por Redacción Mendoza Económico
La pérdida de tierras cultivadas, el abandono de fincas y el avance de la urbanización sobre los oasis productivos plantean un problema que va mucho más allá de la preservación del paisaje mendocino. Lo que está en discusión es el futuro de una parte fundamental de la estructura económica provincial, su capacidad para sostener el empleo rural y las posibilidades de supervivencia de miles de pequeños y medianos productores.
En ese escenario, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) presentó dos investigaciones que relacionan el peso económico del cooperativismo vitivinícola con la necesidad de transformar las políticas de ordenamiento territorial en instrumentos efectivos de desarrollo productivo.
El primero de los trabajos cuantifica la incidencia de cinco cooperativas en la economía de San Martín. El segundo, realizado junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), analiza las transformaciones del territorio agrícola en seis departamentos mendocinos: Lavalle, San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín y Santa Rosa.
Los resultados ponen sobre la mesa una contradicción que atraviesa a Mendoza: mientras la provincia necesita preservar su capacidad productiva, las dificultades económicas de la agricultura y la presión inmobiliaria amenazan la continuidad de las explotaciones rurales.
La importancia del cooperativismo adquiere una dimensión concreta cuando se observan las cifras de San Martín, uno de los principales centros vitivinícolas de Argentina.
Según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) incluidos en el informe, el departamento posee 25.417 hectáreas cultivadas con vid, equivalentes al 18,1% de la superficie vitícola mendocina y al 13% de la nacional.
Durante la vendimia 2026 produjo 3,06 millones de quintales de uva, lo que representó el 23,3% de la cosecha provincial y el 16,5% de la argentina. La elaboración alcanzó los 271 millones de litros de vino y mosto.
Dentro de esa estructura, cinco cooperativas tienen una participación decisiva: Tres Porteñas, Colonia California, Nueva California, Brindis y El Poniente.
En conjunto, agrupan a 546 productores y reúnen 4.566 hectáreas de viñedos, aproximadamente el 18% de la superficie cultivada del departamento.
Durante 2026 procesaron alrededor de 970.000 quintales de uva, equivalentes al 31,7% de la cosecha de San Martín, y elaboraron cerca de 80 millones de litros de vino y mosto, el 29,5% del volumen departamental.
La concentración productiva resulta especialmente significativa: esas cinco entidades representan apenas el 5,3% de las bodegas elaboradoras registradas en San Martín en 2021, aunque su participación en el volumen elaborado durante 2026 se acerca al 30%. Se trata de indicadores correspondientes a períodos diferentes, una distinción necesaria para interpretar correctamente la comparación.
Otro resultado relevante es que la superficie vinculada al sistema cooperativo aumentó un 6,1%, en contraste con la reducción de los viñedos registrada en el conjunto de la actividad a escala departamental, provincial y nacional. El dato sugiere una mayor capacidad de sostenimiento territorial de las explotaciones asociadas, aunque por sí solo no permite establecer todas las causas de esa diferencia.

La presentación se realizó en las instalaciones de ACOVI
El informe elaborado por ACOVI estima que las cinco cooperativas generan un valor bruto de producción industrial de $30.400 millones. A su vez, el valor agregado de toda la cadena cooperativa, desde la producción primaria hasta la elaboración, alcanza los $14.227 millones.
La distribución de ese valor resulta particularmente importante para analizar el funcionamiento económico del sistema. El 75,6% corresponde a la etapa primaria, mientras que el 24,4% restante se origina en la elaboración industrial.
En términos de la economía departamental, el estudio calcula que el cooperativismo vitivinícola representa aproximadamente el 1,12% del Producto Bruto Geográfico de San Martín, el 9,2% de su valor agregado agropecuario y el 3,4% del industrial.
A esa incidencia directa se suma un efecto sobre otras actividades económicas. Según la estimación presentada por la entidad, por cada peso generado por el sector cooperativo pueden producirse hasta $1,25 adicionales de gasto dentro del departamento, con un impacto potencial total de $2,25.
Ese multiplicador debe interpretarse como una estimación de impacto económico y no como una medición de ingresos efectivamente percibidos por los productores. Sin embargo, permite dimensionar las conexiones que la actividad mantiene con el transporte, los insumos, el mantenimiento industrial, el comercio y los servicios.
La relevancia de este entramado se vuelve todavía mayor en un contexto de deterioro de la rentabilidad vitícola. Como viene documentando Mendoza Económico en su cobertura sobre los costos crecientes, los precios atrasados y el abandono de fincas, la continuidad de numerosas explotaciones se encuentra comprometida por dificultades que exceden una campaña agrícola.
