Escándalo por la maestría de Jimena Latorre: fondos públicos, un fideicomiso petrolero y preguntas para Cornejo

Hay decisiones políticas que explican mejor que cualquier discurso cómo entiende un gobierno su relación con los recursos públicos. La que permitió que la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, recibiera un reintegro de 13.643.838 pesos (11.000 dólares) para financiar una maestría internacional pertenece a esa categoría. No solo por la magnitud del desembolso, sino por la naturalidad con la que el Ejecutivo parece haber asumido que la formación académica de una integrante de su gabinete podía pagarse con dinero proveniente de un fideicomiso vinculado a la actividad hidrocarburífera.

La controversia estalló durante la noche del jueves, apenas unas horas después de que Alfredo Cornejo tuviera que desprenderse de otro de sus hombres de extrema confianza, Humberto Mingorance.

El diputado peronista Lucas Ilardo presentó documentación relacionada con el financiamiento de los estudios de la funcionaria. La denuncia apunta a la utilización de esos fondos, al procedimiento administrativo que habilitó el reintegro y a las diferencias en los montos reconocidos. La ministra defendió la operación con el argumento de que la capacitación de los funcionarios constituye una inversión en la calidad de la gestión estatal.

Nadie lo discute. Pero ese criterio debería aplicarse a los funcionarios y empleados de carrera que integran la planta permanente, no a los cargos políticos, cuya permanencia es transitoria. Es muy probable que el año próximo Jimena Latorre termine utilizando los conocimientos pagados por los mendocinos para desempeñarse en la actividad privada.

Jimena Latorre, envuelta en un escandalo por el uso de fondos públicos para provecho propio

Un fideicomiso petrolero convertido en financiador de un posgrado

La documentación presentada por Ilardo involucra al Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, integrado con aportes de empresas petroleras y administrado a través de Mendoza Fiduciaria.

El Acta 129 del Comité Ejecutivo registra, según la denuncia, un reintegro equivalente a 10.666,52 dólares por una maestría virtual vinculada con la Economía Medioambiental, dictada por la Universidad Francisco Marroquín, con sede académica en Madrid. El pago a Latorre se concretó el 4 de febrero de 2026.

La ministra justificó el desembolso con el argumento de que el fideicomiso contempla el fortalecimiento institucional y que la formación profesional puede encuadrarse dentro de ese objetivo.

Es una explicación que merece un examen bastante más riguroso del que parece pretender el Gobierno.

Fortalecer las capacidades del Estado no equivale automáticamente a financiar la formación personal de sus funcionarios políticos. La diferencia está en la planificación, los criterios de selección, la pertinencia de los contenidos, la existencia de obligaciones posteriores y, fundamentalmente, el beneficio público que pueda verificarse.

¿Existió una convocatoria abierta para capacitar al personal técnico del Ministerio? ¿Se evaluaron alternativas académicas disponibles en universidades argentinas? ¿Se estableció alguna obligación de permanencia o devolución? ¿Se justificó por qué correspondía financiar íntegramente una maestría a la propia ministra?

Son preguntas elementales que deberían tener respuesta en el expediente. Si el Gobierno sostiene que se trató de una inversión institucional, le corresponde demostrar mediante qué procedimiento se seleccionó a la beneficiaria y qué contraprestación concreta recibirá la provincia.

El descuento del 10% y las fechas bajo sospecha

El diputado también expuso presuntas inconsistencias administrativas. Ilardo cuestionó el tratamiento de un descuento del 10% por pago anticipado. Según los importes difundidos, el costo del programa quedó establecido en 8.955 euros, a los que se sumaron otros conceptos asociados con la reserva de plaza, hasta alcanzar un reintegro equivalente a 10.666,52 dólares.

El legislador sostiene que la bonificación no se habría reflejado correctamente en el reconocimiento de los gastos.

A esa controversia se suma la secuencia de autorizaciones y firmas electrónicas. El diputado denunció que la orden de pago se habría emitido antes de que todos los integrantes del Comité Ejecutivo convalidaran formalmente la documentación.

La resolución de reintegro está fechada el 29 de enero y la transferencia se concretó el 4 de febrero. La presunta anomalía reside en el momento en que se incorporaron las firmas que respaldaron el procedimiento, no en la inexistencia de una autorización previa.

La administración que presenta a Mendoza como una isla de transparencia comienza a verse seriamente afectada por las inundaciones del Súper Niño. Empiezan a salir a la luz situaciones que desde hace tiempo se comentan en los pasillos del poder. Como dirían los adolescentes, alguien está dejando de farmear aura.

Los sacrificios son para unos, los beneficios para otros

Lo más irritante del episodio es el contraste entre el discurso gubernamental y la facilidad con la que parece haberse conseguido financiamiento para una capacitación de alto costo.

