20/11/2026 - Edición Nº961

Economía

Presupuesto 2027

El superávit de la Nación deja una factura abierta en las provincias

20/11/2026 | El Presupuesto 2027 promete más coparticipación, pero las transferencias discrecionales caerían 83% real desde 2023. Mendoza enfrenta menos recaudación, obras pendientes y un nuevo conflicto por el financiamiento de sus proyectos.


por Redacción Mendoza Económico


El Presupuesto nacional 2027 plantea una paradoja para las provincias. El Gobierno de Javier Milei y Luis Caputo proyecta que recibirán más recursos por coparticipación, pero al mismo tiempo sostiene un recorte de las partidas que financian programas, obras y asistencia extraordinaria. La mejora de los ingresos depende de una recuperación económica todavía incierta. El ajuste, en cambio, ya tiene varios años de ejecución.

Un estudio del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, calcula que las transferencias no automáticas a las provincias caerían 83% en términos reales entre 2023 y 2027, si se aprueba y ejecuta el proyecto remitido al Congreso. Para el año próximo se contempla otra reducción del 6% real respecto de 2026. La contrapartida sería un aumento del 7,3% en los fondos automáticos, apoyado en previsiones de crecimiento y recaudación que contrastan con los últimos indicadores de actividad.

La discusión excede la disputa entre gobernadores y Casa Rosada. En Mendoza, donde la recaudación ya pierde terreno frente a la inflación, el problema se traduce en recursos para rutas, inversiones públicas, empleo de la construcción y capacidad de los municipios para sostener servicios. El interrogante no es solamente cuánto dinero se distribuirá, sino quién financiará las responsabilidades que la Nación deja de asumir.

Más coparticipación en el papel, pero con una condición

De acuerdo con el IERAL, el proyecto estima que las transferencias automáticas pasarán de $80,09 billones en 2026 a $104,03 billones en 2027. La variación sería del 7,3% real, una vez descontada la inflación prevista en las cuentas oficiales. La coparticipación federal, que representa aproximadamente el 90% del conjunto, crecería 7,1% en valores constantes.

Es importante distinguir entre un incremento nominal, una mejora real proyectada y dinero efectivamente disponible. Las cifras de 2027 no están aseguradas: dependen de que se cumplan las hipótesis presupuestarias de actividad, recaudación e inflación. Si los precios suben más de lo estimado o la economía crece menos, el poder de compra de los fondos transferidos puede ser inferior al previsto. Incluso con el escenario oficial, el IERAL calcula que las transferencias automáticas de 2027 continuarían 0,5% real por debajo de las de 2023.

El presupuesto parte de una economía que crecería 3% en 2026 y 4% en 2027. Sin embargo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre, publicado por el Banco Central, recortó a 0,7% la expansión esperada para 2026. Como analizó Mendoza Económico al comparar el REM con el Presupuesto, la distancia de 2,3 puntos porcentuales entre ambos pronósticos modifica las perspectivas de recaudación y obliga a mirar con cautela la recuperación prevista para el próximo año.

El problema adquiere mayor relevancia porque buena parte de la coparticipación se alimenta de impuestos estrechamente relacionados con la actividad. La mejora de Ganancias puede compensar transitoriamente el retroceso de otros tributos, pero no sustituye una expansión sostenida de la producción, los salarios y el consumo. En octubre, el CEPA estimó que las transferencias nacionales a las provincias aumentaron apenas 0,6% real interanual, con una mejora de 1% en la coparticipación y una caída de 7,4% en el IVA.

En otro cálculo, referido a la recaudación nacional de octubre, el IARAF estimó un retroceso real del IVA del 8,2%. Son mediciones de fuentes y universos diferentes, pero convergen en un diagnóstico de fragilidad tributaria. Mendoza Económico ya había advertido sobre la pérdida de poder adquisitivo de la recaudación y el deterioro del consumo.

La obra pública y las provincias otra vez variable de ajuste en el presupuesto de Javier Milei
La obra pública y las provincias otra vez variable de ajuste en el presupuesto de Javier Milei

El recorte de fondos discrecionales es una decisión, no un pronóstico

Mientras el aumento de la coparticipación depende de la evolución de la economía, la reducción de transferencias no automáticas responde a una orientación deliberada de política fiscal. Esas partidas incluyen programas específicos, aportes extraordinarios, financiamiento para infraestructura y otros recursos cuya asignación depende, en distintas medidas, de decisiones nacionales.