El segundo estudio, desarrollado por ACOVI y el INTA, coloca esa problemática dentro de un proceso territorial más amplio.
La investigación identifica fragmentación de propiedades rurales, abandono de explotaciones y expansión urbana sobre superficies tradicionalmente agrícolas en seis departamentos de los oasis Norte y Este.
El problema central es que la preservación de las tierras cultivables no depende únicamente de establecer restricciones al cambio de uso del suelo.
Una finca puede estar protegida por una norma urbanística y, al mismo tiempo, resultar económicamente inviable para quien debe trabajarla. Sin rentabilidad, infraestructura, financiamiento y posibilidades de comercialización, la protección legal no garantiza que la tierra continúe produciendo.
Esa tensión obliga a discutir qué políticas económicas acompañan las decisiones de ordenamiento territorial. También exige considerar el acceso al agua de riego, la disponibilidad de energía, la conectividad, el estado de los caminos rurales y las condiciones de inversión.
El presidente de ACOVI, Fabián Ruggeri, sostuvo que “el ordenamiento territorial es fundamental a la hora de diseñar cuál es la actividad o cuál es la matriz productiva del futuro”.
El dirigente señaló que, aunque la mayoría de los planes municipales reconoce la identidad cultural de sus territorios, solamente algunos departamentos consiguen traducir esos diagnósticos en acciones concretas.
Por su parte, el gerente de la entidad, Nicolás Vicchi, fue explícito sobre la dimensión económica del problema:
“No podemos pensar el ordenamiento territorial separado del desarrollo económico. El suelo agrícola de Mendoza no es simplemente una superficie que debemos proteger: es la base de un sistema productivo, económico y social que genera trabajo, sostiene familias, integra comunidades y permite el arraigo en nuestros oasis”.
El diagnóstico encuentra un antecedente en otro estudio sobre el rol económico del cooperativismo vitivinícola publicado por Mendoza Económico, que examinó la capacidad de las organizaciones asociativas para sostener actividad, empleo e integración territorial.
A partir de ambas investigaciones, ACOVI propone avanzar en una agenda conjunta con los gobiernos municipales.
La iniciativa contempla identificar zonas productivas estratégicas, desarrollar programas de recuperación y reconversión de fincas, mejorar la infraestructura rural, fortalecer las cadenas de valor y promover proveedores locales.
También plantea constituir mesas de articulación entre el sector público y el privado, con proyectos definidos, responsabilidades institucionales e indicadores que permitan evaluar los resultados.
La intención es superar una planificación fragmentada por límites departamentales. La producción vitivinícola, los sistemas de riego, las redes logísticas y los mercados de trabajo rurales no necesariamente coinciden con las divisiones administrativas de cada municipio.
Para Vicchi, los dos informes representan una oportunidad de avanzar desde los diagnósticos hacia “una política pública de desarrollo territorial, con proyectos, inversiones, financiamiento y responsabilidades institucionales”.
La próxima actualización de los planes municipales, en el marco de la Ley Provincial 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, aparece como una instancia para incorporar estas propuestas.
Sin embargo, su alcance dependerá de que las definiciones territoriales encuentren respaldo presupuestario, instrumentos de financiamiento y mecanismos efectivos de ejecución.
La contribución más relevante de los estudios de ACOVI es que permiten discutir el futuro del territorio agrícola desde una perspectiva económica y no exclusivamente urbanística.
Los números de San Martín muestran que el cooperativismo conserva una participación considerable en la producción, la industrialización y la circulación de ingresos dentro de la economía local. Al mismo tiempo, los problemas identificados por el INTA advierten sobre las dificultades para sostener esa estructura en el tiempo.
En una provincia cuya historia productiva está estrechamente vinculada con el aprovechamiento de sus oasis irrigados, el abandono de una finca no implica únicamente la pérdida de superficie cultivada: también puede significar menos empleo, menor demanda de servicios y un debilitamiento de las economías locales.
El desafío consiste, por lo tanto, en evitar que el ordenamiento territorial quede reducido a un conjunto de restricciones sobre el uso del suelo.
Para preservar efectivamente las tierras agrícolas, Mendoza necesita que producir siga siendo una actividad económicamente viable. Sin esa condición, incluso los mejores planes territoriales corren el riesgo de convertirse en documentos incapaces de modificar la realidad de los oasis.