Zona Fría: el ajuste llega a las familias y amenaza con profundizar la crisis del consumo mendocino

421.965 hogares mendocinos están alcanzados por la modificación del régimen de Zona Fría que el Gobierno de Javier Milei oficializó el 13 de octubre. De ese universo, alrededor de 222.000 podrían perder el descuento que recibían en sus facturas de gas, según una estimación basada en los usuarios que eventualmente conservarían el beneficio. La consecuencia no se limitará al costo de calefaccionar una vivienda. También podría afectar el poder adquisitivo, las ventas del comercio y la actividad de las industrias que dependen del mercado interno.

La reforma, establecida mediante la Ley 27.828, elimina el carácter generalizado del descuento que desde 2021 alcanzaba a prácticamente toda Mendoza. Malargüe conserva su tratamiento territorial especial, mientras que los otros 17 departamentos quedan sujetos a un sistema de subsidios focalizados, condicionado a los ingresos familiares y otros requisitos sociales.

El cambio se produce en un contexto de consumo debilitado, dificultades para recuperar los salarios y una actividad industrial que continúa mostrando señales de fragilidad. La reducción de los subsidios energéticos agrega así una nueva presión sobre los presupuestos familiares.

Más de 220.000 familias podrían perder el beneficio

Hasta la reforma, 218.922 usuarios mendocinos recibían una bonificación del 30% y otros 203.043 accedían a un descuento del 50%, según las cifras de Ecogas difundidas durante el tratamiento legislativo.

La organización de defensa del consumidor Protectora estima que aproximadamente 200.000 usuarios podrían mantener algún tipo de bonificación bajo el nuevo régimen, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Si esa proyección se confirma, alrededor de 222.000 hogares quedarían fuera del nuevo beneficio por Zona Fría, aunque podrían mantener otras ayudas energéticas según su situación.

La diferencia es significativa. El régimen anterior reconocía las condiciones climáticas de las regiones comprendidas, independientemente de los ingresos de sus habitantes. El nuevo sistema prioriza la asistencia a determinados sectores sociales y económicos.

Para acceder, los hogares deberán estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados y cumplir las condiciones exigidas. Entre ellas figura un ingreso familiar neto que no supere el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo, además de otras situaciones sociales contempladas en la legislación.

La modificación no significa que desaparezcan todos los subsidios al gas, pero sí que una parte importante de los mendocinos perderá un descuento que hasta ahora recibía automáticamente.

Facturas que podrían aumentar hasta el doble

La dimensión económica del cambio aparece con mayor claridad al observar las facturas.

Un hogar que actualmente tiene una bonificación del 30%, si pierde completamente ese descuento, podría experimentar un incremento cercano al 43% sobre el importe que venía pagando, siempre que se mantengan constantes el consumo y los restantes componentes tarifarios.

Para quienes reciben el descuento del 50%, su eliminación completa implicaría duplicar el monto abonado bajo las mismas condiciones.

Así, una factura de 30.000 pesos podría transformarse en otra de aproximadamente 43.000 pesos en el primer caso, o de 60.000 pesos en el segundo.

Son ejemplos matemáticos, no aumentos tarifarios confirmados. El impacto definitivo dependerá de la reglamentación pendiente, de las condiciones particulares de cada usuario y de las bonificaciones que continúen vigentes.

Además, el efecto más importante podría producirse durante el invierno de 2027, cuando el uso de calefacción vuelva a elevar los consumos.

Miles de millones que dejarían de circular por los comercios

El problema económico no termina con el pago del gas. Cuando una familia destina más dinero a un servicio indispensable, necesariamente dispone de menos recursos para otros gastos.

Alimentos, vestimenta, gastronomía, recreación y servicios personales son algunos de los consumos que pueden quedar postergados frente al incremento de las obligaciones mensuales.

Si los 222.000 hogares que potencialmente perderían el beneficio pagaran, en promedio, 10.000 pesos adicionales por mes, deberían destinar al gas otros 2.220 millones de pesos mensuales.

Con un incremento promedio de 20.000 pesos, la cifra ascendería a 4.440 millones mensuales.

