Tierras

El Senado se prepara para un debate de alto impacto

La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei busca consagrar el principio de inviolabilidad de la propiedad privada. No obstante, distintos sectores políticos, académicos y organizaciones civiles sostienen que la redacción del proyecto podría facilitar una mayor participación de capitales extranjeros en la adquisición de tierras.

En ese contexto, organizaciones de derechos humanos y entidades sociales convocaron a una movilización frente al Congreso Nacional para el 6 de agosto, fecha en la que está previsto el tratamiento parlamentario de la propuesta.

Los convocantes sostienen que la iniciativa podría reducir los mecanismos de control existentes sobre la extranjerización de superficies consideradas estratégicas por su valor productivo, ambiental o geopolítico.

Las críticas de la oposición

Uno de los cuestionamientos más duros fue expresado por el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, quien sostuvo que el proyecto representa una habilitación para la compra indiscriminada de tierras sin garantizar nuevas inversiones ni generación de empleo.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó que "lo que realmente está en juego es el control de nuestros recursos estratégicos", al advertir que la discusión excede el derecho de propiedad y alcanza aspectos vinculados con la soberanía económica y territorial.

Rodríguez también cuestionó el posible impacto de la iniciativa sobre los límites actualmente vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y concluyó que "la soberanía no se negocia ni se entrega".

Un debate que excede la propiedad privada

Más allá de las diferencias políticas, la discusión vuelve a poner sobre la mesa un tema recurrente en la Argentina: cómo compatibilizar la atracción de inversiones con la protección de recursos considerados estratégicos.

Las tierras rurales no solo representan un activo económico. También concentran recursos hídricos, áreas de producción agropecuaria, reservas naturales y espacios con valor ambiental, factores que explican por qué la regulación sobre su propiedad suele convertirse en un debate de alcance nacional.

Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una garantía para fortalecer el derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica, la oposición sostiene que la propuesta podría modificar el equilibrio existente en materia de control sobre la extranjerización del suelo.

Con una opinión pública mayoritariamente favorable a mantener restricciones, el tratamiento del proyecto promete convertirse en uno de los debates políticos y económicos más relevantes de las próximas semanas.