Según las estimaciones del IERAL, la caída de estas transferencias equivale a aproximadamente el 14% de la reducción del gasto primario nacional proyectada entre 2023 y 2027. A su vez, explica en términos contables cerca del 40% del ajuste del gasto primario del conjunto de las provincias durante el mismo período. La magnitud muestra que una parte importante del ahorro de la Nación tuvo como contracara una restricción de recursos en las administraciones provinciales.

Entre los programas eliminados figura el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Las transferencias para obras resultan todavía más afectadas: las partidas no automáticas de capital representarían apenas 0,01% del Producto Interno Bruto en 2027. Sumadas a las corrientes, todas las transferencias discrecionales alcanzarían solo 0,18% del PIB.

El IERAL señala que eliminar superposiciones entre niveles de gobierno puede contribuir a ordenar el federalismo fiscal. Pero esa reorganización requiere algo que no se resuelve con un recorte contable: establecer qué jurisdicción queda a cargo de cada obra o servicio y con qué recursos podrá sostenerlo. Sin un acuerdo de responsabilidades y financiamiento, la descentralización puede convertirse en una transferencia de costos.

Desde el punto de vista de la actividad económica, también existe un efecto multiplicador que conviene considerar. La obra pública moviliza demanda de materiales, contratación de empresas, servicios profesionales, transporte y empleo. Cuando Nación y provincias restringen inversiones al mismo tiempo, el impacto sobre la economía regional puede ser mayor que el ahorro presupuestario considerado de manera aislada, sobre todo si la inversión privada no logra cubrir la diferencia.

ATN: se recaudarían $1,59 billones, pero se distribuiría menos de una quinta parte

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) condensan la controversia. El fondo se constituye con el 1% de la masa coparticipable y está destinado a asistir a jurisdicciones que atraviesan emergencias o desequilibrios financieros. No se distribuye por el mecanismo automático de coparticipación, pero su finalidad es atender necesidades provinciales.

El informe calcula que en 2027 ingresarán al fondo aproximadamente $1,59 billones. El proyecto, sin embargo, contempla transferencias por $301.000 millones, equivalentes al 18,6% de los recursos estimados. De cumplirse esa previsión, más del 80% no tendría ejecución como asistencia a las provincias durante el ejercicio y quedaría a disposición de la administración nacional, según la descripción del IERAL.

No sería un fenómeno nuevo. Entre enero y octubre de 2026 se devengó solamente el 19,3% del dinero ingresado al fondo y se asignaron ATN a 15 provincias. La baja ejecución no nació con esta administración, pero adquiere otra dimensión cuando coincide con la disminución de otras partidas nacionales y con las dificultades de recaudación de las jurisdicciones.

Rutas y combustibles: el ajuste también se paga en costos logísticos

El proyecto prevé que las transferencias provinciales originadas en el impuesto a los combustibles aumenten 48,3% real el año próximo. Es una de las variaciones más pronunciadas de todo el esquema automático. Para concretarla, advierte el IERAL, será necesario actualizar los montos fijos del impuesto. Si el Gobierno vuelve a postergar esos ajustes para moderar las subas de la nafta y el gasoil, también crecerá menos la recaudación destinada a las provincias.

Actualmente, 25,47% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene asignación automática provincial para destinos específicos. Otra porción nutre instrumentos administrados desde la Nación. La tensión no reside solamente en la distribución legal, sino también en cuánto se termina ejecutando: durante el primer semestre de 2026, el fideicomiso de infraestructura de transporte aplicó 70% de los fondos ingresados, y el de infraestructura hídrica, 56%.

Para Mendoza, este debate tiene consecuencias directas. El deterioro de los corredores nacionales repercute sobre el comercio con Chile, la vitivinicultura, la agroindustria y el movimiento de cargas. Los transportistas pagan el costo de la infraestructura deficiente mediante mayores tiempos de viaje, mantenimiento de vehículos y riesgos operativos. La parálisis y descentralización de la obra pública nacional en Mendoza ya había puesto en evidencia la distancia entre las necesidades productivas de la provincia y la ejecución de proyectos estratégicos.