Se trata de ejercicios hipotéticos y no de una estimación oficial del impacto tarifario. Sin embargo, permiten dimensionar cómo un aumento relativamente moderado para cada familia puede producir una modificación importante en la distribución del gasto provincial.

Son recursos que dejarían de estar disponibles para otras compras y servicios, aunque no necesariamente desaparecerían de la economía.

El escenario resulta especialmente sensible porque, como señaló recientemente Mendoza Económico al analizar las ventas de supermercados, el consumo viene acumulando retrocesos y las dificultades también alcanzan al empleo comercial.

La reforma de Zona Fría podría convertirse, por lo tanto, en un nuevo factor de contracción de la demanda interna.

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La industria también puede sentir las consecuencias

El impacto sobre las empresas necesita una distinción. La eliminación del descuento generalizado afecta fundamentalmente a los usuarios residenciales. Esto significa que una bodega, una metalúrgica o una fábrica de conservas no perderá automáticamente una bonificación industrial del 30% o del 50%.

Las industrias utilizan categorías tarifarias diferentes y, en muchos casos, tienen condiciones particulares de contratación del gas.

Sin embargo, la actividad productiva también puede verse afectada indirectamente por la reducción del poder de compra de sus consumidores.

Las empresas alimenticias, las fábricas de conservas, las bodegas orientadas al mercado interno y otros establecimientos que abastecen al comercio local dependen, en distinta medida, de la capacidad de consumo de las familias.

Cuando esa demanda se debilita, las empresas enfrentan dificultades para sostener sus ventas, utilizar su capacidad instalada y mantener los niveles de producción y empleo.

La situación se agrega a un cuadro industrial complejo. Según publicó Mendoza Económico en su análisis sobre la crisis de las pequeñas y medianas empresas, el 62,5% de las firmas relevadas por una encuesta de APYME y la Universidad Nacional de José C. Paz aseguró que su situación había empeorado durante el primer semestre de 2026.

Para estas empresas, una nueva reducción de la demanda representa una dificultad adicional en un contexto de costos elevados, financiamiento restringido y márgenes de rentabilidad ajustados.

Un beneficio más restringido, pero el recargo continúa

Otro aspecto de la reforma es el mantenimiento del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, financiado mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte.

Ese recargo no constituye un impuesto nuevo creado por la reforma, pero el mecanismo de financiamiento continúa mientras se restringe el acceso generalizado al beneficio.

La Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael ya había cuestionado la reducción de la cobertura y advertido sobre sus posibles consecuencias para las familias y la actividad económica regional.

Las condiciones climáticas también forman parte de la discusión. Los inviernos mendocinos seguirán exigiendo calefacción, independientemente del cambio en el sistema de subsidios.

El costo del ajuste y una economía con menos consumo

El Gobierno nacional sostiene que la focalización de los subsidios permite orientar los recursos públicos hacia quienes necesitan mayor asistencia y reducir el alcance del gasto estatal.

El problema es que la reducción de las bonificaciones traslada parte del costo energético hacia los hogares, en una economía en la que los salarios y las jubilaciones ya enfrentan dificultades para sostener su capacidad adquisitiva.

Todavía falta conocer cuántos mendocinos conservarán efectivamente la ayuda y cuál será el importe definitivo de las nuevas facturas.

Pero la dirección del cambio es clara. Una parte importante de las familias tendrá que destinar más ingresos al gas y, por lo tanto, dispondrá de menos recursos para otros consumos.

El costo económico de la reforma no se medirá solamente en las boletas de Ecogas. También podrá observarse en las ventas comerciales, la actividad productiva y la capacidad de las familias para sostener su nivel de vida.

En una provincia cuya economía necesita recuperar el consumo y la producción, la modificación de Zona Fría introduce un nuevo factor de presión.

La cuestión de fondo no es únicamente cuánto ahorrará el Estado nacional al reducir los subsidios, sino qué consecuencias tendrá ese ahorro fiscal sobre el ingreso disponible de cientos de miles de mendocinos y sobre una economía provincial que todavía enfrenta dificultades para recuperar dinamismo.