Mendoza lleva años escuchando explicaciones oficiales sobre las restricciones presupuestarias, la necesidad de administrar con austeridad y las dificultades para mejorar las remuneraciones de numerosos trabajadores estatales. Los problemas salariales de docentes, profesionales y empleados públicos ocupan buena parte de las discusiones presupuestarias. Sobre esa discusión fiscal, Mendoza Económico publicó Mendoza logró equilibrio fiscal, pero el crecimiento sigue ausente.

Frente a esa realidad, un reintegro destinado a una integrante del gabinete, sean pocos o muchos pesos, porque el monto no es lo que importa, constituye, como mínimo, una decisión políticamente difícil de defender.

No porque esté mal que los funcionarios estudien. Todo lo contrario. La complejidad de las políticas energéticas y ambientales exige una preparación técnica permanente.

Lo cuestionable es la aparente aplicación de dos criterios diferentes para administrar los recursos: uno restrictivo frente a las necesidades colectivas y otro considerablemente más generoso cuando se trata de la formación de quienes integran la conducción política.

Ilardo incorporó también una comparación con programas de posgrado ofrecidos por universidades públicas argentinas, cuyos costos serían sensiblemente inferiores. Todavía es necesario ajustar esa comparación según la duración, los contenidos y el alcance de cada programa, pero el planteo abre un interrogante razonable: ¿el Gobierno evaluó el costo de otras alternativas antes de autorizar el gasto?

Quien administra fondos públicos debe justificar no solo que un gasto tiene alguna utilidad, sino también que la decisión adoptada resulta razonable frente a otras opciones disponibles.

El problema político ya no es solamente Latorre

Hay una responsabilidad que la discusión pública no debería perder de vista. Jimena Latorre es ministra de Alfredo Cornejo, forma parte de su equipo de confianza y dirige una de las áreas estratégicas del Gobierno provincial.

Reducir el caso a una decisión individual sería una forma demasiado cómoda de cerrar la controversia.

Cornejo debe explicar qué controles existen sobre los fideicomisos provinciales, quiénes autorizaron el desembolso y qué criterios se aplican para financiar capacitaciones destinadas a funcionarios políticos.

Los fideicomisos son herramientas de administración que pueden cumplir funciones legítimas y necesarias. Pero su utilización exige mecanismos de transparencia especialmente rigurosos. Que funcionen fuera de los circuitos presupuestarios tradicionales no debería traducirse en menos información pública ni en mayor discrecionalidad política. Mendoza Económico abordó el papel de estos instrumentos y de Mendoza Fiduciaria en Financiamiento pyme: Mendoza busca acercar el mercado de capitales a las empresas.

La sospecha que instala este episodio no se limita a la autorización de un gasto discutible, por no decir indebido. Alcanza también a la posible existencia de un sistema de decisiones lo suficientemente flexible como para facilitar beneficios particulares sin una explicación pública previa y detallada.

Algunos legisladores consideran necesario investigar si otros funcionarios recibieron beneficios mediante mecanismos semejantes. Por ahora es una inquietud planteada en el terreno político, pero justifica que el Ejecutivo informe sobre todos los gastos en capacitaciones financiados con este fideicomiso.

Si la modalidad es habitual, como sugiere la defensa ministerial, corresponde publicar quiénes recibieron fondos, cuánto se desembolsó, mediante qué procedimientos y cuáles fueron los resultados.

Una ministra que debe dar explicaciones y un gobernador que no puede mirar para otro lado

El episodio llega en una semana particularmente incómoda para el oficialismo provincial. La salida de Humberto Mingorance de la presidencia de Aysam, después de una gestión marcada por cuestionamientos ambientales e investigaciones relacionadas con desbordes cloacales, sumó tensiones a la administración de Cornejo.

No se trata de equiparar situaciones de distinta naturaleza (aunque las sospechas sobre el patrimonio y la ineficiencia de Mingorance vienen de lejos), sino de advertir un problema común: el Gobierno está obligado a responder por la gestión de los organismos y recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad política.

En el caso de Latorre, todavía debe determinarse si hubo irregularidades administrativas, si los montos fueron correctamente calculados y si el financiamiento estaba expresamente habilitado por las normas que regulan el fideicomiso.

El diputado Ilardo anticipó una presentación ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, que deberá evaluar la documentación y determinar si corresponde alguna intervención formal.

Pero una eventual investigación no reemplaza las explicaciones del Ejecutivo.

La ministra debe exhibir las facturas, el detalle de los pagos, las resoluciones y las autorizaciones. El Gobierno debe publicar las normas específicas que respaldan el procedimiento. Y Cornejo debería explicar si considera apropiado que una integrante de su gabinete reciba un reintegro de semejante magnitud con recursos administrados por la provincia.

La legalidad de una decisión, aun cuando termine siendo acreditada, no resuelve automáticamente las cuestiones de ética y legitimidad política.