La concesión de tramos viales y el cobro de peajes pueden modificar el esquema de mantenimiento, pero no eliminan la necesidad de precisar responsabilidades y garantizar inversiones. Tampoco todos los caminos con relevancia económica presentan las mismas posibilidades de financiarse mediante tarifas a los usuarios.

Mendoza: presupuestos de obras que no deben confundirse

El proyecto nacional de Presupuesto 2027 contiene al menos $25.845 millones para intervenciones viales en Mendoza, con la doble vía de la Ruta Nacional 40 hacia San Juan como uno de los compromisos más relevantes. El problema es que varias obras ya estuvieron incorporadas en ejercicios anteriores sin alcanzar la ejecución esperada. Una partida prevista no equivale a una obra iniciada ni a un desembolso asegurado.

En paralelo, el proyecto de Presupuesto 2027 de Mendoza contempla un plan de infraestructura por $799.000 millones, de los cuales $433.062 millones corresponden a intervenciones viales, según la presentación provincial. Se trata de presupuestos y fuentes de financiamiento distintos. No corresponde sumarlos como si fueran un único paquete de fondos disponibles: hay proyectos con recursos identificados, otros sujetos a financiamiento y responsabilidades distribuidas entre Nación y Provincia.

La presión sobre el sector constructor es visible. En un reciente balance, la delegación provincial de CAMARCO advirtió que la actividad no consigue reactivarse de manera generalizada y que faltan nuevas licitaciones. La cámara también señaló la existencia de empresas que conservan trabajo por contratos en marcha mientras otras tienen una cartera insuficiente. El diagnóstico, recogido por Mendoza Económico en su informe sobre la construcción provincial y las perspectivas para 2027, vuelve especialmente sensible cualquier demora en la inversión pública.

El punto de partida de las cuentas de Mendoza tampoco ofrece una holgura ilimitada. El Ministerio de Hacienda informó que entre enero y septiembre de 2026 los ingresos totales de origen nacional y provincial cayeron 1,2% real interanual. Dentro de ese resultado, los recursos de origen nacional retrocedieron 0,4% real, mientras los propios disminuyeron 2,4%. La provincia registró así una pérdida de capacidad de compra de sus ingresos, tal como relevó Mendoza Económico al analizar la recaudación provincial.

La consecuencia es una restricción de opciones. Si la coparticipación crece menos de lo prometido y el financiamiento nacional para obras continúa en niveles mínimos, la Provincia deberá priorizar proyectos, reprogramar inversiones o buscar financiamiento adicional. La última alternativa exige evaluar costos, plazos y sostenibilidad de la deuda, aun cuando Mendoza haya reducido su endeudamiento en los últimos años. Los municipios también pueden sentir el efecto a través de la distribución provincial de recursos.

Superávit nacional y déficit provincial: la cuenta incompleta del federalismo

El IERAL calcula que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrían cerrar 2027 con un déficit financiero conjunto de $0,53 billones, equivalente al 0,04% del PIB, frente al 0,3% del PIB que se estima para 2026. Pero el instituto considera optimista esa mejora porque depende de la recaudación proyectada y de una contención del gasto difícil de sostener durante un año electoral.

El dilema excede la conveniencia de tener cuentas públicas ordenadas. El equilibrio fiscal de la Nación no garantiza, por sí mismo, que el conjunto del Estado disponga de los recursos necesarios para sostener infraestructura, educación, servicios y desarrollo regional. Una parte del gasto puede desaparecer de una jurisdicción sin que desaparezca la necesidad que lo justificaba.

Para Mendoza, la discusión sobre el Presupuesto 2027 debería medirse menos por los porcentajes de aumento anunciados y más por tres resultados concretos: cuántos recursos llegan efectivamente, qué obras comienzan o continúan y qué impacto tienen esas decisiones sobre empleo y producción. De lo contrario, el superávit nacional corre el riesgo de convivir con provincias obligadas a administrar, con menos recursos, una factura que no eligieron.